bilbao - El Gobierno de Mariano Rajoy no está dando ni un respiro a las instituciones vascas y sigue escrutando punto por punto todas sus decisiones para detectar movimientos que supongan, a su juicio, una invasión de las competencias estatales. Ni el 37 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika ha servido para decretar una tregua. Ayer, en una fecha tan señalada para el autogobierno, el gabinete de Urkullu tuvo que salir a la palestra para denunciar dos nuevos recursos de Madrid contra decisiones de las instituciones vascas. Afectan a cuestiones de calado político.
Por un lado, el Gobierno español ha anunciado su intención de recurrir la ley de reparación de los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Ahora se abren seis meses de plazo para buscar una solución dialogada y, en caso de que no llegara, Madrid presentaría oficialmente el recurso ante el Tribunal Constitucional y se congelarían de manera automática los artículos recurridos. Sus recelos apuntan a la comisión de valoración que se encargará de analizar los casos y otorgar la condición de víctima, porque cree que algunas de sus atribuciones pueden adentrarse en las competencias judiciales. Lo llamativo del recurso es que llega después de que PNV y PSE pulieran al máximo la redacción de ese mismo punto de la ley para evitar que Madrid la llevara a los tribunales. Fue aprobada en el Parlamento en julio con el aval de PNV y PSE, la abstención de la izquierda abertzale y el voto en contra de PP y UPyD. Por otro lado, el Gobierno español vuelve a insistir en recortar las plazas de las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza y pide otra vez que quede suspendida la 25ª OPE de manera cautelar. Son 254 agentes y todos ellos están ya patrullando en prácticas en las calles. El PP vasco se mostró ayer impermeable a todos estos movimientos y celebró el aniversario del Estatuto reivindicándose como su mayor valedor, mientras sus compañeros de partido en Madrid recurrían dos decisiones de las instituciones vascas.
La dinámica en la que se ha adentrado el gobierno de Rajoy tiene muy preocupado al gabinete de Urkullu. Espera que el presidente español tome conciencia de que en la próxima legislatura tendrá que manejarse en minoría parlamentaria y buscar apoyos, y que esa debilidad le lleve a aflojar su pulso con el autogobierno vasco. Cabe recordar que el PNV también quiere negociar un nuevo estatus de autogobierno con Madrid, y estos movimientos no sientan un precedente halagüeño. El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, recordó que ya van diez recursos con el Gobierno español en funciones, y pidió que cese la judicialización de la política y que se instaure una relación en pie de igualdad. Además, avisó de que “todas las víctimas” merecen reconocimiento.
El Gobierno español anunció el lunes por la tarde a Lakua su intención de recurrir la ley de abusos policiales. Desde el primer momento, Madrid cuestionó que una comisión de valoración pueda emitir el certificado de víctima sin que haya una sentencia judicial de por medio o alguna resolución administrativa. Señaló, además, que esa comisión podría decidir sobre casos que se han saldado con la absolución de las fuerzas de seguridad. Ese aviso lo trasladó al Parlamento Vasco en plena tramitación de la ley, lo que sirvió al PNV para afinar la redacción, y también al socialismo, que introdujo un puñado de enmiendas en ese sentido. La Secretaría de Paz y Convivencia de Jonan Fernández aclaró que todo proceso de reconocimiento de víctimas es administrativo, no penal, y que no se va a endosar un delito a nadie.
Pero aún queda algún matiz que Madrid no ve claro. Cree que la comisión de valoración se extralimita en su función de investigación, y que no puede exigir información a otras instancias administrativas para analizar cada caso. A falta de conocer la letra pequeña, supone poner en cuestión el núcleo de la ley y la posibilidad de que las instituciones vascas emprendan un proceso administrativo de reconocimiento de las víctimas. Desde el PNV y EH Bildu han insinuado que Madrid no quiere reconocer a esas víctimas ni la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
Cabe recordar que Lakua había tratado de afinar en la redacción porque tenía experiencia en esas lides, ya que el decreto anterior, el de reconocimiento de las víctimas de 1960 a 1978, también fue recurrido. En la ley ahora afectada, añadió expertos forenses a la comisión para reforzar su perfil científico. Además, abarca hasta 1999 precisamente para no interferir en los casos más recientes, que aún pueden estar en los tribunales. El Gobierno Vasco baraja una horquilla de entre 300 y 450 posibles víctimas, entre las cuales estarían los jóvenes Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL, o Gladys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista.
ertzaintza En cuanto a la OPE de la Ertzaintza, el Gobierno español la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le dio la razón; pero el gabinete de Urkullu recurrió al Tribunal Supremo, y lo que hizo Madrid fue pedir la ejecución cautelar de la sentencia mientras tanto. El tribunal vasco lo rechazó, pero Madrid insiste a través de un recurso de reposición en el mismo TSJPV. Sus argumentos han dejado helado al Gobierno Vasco, puesto que la Abogacía del Estado niega que esté en peligro la seguridad pública porque ese servicio se presta “no solo por la Er-tzaintza, sino en colaboración/cooperación por la Policía Local y las FCSE”. Es decir, que no hay problema de efectivos porque hay guardias civiles y policías españoles en suelo vasco. Además, cree que hacer una excepción y permitir que la Ertzaintza rebase los límites de los Presupuestos estatales discriminaría a otros colectivos afectados, como los médicos o profesores. Añade que la CAV no es la única que cumple el objetivo de déficit, de modo que no puede pedir trato preferencial. Lo que defiende Lakua es su singularidad foral y el pacto que selló con el PP en Madrid para mantener el número de agentes en 8.000. Ahora hay 7.855, incluyendo la 25ª OPE. También está recurrida la de este año, la 26ª, que está en fase preliminar y no ha iniciado las pruebas escritas.
EH Bildu. El parlamentario Julen Arzuaga consideró ayer que el recurso contra la ley de abusos policiales deja ver que “el Gobierno español es quien decide qué víctimas podemos reconocer y reparar y cuáles no, y en qué términos podemos hacerlo”. “Hace una categorización de víctimas, de modo que unas son víctimas de primera, otras lo son de segunda o tercera, y a otras incluso les niega su propia existencia como víctimas. Una vez más deja claro que el Estado no está dispuesto a dar reconocimiento y reparación a las víctimas que ha causado”, dijo.
Elkarrekin Podemos. La coalición pidió ayer al PNV y al PSOE “acordar la Ley en Gasteiz y también en Madrid” para aprobar en el Congreso una ley que dé cobertura a la norma vasca.
