madrid - Mariano Rajoy se convertirá mañana en el primer presidente del Gobierno español que testificará ante un juez de la Audiencia Nacional para declarar sobre un caso de corrupción. El también líder del PP lleva varios días preparando su testifical sobre el primer periodo del caso Gürtel y durante el interrogatorio no se espera su versión más elocuente y expresiva. De hecho, desde su partido ya avanzaron ayer que tiene “poco que aportar” en la causa que se enjuicia y que se aferrará a la función que los miembros de la cúpula del partido tenían en los años sometidos a investigación, lo que augura un Rajoy en modo evasivo. También alegará que cuando accedió a la presidencia de la formación popular sucediendo en el cargo a José María Aznar ya “se dejó de trabajar” con Francisco Correa, el principal acusado de la trama.

Rajoy declarará como testigo por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) en relación a la contratación de servicios de organización de eventos y adjudicaciones públicas a las empresas de Correa por parte del PP. Será la primera vez en la democracia española que un presidente del Gobierno en ejercicio se sienta en un tribunal de la Audiencia Nacional. En su día, Felipe González y Adolfo Suárez declararon ante el Tribunal Supremo por los GAL y por el caso Banesto, respectivamente, pero ya habían abandonado La Moncloa. Para el Partido Popular no se trata de un hecho “excepcional” porque también lo han hecho otros presidentes europeos como el británico David Cameron, el francés Lionel Jospin, el polaco Donald Tusk, la chilena Michelle Bachelet o el también francés Dominique de Villepin.

La cita será a las 9.30 de la mañana en el juzgado de San Fernando (Madrid) y la expectación mediática es máxima para seguir in situ una intervención histórica. Rajoy declarará como testigo, no como imputado, y lo hará no como presidente del Gobierno sino como vicesecretario general y secretario general del partido, cargo que ostentó hasta 2004.

Al declarar como testigo está obligado a decir la verdad a la hora de responder a las preguntas de las partes y especialmente del abogado Benítez de Lugo, de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso desde los inicios. Si no lo hace, además de las consecuencias políticas de un perjurio presidencial, se expondría a pasar a ser un imputado más de la trama.

El presidente español no se dejó ver ayer y prepara a conciencia su intervención en el juzgado, aunque desde el partido lo niegan. Ni siquiera participó en la reunión semanal de los lunes que, ante su ausencia, ayer estuvo presidida por la secretaria general María Dolores de Cospedal. En Génova la consigna es trasmitir tranquilidad y una imagen de “normalidad” ante la declaración judicial de su jefe supremo, pero la ansiedad es máxima por el deterioro de imagen que conlleva que el presidente español pise la sala de la Audiencia Nacional aunque solo sea como testigo.

Además, llueve sobre mojado después de que hace unas semanas cuatro exministros de Aznar tuvieran también que peregrinar al juzgado para aclarar su relación con los tejemanejes irregulares de la Gürtel.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró ayer que Rajoy, está “tranquilo” y afronta con “absoluta normalidad” su declaración ante la Audiencia Nacional. Según señaló a la salida de la reunión semanal de la dirección del partido, la línea argumental que desarrollará estará basada en un desglose de la labor que cada dirigente del partido tenía entonces en función de lo que marcan los estatutos de la formación.

¿trato de favor? Además, recalcó que en 2004 “se dejó de trabajar” con las empresas de Francisco Correa una vez que Rajoy fue elegido presidente del PP, con lo que se atribuirá el mérito de haberse desprendido del cabecilla de la trama. “En al año 2003, Rajoy no era líder de campaña ni tenía funciones de dirección ni económicas en el partido. Simplemente será un recordatorio de lo que uno hizo y qué paso en 2003”. Aunque el presidente español deberá pulir el argumento, porque su partido continuó su vinculación con la red Gürtel al menos hasta 2008, tal y como sostiene la Fiscalía.

Martínez-Maillo -que reconoció que no está aún decidido si alguien del partido acompañará a Rajoy a la Audiencia Nacional- quiso quitar hierro a la cita y lo limitó a una testifical que hay que enmarcar dentro de la “normalidad” en la que el presidente español “poco puede aportar porque no tenía responsabilidades” en los hechos concretos que se están enjuiciando. En esta línea, recordó que los jueces “se dividieron” a la hora de aceptar su citación -había sido rechazada ya anteriormente- y hubo un voto particular por parte del presidente del tribunal, Ángel Luis Hurtado, en el que apoyaba que la declaración fuera por videoconferencia.

No solo entre los jueces, también quiso poner cuña en la acusación a la que trató de descalificar. Maillo destacó que la citación de Rajoy ha sido solicitada por Adade, que “todo el mundo sabe que es el PSOE” y trabaja al “dictado” de esa formación política. A su entender, los ciudadanos tienen que saber que cuando pregunte el abogado de esa asociación está preguntando el Partido Socialista.

Rajoy no consiguió entonces evitar su entrada en la Audiencia Nacional y hacerlo vía plasma, pero sí tendrá el privilegio de declarar desde el estrado, a la misma altura que los letrados de la defensa, y no frente al tribunal como suele hacerlo el resto de los testigos e imputados.

En cualquier caso no tendrán más remedio que explicar (o esquivar) su vinculación orgánica con Correa y sus empresas durante el periodo en que fue vicesecretario general y posteriormente secretario general del PP. De este modo, tendrá que explicar qué ocurrió con los millones de euros que declaró Correa que entregó al entonces tesorero Luis Bárcenas en concepto de comisiones de contratos. Tendrá, además, que hacer un ejercicio de memoria visual para recordar si veía en la sede de Génova al cabecilla de la trama que llegó a decir que pasaba más tiempo allí que en su propio despacho.

En consecuencia también tendrá que responder preguntas que se enmarcan en su mandato como presidente del PP relativas a la financiación irregular del partido a través de una caja B que la formación y los dirigentes pasados y presentes insisten en negar pero que Bárcenas mantiene como línea argumental de su defensa.