Vitoria - Los cinco tramos que conforman el llamado nudo de Bergara se terminaron de adjudicar hace casi un año, pero las obras no arrancan. El trazado ferroviario que unirá los tres ramales de la Y vasca contiene grandes dificultades técnicas inherentes a la orografía de la zona que atraviesa, pero aún así las empresas constructoras que ganaron el concurso público para llevar a cabo esas obras consideraron que podían realizarlas por menos de la mitad de la cantidad calculada por el Ministerio de Fomento. La realidad ha sido otra y ahora las adjudicatarias, que se llevaron el encargo por presentar la oferta más baja, argumentan encarecimientos sobrevenidos y tienen las obras paralizadas a la espera de que se aprueben los sobrecostes.

De acuerdo con los datos públicos correspondientes a las licitaciones y adjudicaciones realizadas por Adif de los tramos en los que se ha dividido el nudo de Bergara, en conjunto las obras habían sido presupuestadas en 557,8 millones de euros (460,7 millones sin IVA) y se adjudicaron por 288,6 millones (238,5 millones de euros netos), lo que supone una rebaja del 51,7% y un presunto ahorro para las arcas públicas de casi 270 millones de euros. El problema de estas adjudicaciones a bajo precio es que ahora, meses después de las anunciadas licitaciones, las empresas elegidas se hallan inmersas en duras negociaciones con Adif para que el gestor de infraestructuras ferroviarias les apruebe modificaciones en los trabajos, con los correspondientes aumentos de presupuestos. Los sobrecostes que reclaman las constructoras -se denominan modificados- son importantes y, como ya publicó DNA, podrían dar lugar a la rescisión de los contratos.

Según la ley, los modificados en los contratos con las administraciones públicas tienen una limitación del 10% sobre el precio de adjudicación, pero fuentes del sector constructor apuntan que las adjudicatarias estarían reclamando revisiones por importes superiores a ese límite argumentando que son encarecimientos sobrevenidos y debidos, principalmente, a dificultades técnicas. El criterio de la Administración, sin embargo, es que la paralización o no inicio de obras adjudicadas por desacuerdos económicos pueden ser motivo para la rescisión de contratos sin obligación de indemnización o reparación por perjuicios económicos. Según la ley de contratación, se considera que la modificación de los costes de un proyecto por encima del límite del 10% del precio de adjudicación constituye una alteración de las condiciones y puede dar lugar a la resolución del contrato para proceder, posteriormente, al lanzamiento de un nuevo concurso.

Varios túneles Según el Ministerio de Fomento, en el caso del nudo de Bergara las obras están a la espera de que se resuelva una petición de las constructoras adjudicatarias para encargar una tuneladora conjunta que sería empleada en la mayoría de los tramos. De hecho, en los cinco tramos del trazado central de la Y vasca, hay elementos singulares, como viaductos y túneles, algunos artificiales, de una sola vía y varios bitubo. Precisamente las dificultades técnicas del trazado de la Y ferroviaria hacen aún más difícil que las constructoras puedan ajustarse a los costes marcados por unas ofertas extremadamente bajas.

Actualmente Adif se encuentra con unos 27 proyectos paralizados por discrepancias económicas con las empresas adjudicatarias. Entre ellos están tres contratos del nudo de Bergara, dentro del proyecto de la Y ferroviaria vasca, aunque en ese tramo hay cuatro sectores parados que están haciendo acumular retrasos al conjunto del trazado. La conexión por tren entre León y Asturias, el AVE a Galicia, el enlace entre Antequera y Granada, en Andalucía, o la ruta entre Madrid y Extremadura son otros proyectos que están pagando las consecuencias de una política de licitaciones que prima la oferta más barata, que no considera “baja temeraria” una propuesta para hacer un trabajo por la mitad de precio presupuestado, y que da por hecho que luego será necesario realizar ajustes que encarecerán las obras. Esta forma de actuar, que recientemente ha sido criticada por las empresas de ingeniería, provoca que muchas obras no se puedan iniciar o que se paralicen en cuanto surgen los inevitables conflictos con la Administración por los modificados. También está en el origen de los incumplimientos de plazos de las obras y tiene consecuencias sobre las condiciones de contratación de los trabajadores y de seguridad que aplican las empresas.

En esta situación la ministra Ana Pastor apela al diálogo para reanudar las obras paradas y con riesgo de rescisión de contratos.