madrid - La última opción para evitar el choque de trenes y para encontrar una solución dialogada al proceso catalán saltó ayer por los aires. El presidente español, Mariano Rajoy, dio un portazo por carta a la última oferta de diálogo del mandatario catalán, Carles Puigdemont, y le aseguró que no puede acceder al referéndum de independencia que propone. Como mucho, cree que debería seguir los cauces legales y presentarlo en el Congreso de los Diputados, algo que ya rechazó el president porque le parece una encerrona para sepultar su propuesta con la mayoría constitucionalista. El siguiente en mover ficha será previsiblemente el Govern fijando de manera unilateral la fecha y la pregunta de la consulta. Se especula con el 1 de octubre, aunque Puigdemont apostó ayer por mantener la mano tendida hasta el final y no dio ninguna pista tras recibir la negativa de Madrid a su última oferta, algo que, en teoría, acelera el procés. Sin embargo, el Gobierno español adelantó que hará “todo lo que tenga que hacer” para evitar que esa consulta se produzca. El aviso fue contundente y, para más inri, llegó por boca de María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa encargada de las Fuerzas Armadas. Esta confrontación abre un escenario sin precedentes en el Estado y de imprevisibles consecuencias. Madrid certificó que no va a sacar de la chistera ninguna solución política, y que optará por la mano dura.
Durante todo este tiempo ha sobrevolado la idea de que el Estado podría permitir el referéndum. La imagen de la Policía incautándose de unas urnas el día de la votación podría cargar de razones al soberanismo ante las instancias internacionales, y quizás sería preferible evitar esa fotografía y actuar a posteriori, con una denuncia por desobediencia contra quienes hubieran participado en los preparativos. Sería un esquema idéntico al seguido en la consulta del 9 de noviembre de 2014, que no se impidió pero que sí desembocó después en penas de inhabilitación, como la que afecta al expresident Mas. Ahora, no obstante, el Estado se encuentra ante una consulta vinculante que va a desencadenar la independencia unilateral si esa opción gana. Cospedal avisó de que, en esta ocasión, no va a suceder lo mismo que el 9 de noviembre, y se va a evitar el mismísimo acto de la colocación de las urnas. Quiso demostrar que no va de farol repitiendo varias veces que el Estado hará “lo que tenga que hacer”. “Se lo digo con toda claridad”, avisó en la cadena Cope.
Cospedal dijo que el Estado “tiene todos los instrumentos a su alcance” y “los tendrá que utilizar para impedir que se pueda realizar el referéndum” porque es un “puro asalto al modelo constitucional y a las leyes”. “Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera, porque ya se está comprobando que aquéllos que colaboran en esa actuación van a tener consecuencias y responsabilidades penales”, avisó.
los mecanismos A partir de ahí, no quiso destapar sus cartas. Por el momento, ya han trascendido unas primeras actuaciones encaminadas a estrangular económica y logísticamente la consulta. El Tribunal Constitucional ha congelado las partidas presupuestarias del referéndum, y la Fiscalía se ha querellado contra responsables del departamento de Governació por la licitación del concurso de las 8.000 urnas. La querella se dirige contra la consellera Meritxell Borràs y el secretario general Francesc Esteve. También hay investigaciones abiertas para pedir información a las empresas que trabajan en las estructuras del eventual Estado catalán, como la Hacienda y la Seguridad Social.
Para detener la consulta se baraja aplicar el artículo 155 de la Constitución española con el objetivo de suspender la autonomía. El PP tiene plenos poderes porque le basta su mayoría absoluta en el Senado para actuar. Todo apunta a una toma de control temporal y concreta de los departamentos de Enseñanza (para precintar los colegios electorales) y de Interior (para asumir el mando de los Mossos d’Esquadra y que detengan a quienes vayan a abrir los colegios y se incauten de las urnas). Esta posibilidad ya estuvo sobre la mesa en la anterior legislatura y hay informes sobre ello, según reveló el exministro Margallo. Es una opción real y está sobradamente estudiada.
Rajoy fue preguntado ayer sobre la aplicación del artículo 155 y no quiso “adelantar acontecimientos”, aunque todo apunta a que es la opción predilecta de su gobierno. Cree que es la vía más proporcional, y se descartan otras como la muy extrema aplicación del artículo 8, que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir para preservar la integridad territorial. No obstante, desde la antigua Convergència no descartan nada y se preguntan si no querrá decir algo que los mensajes más duros los esté lanzando la ministra de Defensa, a quien han pedido que comparezca en el Congreso. Rajoy avisó ayer de que “nadie va a liquidar” la soberanía nacional. “Mal presidente sería yo si permitiera eso. Y tenga la total y absoluta certeza de que no lo voy a permitir”, dijo en Bruselas.
Desde la CUP presionaron al Govern en la dirección opuesta. Pidieron por carta a Puigdemont que concrete “de forma inmediata” la fecha y la pregunta del referéndum, que quieren que tenga lugar en septiembre. Puigdemont, por su parte, dijo en respuesta a Rajoy que “sin diálogo y sin pacto no se puede llegar a soluciones que vayan en interés de la gente”.
Rajoy. Dice en su carta que le es imposible participar en lo que propone, y que también es imposible que el Govern “plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”. Además, cree que su oferta de diálogo no es tal cuando se acompaña de la “amenaza” de declarar la independencia unilateral si no se atienden sus demandas. Le vuelve a remitir al Congreso y pone como límite de los acuerdos la soberanía española.
CUP. Los diputados de la CUP en el Parlament hicieron pública ayer una carta abierta al president donde le piden que fije ya el referéndum tras el veto de Rajoy. “Es la hora, presidente, de que no esperemos ni un minuto más, que convoque el referéndum y despliegue todo lo que sea necesario para garantizarlo”, zanjan.
Respuesta. Puigdemont criticó la respuesta de Rajoy, pero no adelantó ayer ninguna clave del referéndum.
