Vuelve un clásico: ruptura o pacto. Entre estas dos opciones se ha venido moviendo la oferta política a la ciudadanía en el ámbito abertzale. Y en las últimas semanas, al calor de dos acontecimientos, se ha vuelto a ver cada vez de forma más nítida cuáles son las opciones. El primero de los hechos que han reavivado esta cuestión es el pacto suscrito por PNV y PP en el Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy. El segundo, los vientos que llegan desde Catalunya y que han arreciado con la convocatoria de un referéndum de independencia para el 1 de octubre.
No me parece necesario insistir en la legitimidad que asiste al secretario general de ELA, Txiki Muñoz, recientemente reelegido para hablar de política. No es ese el debate, porque de la misma manera que él critica, también es criticado. Alrededor del sindicalismo abertzale que se articula en el eje ELA-LAB se está alimentando la idea, netamente expresada por el propio Muñoz, de que es necesario trasladar esa mayoría en el campo social del sindicalismo al político. Y que es EH Bildu la que debe liderar ese bloque porque el PNV “pacta políticas neoliberales que debilitan el soberanismo”.
La operación cuenta con un problema que no es menor y que, atendiendo al principio de realidad política, la convierte, al menos de momento, en inviable: no hay una mayoría suficiente. Si se trata de emular el proceso catalán, habrá que convenir en que las mayorías políticas aquí son distintas y que esa etapa que ahora recorre el soberanismo catalán ya tuvo su precendente en Euskadi bajo el liderazgo del lehendakari Ibarretxe. Él mismo lo recordó en el Kursaal en la conferencia que impartió junto a Artur Mas. En su favor, pongamos en la balanza que la violencia de ETA que condicionaba este debate político ahora ya no existe y que, por lo tanto, se abren nuevas posibilidades aún no del todo exploradas.
Quienes proponen frente a la ruptura la opción del pacto cuentan con la ventaja de poder mostrar los beneficios diarios de esa línea de actuación. El PNV al pactar con el PP logra que el Gobierno español pacte con el vasco y vaya accediendo a reivindicaciones que, además de legítimas, son beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. También para los que prefieren la ruptura. Es cierto que el modelo negociador aleja el cumplimiento automático de la ley, en este caso del Estatuto, sometido a los vaivenes de la política española y a las eventuales necesidades de apoyos parlamentarios del Gobierno de turno. Así ha sido con el PSOE y así está siendo con el PP.
Se llama realpolitik y supone aprovechar circunstancias concretas para obtener beneficios legítimos. Ahora vamos con el capítulo de trenes, prisiones y Seguridad Social como antes anduvimos en la liquidación del Cupo y las inversiones en infraestructuras. Eso sí, a cambio de los pactos se paga el precio político de la crítica más purista ejercida desde la oposición.
Ambas ofertas, pacto y ruptura, son legítimas. Pero son caminos distintos y es la ciudadanía la que avala con sus votos las estrategias. De momento, ya sabemos cuál va ganando.
