El PNV logra 1.400 millones”. Este titular, extraido de un medio de comunicación estatal tras sellar Euskadi y el Estado el acuerdo para la liquidación del Cupo de la última década, deja bien claro que, al margen de la intencionalidad editorial que cada cual quiera imprimir a sus informaciones, el del régimen fiscal vasco es un asunto difícil de abordar sin caer en la simplificación, y con ella en el error. Sin embargo, cabe explicar de forma sintética un sistema de financiación que siendo farragoso en sus detalles contables, no lo es tanto en su esencia.
Los tres territorios vascos recaudan sus propios impuestos en virtud de los derechos forales recogidos en el Concierto Económico, que salvaguarda la Constitución Española en su Disposición Adicional Primera. Parte de ese dinero -la mayor parte- se transfiere al Gobierno Vasco para que pueda ejercer las competencias transferidas a Euskadi y recogidas en el Estatuto de Gernika, también blindado por la Carta Magna. En las demás comunidades, salvo Navarra, son los impuestos de todos los españoles los que se transfieren desde Madrid para financiar a las autonomías.
Sin embargo, hay materias, como la defensa, los puertos o los aeropuertos, cuya potestad en Euskadi mantiene el Estado, y además a la comunidad vasca le toca participar de la solidaridad interterritorial -sí, lo hace- o contribuir a los gastos que genera la Corona. Dado que los impuestos de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos se gastan exclusivamente en Euskadi, todos los años España le pasa a la CAV una factura para satisfacer dichos gastos que no absorbe vía tributos.
Por otro lado, el cálculo del Cupo se hace independientemente de lo que hayan recaudado las diputaciones cada año, y por ello se entiende que es un sistema de riesgo unilateral. Si los tres territorios recaudan mucho y bien, salen ganando con un Cupo calculado según los baremos económicos del Estado. Si las cosas van mal en las haciendas vascas, hay que ir llorado a la comisión bilateral, como diría Esperanza Aguirre.
Eso es el Cupo. Por lo tanto, ni el PNV ha logrado 1.400 millones, ni el PP se los ha regalado. Han sido los gobiernos vasco y español, y en concreto sus técnicos financieros, quienes se han sentado a calcular a cuánto asciende la factura de los últimos años y a liquidar la diferencia con lo realmente abonado. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el desencuentro con el nacionalismo impidieron hasta ahora tratar en la comision bilateral la renovación de las reglas del juego para adaptarlas a la coyuntura de cada momento, y de ahí el abultado desajuste que estos días recogen los medios de comunicación. Esas reglas se recogen en una Ley Quinquenal que como su propio nombre indica se actualiza, o se debería actualizar, cada cinco años.
En dicha comisión bilateral se fijan los criteros para calcular cuánto le cuesta al Estado expedirle el DNI a los vascos, vigilar la muga con Francia o mantener en funcionamiento Foronda, Loiu y Hondarribia; o Santurtzi y Pasaia. También se cuantifica en este foro -en el que además de los gobiernos español y vasco están representadas las diputaciones- la cantidad que debe aportar Euskadi en razón de su renta para apoyar a las comunidades autónomas menos favorecidas.
Ahora Euskadi y el Estado han coincidido, tras muchos meses contraponiendo sus respectivos cálculos, en que la CAV pagó durante los últimos años 1.248 millones más de los que le tocaba abonar, a los que se les han sumado otros 152 millones de las políticas activas de empleo, que sí gestiona la CAV, lo que deja la redonda cifra de 1.400 millones de euros. Y como muestra del carácter de herramienta financiera entre dos administraciones que es el Cupo, se ha decidido que en lugar de anotar un ingreso o varios en la cuenta corriente de Lakua se irá descontando progresivamente dicha cantidad de las facturas que Euskadi pagará en los próximos cinco años a la Administración central.
la nueva ley quinquenal Queda además otro nudo que deshacer, fundamental para no tropezar de nuevo con la misma piedra dentro de unos años. Hay que renovar la Ley Quinquenal, un propósito que se antojaba imposible hasta hace algo más de un año y que ahora se liquidará en unos pocos meses, gracias al posibilismo y la buena voluntad que siempre traen consigo los gobiernos en minoría. En julio se reunirá la comisión bilateral y según el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, para fin de año el Congreso de los Diputados habrá dado el visto bueno al nuevo manual de instrucciones del Cupo. Esa será la base para las futuras negociaciones anuales, ya sin los desfases que se han producido desde que en 2011 caducó la anterior normativa. El año que se tomará como referencia para redactar dicha ley será éste, el 2017, en el que se ha fijado un Cupo provisional de 1.300 millones. Los 956 de los que se habla resultan de restar a esa cantidad el cálculo de las políticas activas de empleo, tasadas en 344 millones, y que afectan en esa cuantía sólo a este ejercicio. En la futura Ley Quinquenal serán los mencionados 1.300 millones, o los que resulten tras el cálculo definitivo, el modelo a seguir para todo el quinquenio.
