bilbao - El Movimiento pro Amnistía y contra la Represión ha remitido una carta a todos los presos de ETA de los estados español y francés instándoles a despreciar la legalidad penitenciaria y las salidas individuales a su situación carcelaria, en contra de la consigna establecida por Sortu. Este colectivo minoritario en la izquierda abertzale también se opone a que los reclusos reconozcan el daño causado a las víctimas con sus atentados. La misiva hace un alegato a favor de la amnistía como solución integral y añade que para conseguirlo sirven la desobediencia y “cualquier método”, sin más concreción.
Este movimiento político, también conocido con el nombre de ATA, se desgajó de la izquierda abertzale tradicional tras su aceptación del estatus quo para su legalización como partido político y su alejamiento de la estrategia armada. En los últimos dos años ha enfatizado su rechazo a las tesis de Sortu favorables ahora a acogerse a la legalidad penitenciaria para poder acceder a los beneficios que las normativas judicial y carcelaria reconocen a todo preso siempre que cumpla unas condiciones exigidas para avanzar en su resocialización.
ATA hace suyos los planteamientos que la izquierda abertzale ha ido abandonando en materia de presos y política penitenciaria y mantiene su pulso con Sortu y con los presos dispuestos a acogerse a las medidas de gracia que ofrece la legislación. A lo largo de este año la formación liderada por Arnaldo Otegi ha acentuado esa deriva e intensificado su discurso más posibilista al expresar con claridad meridiana su posición a favor de que los presos de la organización armada acepten la legalidad penitenciaria y exploren la vía de las salidas individiduales. Las manifestaciones el 12 de enero en Iruñea del influyente dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria animando a los presos a que se acojan a la normativa penitenciaria y acepten salidas individiduales supusieron un punto de inflexión para Sortu y también para los propios reclusos.
En la práctica, las palabras de Etxeberria -luego secundadas por otros portavoces de su partido- suponían el fin de un veto impuesto durante décadas a los presos para que renunciaran a la progresión de grados que, en primera instancia, suponen el reconocimiento de su delito y el rechazo a la violencia y a la organización que la practica. Este proceso conducente a la reinserción social del recluso posibilita ir accediendo a beneficios como permisos y salidas programadas, y en algunos casos también la libertad condicional una vez cumplida una buena parte de la condena.
En definitiva, unos beneficios penitenciarios a los que todo preso puede acceder bajo esas condiciones y que ATA rechaza porque los opone a la amnistía. A su juicio, la amnistía es la “herramienta más importante para mantener el carácter político de este conflicto”. En este sentido, sostiene que es “falso” que con la aceptación de la legalidad “se puedan superar las consecuencias del conflicto” y advierte de que las salidas individuales tendrían graves consecuencias para la unidad del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera).
amnistía Tras las manifestaciones de Rufi Etxeberria, el EPPK hizo público un comunicado en el que no clarificó su posición respecto a la nueva directriz de la izquierda aber-tzale en esta materia. Toda una señal del fuerte debate existente en las cárceles entre los reclusos partidarios de aflojar y acogerse a la legalidad desde una decisión individual, y los que abogan por mantener prietas las filas y no claudicar ante lo que consideran una herramienta del Estado español para someter al colectivo de presos de ETA, en línea con los postulados que propugna ATA.
Este movimiento considera que la solución integral al asunto radica en el reconocimiento del “carácter político” de los presos y en la movilización en Euskadi para conseguir la amnistía. Para ello opta por la “denuncia pública y por las movilizaciones en todos los ámbitos, con prácticas de presión y de desobediencia efectiva y también con cualquier otro método que haga avanzar hacia la consecución de la amnistía”.
Actualmente hay alrededor de cuatrocientos presos de ETA en las cárceles de España y Francia, de los que aproximadamente la mitad liquidarán su condena en cuatro o cinco años, mientras que la otra mitad tiene penas todavía muy largas que en la mayoría de los casos los mantendrán en prisión hasta 2040 o más.
