vitoria - España tiene un nuevo frente abierto en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos donde tendrá que presentar alegaciones sobre el juicio de la Audiencia Nacional que condenó a Arnaldo Otegi y otras cuatro personas por el caso Bateragune. Estrasburgo aplazó ayer su decisión sobre el recurso presentado por la defensa del exportavoz de Batasuna hasta tener en cuenta las alegaciones que presente el Gobierno español. Este aplazamiento significa que, con toda seguridad, Otegi cumplirá de manera íntegra su condena -ayer señalaba Europa Press que saldrá en libertad el 28 de marzo de 2016- , pero fuentes jurídicas consideran que finalmente el tribunal europeo de garantías sí podría admitir a trámite parcial la demanda de Otegi contra España. La opción más que plausible de que Estrasburgo admita a trámite esta denuncia supondría un nuevo varapalo para el Ejecutivo español, pero lo cierto es que la decisión de aplazar el fallo supone también un contratiempo para la izquierda abertzale, puesto que la inmediata puesta en libertad de Otegi hubiera supuesto un espaldarazo de cara las próximas elecciones generales de diciembre.

De este modo, la corte de garantías europea deja en suspenso el núcleo de la denuncia presentada por la defensa del exportavoz de Batasuna que alegaba que había tenido un juicio injusto. Estrasburgo, por contra, ha desestimado el resto de las alegaciones que hacían referencia a la parcialidad de dos de los integrantes del Tribunal Constitucional que en 2004 rechazaron el recurso de amparo presentado por Otegi contra la sentencia de la Audiencia Nacional. En concreto, se refería al presidente del alto tribunal de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, y al magistrado Antonio Narváez. El recurso contra el primero venía motivado por su militancia en el PP antes de acceder al cargo y, por lo que respecta a Narváez, porque como fiscal del Supremo se posicionó en contra de la inscripción de Sortu como partido político.

cuatro ejes de denuncia Con respecto a la imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional que condenó a Otegi y el resto de procesados en el caso Bateragune -Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta (estos tres últimos ya en libertad)-, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quiere que el Ejecutivo español, como parte demandada, presente sus alegaciones.

En el recurso que presentó la defensa de Otegi se explicitaba que el tribunal de la Audiencia Nacional había incumplido el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un juicio justo con un tribunal imparcial. La denuncia estaba basada en cuatro puntos. En el primero se recogía que había existido una vulneración del principio acusatorio porque los hechos por los que fueron acusados, su pertenencia a la estructura de Bateragune, no se corresponden con los hechos por los que fueron condenados, ya que en la sentencia de la Audiencia se reconocía que no había pruebas de la pertenencia de los acusados a Bateragune.

Otro punto hacía referencia a la parcialidad de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que en un juicio anterior contra Otegi, entonces acusado de enaltecimiento del terrorismo en el homenaje a José Miguel Beñaran Argala, le preguntó si condenaba el terrorismo de ETA. Al negarse Otegi a contestar, la magistrada aseguró: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta”. Una respuesta que provocó que el Tribunal Supremo ordenara repetir el juicio. Asimismo, la defensa de Otegi afirmaba en la denuncia presentada a Estrasburgo que el tribunal se basó en meros indicios para condenar y que, además, no admitió que en el juicio testificaran periodistas y políticos vascos con el fin de acreditar la desvinculación de los acusados con ETA.

Reacciones Las reacciones a la decisión adoptada por Estrasburgo no se hicieron esperar. Desde el Gobierno español, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que “respetamos las decisiones judiciales, aunque en ocasiones no las hemos compartido, pero donde mejor están Otegi y los suyos es en las cárceles” .

La abogada de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, afirmó en una entrevista a Radio Euskadi que Estrasburgo “ha apreciado indicios de parcialidad en el tribunal” que les condenó, pero, en todo caso, apuntó que, al aplazarse la resolución del recurso, el exportavoz de Batasuna tendrá que cumplir la condena que se le impuso y “sus derechos serán restituidos posteriormente, en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dé la razón”.

Desde Sortu, sus portavoces Pernando Barrena y Amaia Izko aseguraron que la decisión emitida ayer por el Tribunal de Estrasburgo implica que “tiene dudas” de que el juicio contra Otegi se llevara a cabo con plenas garantías de imparcialidad. La abogada Amaia Izko aseguró que aunque tres de los condenados -Jacinto, Rodríguez y Zabaleta- hayan cumplido ya la pena, y Otegi y Díaz Usabiaga continúen en prisión, el dictamen emitido ayer por Estrasburgo “contiene elementos muy importantes porque, una vez más, cuestiona la actitud de la judicatura española y, especialmente, de la Audiencia Nacional hacia el independentismo vasco”.

INhabilitación En este contexto, Europa Press informaba ayer de que la Audiencia Nacional ha realizado una nueva liquidación de penas a Otegi y que, con el nuevo cómputo, saldrá de prisión el 28 de marzo de 2016. Además, se señalaba que está inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público hasta febrero de 2021. Así, no podría ser el candidato de la izquierda abertzale en los comicios autonómicos de otoño de 2016. Sin embargo, fuentes próximas a la defensa del exportavoz de Batasuna aseguraron a este diario que la inhabilitación de Otegi está por determinar. De hecho, la fiscalía de la Audiencia Nacional, y a raíz de una denuncia presentada por Covite, ha solicitado a la Junta Central Electoral que especifique si algunos de los componentes de las candidaturas de EH Bildu para los comicios del 20-D están o no inhabilitados. En la lista a verificar, y aun sin ser candidato, se incluía a Otegi.

En este sentido, hay que recordar que ya hubo controversia con la designación de Iker Casanova como parlamentario vasco en sustitución de Laura Mintegi. Dignidad y Justicia recurrió al asegurar que se encontraba inhabilitado, lo que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.