Gasteiz - El análisis que el Consejo Económico y Social hace del sistema de rentas mínimas de inserción en el Estado español destaca las cuantías y coberturas que estas prestaciones alcanzan en las comunidades vasca y navarra y alerta de que no están garantizadas por ley en todas las autonomías debido a la heterogeneidad de las normas reguladoras.
El capítulo de la Memoria anual del CES dedicado a la protección social hace hincapié en la creciente demanda de ayudas relacionada con problemas de pobreza y exclusión social y aborda las enormes diferencias territoriales que existen en las llamadas rentas mínimas de inserción. “La gestión de las rentas mínimas de inserción constituye una de las actuaciones fundamentales llevadas a cabo en los centros de servicios sociales precisamente en respuesta a ese tipo de situaciones crecientes de vulnerabilidad económica, en el contexto de deterioro de las condiciones de vida y descenso de las rentas de numerosos hogares”, señala el informe. El CES apunta que aunque todas las comunidades cuentan con programas de renta mínima, “la heterogeneidad de las normativas no permite hablar de un verdadero sistema estatal” y estas rentas “no están garantizadas por ley” en todas las autonomías. Tal y como se ha constatado en diferentes estudios, la implementación de estas prestaciones destinadas a personas sin ingresos o con ingresos claramente insuficientes ha desembocado en 17 modelos distintos, con variaciones en cuanto al carácter del derecho de acceso a la ayuda, requisitos, medidas complementarias, cuantías, duración, etc.
más dinero Las diferencias entre las rentas mínimas de inserción abonadas en unas comunidades y en otras son tan grandes que en la Comunidad Autónoma Vasca la cuantía mínima mensual (665,90 euros por titular) supera en un 58,3% (245,27 euros más) la media estatal, que en 2014 -fecha de los datos que maneja el CES- se situaba en 420,63 euros titular/mes. Dado que la cuantía de la renta -que en Euskadi se denomina Renta de Garantía de Ingresos- es variable en función del número de personas que integran la unidad de convivencia y otras circunstancias, el CES calcula que la cuantía máxima más elevada se abona en Nafarroa (962,10 euros), seguida por la CAV con 945,88 euros. En esta caso, la diferencia de la renta máxima del País Vasco respecto a la media estatal es de 281,54 euros, un 42,3% más que los 664,14 de promedio. La renta mínima de inserción más baja es de 300 euros titular/mes, cantidad que se abona en Ceuta y Murcia. El CES destaca que la cuantía máxima promedio (media estatal) registró un descenso del 0,52% en 2014 respecto al año anterior debido al recorte del 27,64% aplicado en Castilla-La Mancha, ya que el resto de comunidades autónomas o aumentó o mantuvo la prestación máxima abonada a sus ciudadanos necesitados.
La CAV también ocupa el primer puesto del Estado en gasto anual por beneficiario de rentas mínimas, con 3.867,7 euros, que son 2.375,6 más -un 159,3% superior- que los 1.492,1 euros gastados de media en España.
En cuanto a la cifra de personas que reciben esta prestación, el informe del CES indica que “los últimos datos disponibles, que alcanzan hasta 2014, muestran que, en promedio, el número de perceptores de renta mínima de inserción disminuyeron en ese año, rompiendo la tendencia creciente registrada desde el inicio de la crisis. Esta disminución responde a la caída registrada en el número de miembros dependientes, pues los titulares de prestación han continuado en aumento”. Así, en 2014 los miembros dependientes (no titulares) disminuyeron un 7,64% hasta los 350.211, lo que arroja una caída en el saldo del total de beneficiarios de rentas mínimas (titulares más miembros dependientes) del 3,93%, hasta las 612.518 personas.
Tras desglosar las cifras de la renta de inserción en las diferentes comunidades, el CES señala que “la insuficiencia de los dispositivos de los servicios sociales para dar respuesta al crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad económica y social ha provocado en los últimos años un desplazamiento de la demanda hacia entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del tercer sector de acción social, que ya venía colaborando estrechamente con los servicios sociales”.