MADRID. Fuentes del alto tribunal han informado a Efe de la decisión de incluir esta cuestión en el orden del día del pleno, que se está celebrando ya, y de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.
Las mismas fuentes han señalado que la suspensión cautelar de la resolución adoptada por el TC el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva.
Sí es posible, dicen las mismas fuentes, que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.
El pasado día 11 de noviembre el pleno del Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell.
A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión.
Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.
Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien un aspecto del mismo, la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas, sigue vigente.
La decisión del TC se notificó de manera personal al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.
A todos se les advirtió, a iniciativa del Gobierno, de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC y los magistrados advirtieron de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
