GASTEIZ. La Ley ha sido aprobada por el pleno del Parlamento. El grueso del texto ha sido apoyado con el apoyo de todos los grupos salvo EH Bildu, que se ha abstenido, al considerar que el texto es "insuficiente" para dar respuesta a las necesidades del sector.
El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Angel Toña, ha defendido la importancia de las organizaciones del tercer sector, sobre el que ha asegurado que, sin su contribución, "los servicios sociales no serían lo mismo en Euskadi".
Toña ha subrayado el amplio acuerdo logrado en torno a esta Ley, y ha confiado en que el texto suponga un "impacto cualitativo" en el tercer sector, al que se ha referido como un "activo importante" para lograr una sociedad vasca "más justa, cohesionada y solidaria".
Este texto define cuáles son las actividades a las que se refiere la intervención social. Entre ellas, cita las actuaciones destinadas a combatir la exclusión, la atención a colectivos vulnerables y los proyectos solidarios.
Además, la Ley determina que las organizaciones que se regirán por esta normativa son aquellas "inscritas en el registro correspondiente" y que sean "de acción voluntaria, no lucrativas, privadas, autogobernadas y autogestionadas". Además, deben tener "sede y actividad en Euskadi".
ANTES DE UN AÑO
La Ley insta al Gobierno vasco a que, en colaboración con los agentes que operan en este ámbito, elabore una estrategia de promoción del tercer sector. Dicha estrategia, que deberá aprobarse antes un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberá contemplar mecanismos de coordinación y cooperación entre la instituciones y las propias entidades del tercer sector.
La estrategia, con una vigencia de cuatro años, incluirá medidas para fortalecer a las organizaciones, con el fin de "impulsar" su contribución social y el desarrollo de sus proyectos. Además, este programa marco deberá recoger una relación de las subvenciones existentes para las organizaciones.
Por otra parte, la ley plantea la creación de un Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, que dependerá del Gobierno vasco. Este organismo se encargará de recopilar, actualizar y generar información sobre todas aquellas esferas relacionadas con estas actividades.
El texto legal establece, además, que el Ejecutivo vasco deberá crear, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley, un censo de organizaciones del tercer sector social en Euskadi.
