En el particular tira y afloja que mantienen en los últimos días el Gobierno español y la Generalitat ante los preparativos del 1-O, ayer fue el Ejecutivo de Rajoy el que advirtió a los responsables del Govern de que se enfrentan a responsabilidades penales si persisten en la organización del referéndum. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, avisó en concreto al president Puigdemont de que “no se saldrá con la suya” si decide desobedecer el dictamen del Tribunal Constitucional en caso de ser inhabilitado. “La inhabilitación es una medida que se toma, se comunica y se requiere su cumplimiento; no se trata de una apreciación personal”, explicó Zoido. En la misma línea, el titular de Interior aseguró que la respuesta de su Ejecutivo ante cualquier tipo de desobediencia “será firme y manteniendo la prudencia”.

Carles Puigdemont manifestó esta semana su intención de hacer caso omiso al Constitucional en el caso de ser inhabilitado, lo que a juicio de Juan Ignacio Zoido es una “ocurrencia” de quien “ha perdido el norte”. “Estamos hablando de hipótesis, pero si él está inhabilitado y sigue realizando actos para los cuales está inhabilitado, está infringiendo la ley penal, y tendrá la consecuencia que lleva aparejada”, argumentó el dirigente popular. Asimismo, Zoido amagó con llevar a los tribunales al presidente de la Generalitat: “Si hay que hacer un requerimiento, se hace donde haya que hacerlo, donde lo decida la autoridad judicial”, expresó, antes de reiterar que “no se puede consentir que se vulnere la ley y no pase nada”.

En este escenario, el ministro de Interior cree que el procés no fructificará y está abocado al fracaso. “Al final de su camino no van a tener nada salvo la frustración de algunos y el desencanto de tanta gente que ha visto el tiempo que se ha perdido y las discusiones que se han formado incluso dentro de familias”. Zoido cree que incluso dentro de las instituciones catalanas se imponen las voces discordantes con el referéndum. “No pueden tener más informes en contra de los órganos constitucionales y también de sus propios órganos consultivos”, señaló, aludiendo a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y del letrado mayor del Parlament desaconsejando la celebración unilateral de la consulta. “Todo el mundo les está diciendo que no al referéndum”, concluyó.

Así, la estrategia del PP sigue siendo recurrir todas las decisiones del Parlament ante el Constitucional. Hoy mismo presentará en este tribunal la apelación contra la reforma del reglamento que la Cámara catalana aprobó la pasada semana, y que permitiría aprobar en tiempo exprés las llamadas leyes de desconexión. Será la vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy, la encargada de interponer el recurso en la sede del TC.

vacaciones bajo sospecha Por su parte, en el seno del PDeCAT sospechan que el Gobierno español está organizando las vacaciones de los fiscales y de los magistrados del Constitucional para garantizar que puedan estar activos durante este verano, en previsión de que tengan que tramitar los recursos que pueda presentar el Gobierno para frenar los preparativos de la convocatoria del referéndum de octubre. Por ello, el diputado Jordi Xuclà ha registrado una pregunta sobre el asunto en el Congreso: “¿Está marcando el Gobierno los tiempos de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional?”.

El diputado cree que si Moncloa ha dado instrucciones para que los jueces puedan actuar en agosto si el Gobierno lo considera necesario, se estaría vulnerando la separación de poderes. Las sospechas del PDeCAT surgen ante informaciones que apuntan a que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría habría pedido a miembros de la Fiscalía y del TC que estuvieran localizables y con facilidades para trasladarse a Madrid durante el verano.