barcelona/madrid - Los Mossos d’Esquadra se encuentran entre la espada y la pared. La Fiscalía ordenó ayer con claridad a los agentes catalanes que impidan la celebración del referéndum de independencia, una obligación que no se limitaría a levantar acta y redactar atestados sobre lo que suceda en los próximos días y en la jornada de votación del 1 de octubre, sino que el Cuerpo, al igual que la Guardia Civil y la Policía española, deberá intervenir de forma directa requisando la propaganda electoral e incautándose de las urnas y de todo el material que tenga relación con la votación independentista. La Fiscalía Superior de Catalunya comunicó ayer su exigencia a los tres cuerpos policiales en una reunión mantenida en Barcelona, y su planteamiento vuelve a colocar a los agentes catalanes en el ojo del huracán y como principales paganos de una crisis territorial a la que Mariano Rajoy no termina de ofrecer una respuesta política. La orden la recibió ayer personalmente el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El Govern de Carles Puigdemont espera que los Mossos se plieguen a la nueva legalidad catalana y permitan que la votación se desarrolle con normalidad. Ayer mismo respondió al anuncio de la Fiscalía asegurando que los agentes catalanes tienen problemas más acuciantes que atender y que sus esfuerzos se centrarán en prevenir nuevos atentados yihadistas. El Govern ya acometió una remodelación de alcalce en el departamento de Interior el pasado mes de julio con el objetivo de garantizar la fidelidad de todos al referéndum de independencia. Primero se produjo la salida del conseller Jané y la entrada de Joaquim Forn; después llegaría la dimisión del director general de los Mossos, Albert Batlle, y su sustitución por Pere Soler, un independentista declarado.
En cualquier caso, la clave ahora la tendrá el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a quien se le supone cierta sintonía política con Puigdemont. El president fue quien recuperó la figura institucional del major tras varios años vacante, y ascendió a Trapero a ese puesto. Ayer mismo, el Govern expresó su “confianza absoluta” en Trapero, aunque es una incógnita qué sucederá en un Cuerpo heterogéneo donde entran en juego situaciones personales y donde la amenaza del Estado puede poner en riesgo el futuro profesional de los agentes que desobedezcan.
La Fiscalía Superior de Catalunya comunicó su orden en una reunión mantenida ayer con el propio Trapero; el general jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Ángel Gonzalo; y el jefe superior de la Policía Nacional en el territorio, Sebastián Trapote. El encuentro duró media hora. “Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, rezaba la instrucción de la Fiscalía. Quiere que los tres cuerpos impidan el referéndum interviniendo las urnas, los sobres electorales, los manuales de instrucciones, la propaganda electoral y cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del 1-O. Cuando tengan conocimiento de cualquier preparativo, los agentes deberán “elaborar de forma urgente el informe y atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes”. Si fuese necesario, deberán intervenir el material del referéndum. La Fiscalía perseguirá a los cargos del Govern que faciliten el referéndum por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito que implica penas de cárcel. En su instrucción, pide expresamente a los Mossos que cooperen para evitar el referéndum y no sigan órdenes contrarias a la Constitución. Hasta ahora, ha sido la Guardia Civil quien ha realizado todas las actuaciones dirigidas a impedir el referéndum. Suyos han sido los interrogatorios a cargos del Govern y los registros en una imprenta y un semanario local. El Govern sostiene que la lealtad de los Mossos al referéndum está garantizada y se mantendrá hasta el final. Madrid podría actuar y tomar el control de los Mossos por las bravas mediante la suspensión de la autonomía o en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aunque esas vías extremas han ido perdiendo peso en el discurso del Gobierno español. En cualquier caso, la situación dentro del Cuerpo es de absoluta incertidumbre.
choque El portavoz del Govern, Jordi Turull, mostró ayer su “confianza absoluta” en Trapero, y apostó por centrar esfuerzos en la lucha contra el yihadismo. “La prioridad del Govern es intentar prevenir atentados terroristas y actuar en medidas de refuerzo en puntos sensibles”, dijo, para lanzar después un dardo a la Guardia Civil: “Hemos visto efectivos que no se dedican a estas cosas, sino a otras que no son tan edificantes”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por el contrario, se mostró “convencido” de que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía “van a cumplir las órdenes que den los jueces y fiscales en su condición de policía judicial”. “No me cabe la menor duda”, zanjó.
