“Sociedad civil, instituciones y verificadores han de articular el desarme”

¿Va a ser 2017 el año del desarme de ETA?

-Los datos que manejamos nos indican que este va a ser el año determinante en el proceso de destrucción de las armas de ETA.

¿Determinante?

-Así lo deseamos, queremos que se cierre esa etapa relativa a la destrucción de las armas.

¿Hay condiciones para que eso se produzca?

-Las condiciones políticas, sociales e institucionales, los acuerdos de gobierno en la CAV entre PSE y PNV, los acuerdos de gobierno en Navarra y los de Iparralde indican que la mayoría está preparada para acometer esta fase. Deseamos un desarme ordenado, verificado internacionalmente, en el que participen los estados español y francés, aunque es obvio que estos dos gobiernos no están por la labor. Los acontecimientos de Luhuso indican que se va a dar con la sociedad civil.

¿Ante quién ha de desarmarse ETA?

-La verificación internacional es fundamental. Existe la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que hasta ahora tenía un mandato relativo al sellado y al inventariado de las armas y pensamos que ese mandato se tiene que prolongar. Tiene que ser verificado por los miembros de la actual CIV que, no olvidemos, tuvieron que pasar el mal trago de tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional. Si ellos lo desean bien y, si no, tendrán que ser verificadores internacionales que den confianza a las instituciones vascas, a la sociedad civil y a ETA.

¿El modelo es el de Luhuso?

-No somos capaces de definir un método técnico. Eso le corresponde a la CIV, si acepta este mandato. Pedimos un desarme ordenado, tasado en el tiempo, con total garantía de que las armas serán destruidas y verificado por una comisión internacional. El modelo de Luhuso es eso, un modelo. Nuestro modelo ideal es el de la participación de los dos Estados, pero hoy día nada apunta a que los dos estados vayan a variar su posición.

¿Puede repetirse la vía de Luhuso o está agotada?

-No lo sé. Las personas de Luhuso dijeron públicamente que representaban a más personas dispuestas a participar en este proceso. Nosotros no vamos a animar a nadie a que tome ese camino que puede llevarles a la cárcel. Pero parece que hay quien está dispuesto a ello, según nos han dicho las personas de Luhuso.

¿Ofrece esa vía garantías jurídicas y de seguridad suficientes?

-De seguridad, no para los que participaron. Jurídicas, pocas. Pero parece evidente que el resultado de lo que ocurrió en Luhuso ha servido para reconfortar a la sociedad vasca y a las instituciones vascas y ha alumbrado un camino para hacer las cosas. La peor hipótesis es que las armas se queden donde están: en zulos en el monte, que mañana un grupo de montañeros las encuentren...

¿Tras lo ocurrido en Luhuso, la posición del Foro Social ha variado o sigue igual respecto del papel del Gobierno Vasco en el desarme?

-En absoluto, los gobiernos vasco y navarro y la Mancomunidad de Iparralde tienen que acompañar este proceso, tienen que estar presentes en esta fase porque la propia CIV demanda un mandato institucional y esa función solo la tienen los gobiernos y las instituciones. Los gobiernos vasco y navarro tienen competencias en materia de seguridad y tienen que ser responsables en el decomiso de armas ilegales que pueda haber en su territorio. No tenemos datos pero la percepción general es que las armas están en territorio francés, no creo que nadie piense que están todas por aquí.

¿No sería más sencillo que ETA facilitara la geolocalización de sus arsenales a quien sea?

-El PP nos dijo que era tan fácil como llamar al cuartel de la Guardia Civil y decir dónde están las armas. No es serio ni razonable. La apuesta de los gobiernos español y francés pasa por el decomiso de las armas y la detención de los militantes de ETA y recuperar las armas. Con la posición de los gobiernos español y francés no sabemos cuánto se puede alargar esto. No hay garantías de que haya un final. Mientras tanto, los arsenales siguen ahí. Esta semana ha empezado el proceso de inventariado de las armas en Colombia y pronto acometerá el proceso de destrucción. Sin comparar los procesos, hay una lección de Colombia: si se hacen las cosas de forma ordenada y verificada se pueden lograr los objetivos en un plazo razonable.

¿Albergan esperanzas de que el Gobierno francés se avenga a paraticipar en el desarme?

-En verano del año pasado, después de la Conferencia de Paz en París, hubo intentonas de personalidades del Estado francés de aproximarse al Gobierno galo en temas de presos y desarme. Aquello se frustró y todo parece que París no ha variado su posición.

A su juicio, ¿qué participación debería tener el Gobierno Vasco?

-Los gobiernos vasco y navarro y la Mancomunidad de Iparralde tienen que acompañar este proceso, dar apoyo y seguridad a la comisión internacional de verificación, o a los verificadores internacionales que sean, y estar presentes en este proceso. Su articulación se basa en el triángulo que forman las instituciones, la sociedad civil y los verificadores internacionales.

¿Le convence la propuesta de desarme del Gobierno Vasco?

-La valoramos como muy interesante y la propia propuesta del lehendakari Urkullu nos parece positiva ya que ofrece garantías a los participantes en ese proceso. Vemos condiciones para articular una solución. Si profundizamos la propuesta del Gobierno Vasco vemos cómo estaba prevista la articulación con el Estado francés porque parece que la mayoría de armas está en Francia: hay una serie de flecos que no tenemos datos para saber cómo el Gobierno Vasco tiene prevista esa colaboración con la policía francesa, sabiendo que no está por la labor de un desarme ordenado. Estamos en una etapa diferente.

David Pla, interlocutor de ETA para el desarme, ha rechazado la propuesta del Gobierno Vasco.

-El Foro Social Permanente ha acogido con tristeza el cruce de declaraciones y algunos términos aparecidos en prensa: “hartazgo”, “aburrimiento”. Frente al hastío, debemos perseverar en la búsqueda de una solución razonable y ordenada. Lo demanda de forma masiva la ciudadanía de este país. Pedimos tranquilidad y sosiego a todos los actores del proceso de desarme, que blinden el proceso para que llegue a buen puerto. Es responsabilidad de todos no truncar el actual momento de esperanza.

Si Madrid y París no quieren participar y ETA no quiere hacerlo con el Gobierno Vasco, ¿con quién puede hacerlo con mínimas garantías?

-Ante unos verificadores internacionales. De todos modos, si nos atenemos a sus documentos en Luhuso y a otros comunicados, ETA no descarta la participación de los gobiernos vasco y navarro, al menos así lo interpretamos. Hay un análisis de ETA sobre la propuesta de desarme del Gobierno Vasco que va en el sentido de un rechazo ya que considera que “nació muerta”. Pero sí plantea la necesidad de que los gobiernos participen y acompañen el proceso.