Washington - La orden bloqueda por contravenir presuntamente la Primera Enmienda no excluye a los musulmanes por su religión, sino que se dirige a todos los ciudadanos de esos siete países que mayoritariamente practican el Islam (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y el Yemen), pero que tienen minorías no musulmanas. Pero también indica que, una vez se reanude el programa de refugiados, “el secretario de Estado, en consulta con el secretario de Seguridad Nacional”, hará las modificaciones pertinentes permitidas por ley “para dar prioridad a las reclamaciones de refugiados hechas por individuos por persecución religiosa”. Y añade: “Siempre que la religión del individuo sea una religión minoritaria en el país de nacionalidad del individuo”, es decir, las minorías cristianas.
Lana Ulrich, consejera legal del Centro Nacional de la Constitución de Estados Unidos, alerta de que “dado que los siete países son de mayoría musulmana, bajo esta disposición, parece que los cristianos tendrán prioridad” y ahí sí puede haber conflictos constitucionales.
La reacción de Trump al bloqueo ordenado por Robart fue casi inmediata, tachándola de ridícula, lo que anticipa una dura pelea en los tribunales que podría incluso llegar al Supremo.
En los alegatos sobre la constitucionalidad del veto, añade Ulrich, éste podría encontrar otro escollo en la Quinta Enmienda, ya que es la encargada de garantizar “igual protección” a los ciudadanos, aludiendo a que la base de la orden discrimina “de manera inadmisible” sobre el origen nacional.
Asimismo, según dice la experta constitucionalista de la Universidad de Georgetown Yvonne Tew, “las declaraciones del presidente Trump durante la campaña presidencial” podrían utilizarse en su contra para sostener el argumento discriminatorio. “El llamamiento a un bloqueo total de los musulmanes que ingresan a Estados Unidos y la implementación de un registro musulmán podrían ser usados como evidencias para plantear preguntas sobre la intención de la política de inmigración dirigida a los siete países de mayoría musulmana”, detalla Tew.
La denuncia de CAIR cita el trato de favor declarado en la orden hacia los refugiados que pertenecen a minorías religiosas en esas naciones, lo que crea una discriminación “contra el Islam como religión”. Como destaca el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), David Cole, “una de las preguntas críticas con respecto a la validez de la acción ejecutiva” es “su intención y efecto”.
