GASTEIZ. Urkullu ha desligado la "relación directa" que los ejecutivos español y vasco tienen en esta materia con las negociaciones entre PP y PNV para que los nacionalistas apoyen en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
En una comparecencia de prensa en la sede de Lehendakaritza, el lehendakari ha explicado que su Gobierno tiene la voluntad "manifiesta" de sellar un acuerdo en este ámbito, "siempre que se atienda con honestidad y lealtad a la interpretación del autogobierno y de la bilateralidad que afecta al Concierto Económico y la Ley del Cupo".
El Cupo es el dinero que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos. El método para calcularlo se establece en una ley quinquenal. La última data de 2007 y no ha sido posible renovarla por las discrepancias sobre la metodología.
El Gobierno vasco considera que desde 2011 ha pagado 1.600 millones de más y que el Cupo debería rondar los 850 millones anuales.
El proyecto de PGE prevé que Euskadi pague este año a la Administración estatal 1.202 millones, es decir 352 más de lo estimado por el Ejecutivo vasco, que apuntó al conocer esta cifra que era provisional, a la espera de un acuerdo entre ambos gobiernos.
"Nuestro deseo sería que esta cuestión que venimos arrastrando desde 2007 fuera cerrada en las próximas horas", ha afirmado Urkullu, quien ha reconocido que hay "una aproximación" sobre la liquidación del Cupo en ejercicios anteriores.
Las posturas están más alejadas a la hora de calcular su cuantía para el quinquenio 2017-2021. "Es empeño del Gobierno vasco que esa cuantificación esté sustentada en una interpretación honesta de la metodología del Cupo", ha subrayado Urkullu.
Para sellar un acuerdo se debe "avanzar más" en este último aspecto porque, según ha explicado, no se trata solo de acordar la cuantía sino de que el método para calcularla respete el Concierto Económico y la bilateralidad entre ambos gobiernos.
Ha defendido que el Ejecutivo vasco tiene la "voluntad política manifiesta" de alcanzar un pacto sobre este tema, aunque ha advertido de que "será al final la voluntad del Gobierno español la que en su caso redunde en un acuerdo".
