MADRID. Antes de que las acusaciones y las propias defensas presenten sus conclusiones definitivas, varios de los abogados han pedido que se lean correos electrónicos y otros documentos que probarían que las tarjetas existían durante la presidencia de Jaime Terceiro, predecesor de Miguel Blesa al frente de la caja.

Entre ellos, varios abogados se han referido a un correo electrónico fechado el 8 de septiembre de 2011 que revela que una tarjeta que llegó a ser investigada por el juez Fernando Andreu en la fase de instrucción fue emitida en 1994, dos años antes de que Miguel Blesa llegara a la presidencia de la entidad, y comparte el mismo código que la mayoría de las "black".

Con ello, los letrados pretenden demostrar que desde aquel entonces existían en Caja Madrid tarjetas de libre disposición y no exclusivamente para gastos de representación, tal y como aseguró Terceiro en su declaración como testigo.

El mensaje distingue claramente dos tipos de tarjetas, unas "business" de directivos y colectivas gestionadas por el departamento de Recursos Humanos y, por tanto, para gastos de representación; y otras gestionadas por la Dirección de Medios.

Todo ello confirmaría que durante el mandato de Terceiro se emitieron tarjetas de libre disposición tanto para consejeros, regidos por el acta de 1988, como para directivos, estos últimos por medio del convenio marco de 1994.

También han reiterado que Bankia no está legitimada para reclamar a los acusados, que no reconocen a la entidad como heredera legal de Caja Madrid; según han explicado varios letrados, este papel corresponde a la Fundación Caja Madrid.

El abogado del exdirector general de Caja Madrid Ildefonso Sánzhez Barcoj ha aportado un disco que no se ha podido leer, pero cuyo contenido incluye el contrato marco por el que se establecieron las tarjetas, durante el mandado de Jaime Terceiro.

Asimismo, se ha procedido a la lectura del acta de una reunión del consejo de administración de Bankia ya con José Ignacio Goirigolzari en la presidencia de la entidad, en mayo de 2012, con la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior y su reformulación.

Concluida la lectura de pruebas documentales, comienza la lectura de las conclusiones finales por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de acusaciones particulares -BFA-Bankia y el FROB-, y populares -Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y CGT-.