Gasteiz - La negociación presupuestaria en el Estado ha saltado al prosaico terreno de los números, y en ese campo las discrepancias son notorias entre el PNV y el Gobierno español. Aunque en las últimas semanas Moncloa y el PP han realizado gestos llamados a buscar el entendimiento con el PNV, como el desbloqueo a las OPE de la Ertzain-tza o incluso un apoyo presupuestario en la CAV que ambas partes desvinculan de esta negociación, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado entregado ayer en el Congreso prevé pasarle a Euskadi una factura en concepto de Cupo para 2017 con cuya cuantía no están de acuerdo los nacionalistas.
Así, según el proyecto del ministro Montoro, el Estado quiere cobrarle a Euskadi este año 1.202 millones de euros por los servicios que presta en materia de Defensa, Asuntos Exteriores, puertos y aeropuertos y demás ámbitos no transferidos a la CAV. Son 323 millones menos que los 1.525 millones de 2016, pero 352 más de los que el Gobierno Vasco considera que debe pagar. Hay, por tanto, mucho que negociar en esta materia, que tiene el problema añadido de una eterna provisionalidad, pues el cálculo para 2017, al igual que el de los cinco años anteriores, se ha hecho según los criterios fijados para el quinquenio 2007-2011.
De hecho, sobre la mesa de negociación no va a estar solo la factura de este año -que supone más del 10% del Presupuesto del Gobierno Vasco para 2017-, sino también la metodología de los quinquenios 2012-2016 y 2017-2021. Se va a hablar, por tanto, de discrepancias milmillonarias y de sentar las bases para firmar la paz a este respecto a largo plazo. Así, el gabinete de Iñigo Urkullu estima que Euskadi ha pagado 1.600 millones de euros de más al Estado por los servicios que presta en la CAV, y que el Cupo debería rondar los 850 millones de euros anuales. Esos 1.600 millones de euros equivalen, por ejemplo, a la suma de los presupuestos aprobados para este año de las consejerías de Empleo y Políticas Sociales y de Seguridad.
La empresa, por tanto, es complicada, y aunque ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, confiaba en solventar la negociación “cuanto antes” porque hay “una firme voluntad de acuerdo” en los grupos de trabajo que estudian el asunto, también remarcó que para el Ejecutivo autónomo este tema es crucial.
Es, de hecho, una especie de prueba que el Ejecutivo de Gasteiz pide para confirmar que las relaciones entre Euskadi y el Estado son de igual a igual. “Para el Gobierno Vasco un acuerdo sobre el Cupo de los diez últimos años y una nueva Ley Quinquenal son una urgencia en el marco de la relación bilateral con el Gobierno central, está en la agenda vasca”, advirtió en ese sentido Erkoreka.
El portavoz se refirió además al recurso interpuesto por el Gobierno español a la Ley vasca que regula las iniciativas legislativas populares, que se está abordando en la comisión bilateral y que debe acabar en acuerdo antes del viernes para no ser remitido a los tribunales. “Nadie entendería, tal y como están las cosas”, dijo Erkoreka, que no se llegara a un acuerdo sobre una ley que “fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco” el 30 de junio de 2016.
La citada ley rebajaba de 30.000 a 10.000 el número de personas firmantes necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular. Además, permitía que las personas extranjeras en situación legal en el Estado puedan proponer y participar en la elaboración de leyes. El Ejecutivo español considera que no se puede reconocer a los extranjeros el derecho a participar en dichos procesos.
OPE anuales Es éste el frente más inminente en la negociación de los PGE con Rajoy, pues en el caso de los recursos contra las promociones de la Ertzaintza se ha llegado a un acuerdo que permitirá mantener la plantilla de la Policía vasca en 8.000 efectivos, mediante la convocatoria de OPE anuales durante toda la legislatura. El Gobierno Vasco ya había advertido de que el desbloqueo a la renovación generacional en la Ertzaintza era fundamental para generar un clima de confianza con el PP tras cuatro años de incomunicación.
La regulación. El Cupo, la cantidad que Euskadi debe abonar anualmente al Estado por los servicios que la Administración central presta en los territorios forales, se calcula mediante leyes quinquenales que, debido a las discrepancias entre los gobiernos vasco y español, no se han renovado desde 2011. En la actualidad se estipula que Euskadi debe contribuir con un 6,24% del gasto del Estado en las materias no transferidas a la CAV.
Las discrepancias. En el proyecto presupuestario para 2017 del Gobierno español se fija un Cupo de 1.202 millones de euros, un cálculo realizado según los parámetros de la Ley Quinquenal 2007-2011. El Gobierno vasco estima que el pago anual debe rondar los 850 millones. En todo caso, el cálculo del Ejecutivo del PP es 323 millones inferior al de 2016. El gabinete de Iñigo Urkullu considera que Euskadi ha pagado 1.600 millones de más al Estado en concepto de Cupo.
