gasteiz - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha vuelto a condenar por octava vez al Estado español por no investigar suficientemente las denuncias de supuestas torturas que presentaron tras su detención personas detenidas, la mayor parte de ellas, por pertenecer al entorno de ETA. En este caso se deberá indemnizar con 23.500 euros a Xabier Beortegi, detenido en enero de 2011 por su presunta integración en Ekin, el considerado brazo político de la organización armada.

Beortegi fue detenido la noche del 17 al 18 de enero de 2011 en el contexto de una investigación judicial por un presunto delito de pertenencia a Ekin. Según su denuncia, durante el viaje en coche desde Iruñea a Madrid tras su detención fue objeto de amenazas y insultos y fue golpeado en la cabeza, los testículos y las costillas por los cuatro agentes de la Guardia Civil que le acompañaban. Asegura que las torturas siguieron durante su estancia en la sede de la Guardia Civil en Madrid. Añade que tuvo que memorizar su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, quien no acordó contra él ninguna medida cautelar y le dejó en libertad. Beortegi denunció el maltrato ante un Juzgado de Iruñea, que lo archivó al no encontrar pruebas. Aunque la Audiencia Provincial de Nafarroa solicitó una investigación a fondo, no permitió al denunciante aportar todas las pruebas que éste reclamaba para sostener su denuncia. Finalmente el Tribunal Constitucional inadmitió su recurso de amparo. Ante esta negativa del alto tribunal de garantías, Beortegi trasladó su caso a Europa, que ahora le ha dado la razón.

reproche a los jueces El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprocha al Juzgado de Iruñea haberse limitado a examinar los informes de los expertos médicos forenses, la médico de cabecera del solicitante y un psicólogo que lo había examinado, si bien rechazó incluir en su instrucción las grabaciones de cámaras de seguridad en los locales donde se había detenido y citar a los guardias civiles implicados.

Asimismo, el tribunal europeo rechaza que los casi cuatro meses que Beortegi tardó en denunciar lo ocurrido tras su liberación pongan en duda la seriedad de esta denuncia e insiste en que, cuando hay motivos razonables para creer que los actos de malos tratos se han cometido, “las autoridades competentes del Estado tienen el deber de iniciar una investigación de oficio sin demora”.

En este caso, al igual que ha ocurrido con otros similares, la Sala del TEDH ha declarado por unanimidad que se ha producido una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por una deficitaria investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales. El tribunal europeo, sin embargo, no puede autentificar el hecho de que el denunciante fuera sometido a torturas porque, tal como señala la sentencia, “ como resultado de la falta de una investigación exhaustiva y efectiva de las autoridades nacionales, no existe suficiente evidencia para determinar si el recurrente fue efectivamente sometido a una situación que pudiera incurrir en la prohibición de tortura y trato degradante que prohíbe el artículo número 3 del Convenio”.

Por ello, insta al Estado español a que adopte las medidas recomendadas por la Comisión Europea por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) con el fin de mejorar la calidad forense en los reconocimientos médicos a las personas detenidas en régimen de incomunicación y bajo custodia policial. En la sentencia, se solicita también que elabore “un código de conducta claro para los funcionarios encargados de la supervisión” de este tipo de detenidos con el fin de garantizar su integridad física.

A raíz de esta sentencia, Sortu emitió un comunicado en el que exigía al Estado español que “asuma su responsabilidad” en la “práctica de la tortura” y deje sin efecto las condenas impuestas por autoinculpaciones logradas a través de malos tratos. Sortu sostenía, además, que en los últimos 50 años se ha documentado 10.000 casos de tortura, miles de los cuales no se han esclarecido.

Quince catalanes (2004). Detenidos en los días previos a los Juegos Olímpicos de 1992

Mikel San Argimiro (2010). Denunció torturas durante cinco días al ser detenido en 2002..

Aritz Beristain (2011). Detenido en 2002 por participar en actos de kale borroka..

Martxelo Otamendi (2012). El director de Egunkaria denunció torturas al ser detenido cuando se cerró el diario.

Oihan Ataun (2014). Oihan Ataun, de Segi, fue detenido en noviembre de 2008.

Beatriz Etxeberria (2014). Detenida en 2011. Su sentencia salió junto a la de Oihan Ataun

Patxi Arratibel (2015). Detenido en Etxarri en 2011 por ser militante de en Ekin.