MADRID. Este nuevo macrojuicio de ETA iba a celebrarse a partir del 12 de enero pasado, pero entonces tuvo que aplazarse al haber sido detenidas ese mismo día en Madrid tres de las abogadas defensoras -Eukene Jáuregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izco- en la operación Mate contra el "frente de cárceles" de ETA, en la que fueron arrestadas otras 13 personas en Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra.

Finalmente, en febrero, la Sala -compuesta por Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- decidió suspenderlo sin fecha tras aceptar la renuncia de Ziluaga a seguir defendiendo a seis de los acusados, ya que suponía designar un nuevo abogado que necesitaría meses para estudiar esta voluminosa macrocausa.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.

Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias en Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).

También destacan el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".

Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.

En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".

Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".