El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró ayer que plantarán cara a los últimos movimientos del Gobierno español para torpedear el referéndum del 1-O. El segundo de abordo del Ejecutivo catalán avanzó que presentará un doble recurso judicial, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, contra “la amenaza” de Moncloa de realizar nuevos controles y cortar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Asimismo, adelantó que preservarán la labor de sus interventores y funcionarios al no cumplir con la orden estatal de entregar al ministerio de Hacienda la lista de trabajadores públicos con acceso a las cuentas de la Generalitat.

Trasladar el recorte del FLA a la Justicia española sería un paso previo a elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Luxemburgo, si bien Junqueras dejó entreabierta la puerta a acudir a las más altas instancias comunitarias ya que prefiere “agotar las vías jurídicas dentro del Estado en el que de momento estamos”. El control que Madrid ejercerá sobre los gastos de la Generalitat fue nuevamente criticado por el vicepresidente, que cuestionó que algún euro del fondo estatal para que las administraciones autonómicas saneen sus cuentas públicas pueda llegar a sufragar la maquinaria del plebiscito. “Es evidente que no haremos un referéndum utilizando los recursos del FLA”, aseveró. Además quitó hierro al imperativo de entregar semana a semana un extracto de gastos. “Si quieren se la enviamos cada día, cada semana y cada mes. Lo hacemos todo público sin excepción. Ningún inconveniente”, puntualizó.

Otra de las cuestiones que ha tensado la cuerda entre el Govern de Catalunya y el Gobierno español está siendo el papel que están adquiriendo y adquirirán los funcionarios en los trámites de la consulta unilateral prevista para el primer día de octubre. Y el Govern tampoco cederá al mandato de Madrid, ya que no entregará a Cristóbal Montoro la lista de interventores y trabajadores públicos que afectan a 183 entidades vinculadas a la administración catalana. Junqueras se reafirmó en que la responsabilidad de trasladar la información que Madrid requiera recaerá exclusivamente en los consellers. Luego esa información se enviará al departamento de Vicepresidencia, que será el encargado de unificarla y dársela a la interventora general de la Generalitat para que la transmita al Ministerio de Hacienda.

defensa jurídica La defensa de los trabajadores públicos y los cargos de la Generalitat no quedará ahí, ya que el Govern se reafirmó ayer en que pondrá en marcha un servicio de defensa jurídica en caso de que sean objeto de querellas o procedimientos judiciales por cumplir los mandatos de sus superiores o trabajar en el ejercicio legítimo de sus funciones. Los casos de corrupción están exentos. - DNA