GASTEIZ -El informe externo elaborado por un grupo de cuatro expertos en torno al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco considera que se trata de un proyecto “global y equilibrado”, aunque remarca las dificultades a las que ha tenido que hacer frente debido a “los intereses a corto plazo” de las fuerzas políticas o del Gobierno español. Este análisis achaca a los partidos políticos “incapacidad para ver más allá de sus propios intereses a corto plazo”, advierte de la “pasividad” del Ejecutivo de Mariano Rajoy y señala que “el debate nominalista dificulta los avances”. En todo caso, los autores consideran el proyecto un “ejercicio de responsabilidad política” que otorga a las víctimas la “centralidad”.

El Gobierno Vasco encargó el pasado mes de abril este documento al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) con el objetivo de contar con una evaluación técnica y objetiva de la labor que está llevando a cabo la Secretaría de Paz y Convivencia. Las conclusiones del grupo de expertos indican, en síntesis, que el plan es “global, necesario, ambicioso, a la vez que realista, y equilibrado”. De cara a este análisis, los técnicos han realizado un estrecho seguimiento del proyecto y han entrevistado a 67 personas entre familiares de víctimas, expertos universitarios o profesionales de los medios de comunicación. El informe también señala que el proyecto impulsado por la Secretaría de Paz y Convivencia “acierta al establecer el reencuentro y los derechos humanos como ejes fundamentales”, apunta Francisco Rey Marcos, codirector de IECAH y uno de los cuatro expertos que ha participado en la evaluación de este proyecto.

Los expertos, no obstante, consideran que “el plan va por delante de lo que el actual tiempo social y político vasco parece en condiciones de metabolizar”, una situación que podría provocar “una brecha entre lo que se pretende y lo que se puede aspirar a lograr entre todos en el corto plazo”. En este sentido, uno de los aspectos que condiciona el desarrollo del proyecto es el contexto político actual. “El plan está muy mediatizado por el clima político”, indican. En este sentido, el informe es claro al señalar la imposibilidad de “abordar los temas más significativos” debido a las constantes fricciones entre los partidos.

La ponencia El informe identifica como ejemplo de estas discrepancias lo ocurrido con la Ponencia de Paz y Convivencia en el Parlamento Vasco, un proyecto en el que “muy pronto quedó de manifiesto que las fuerzas políticas parlamentarias no estaban en condiciones de asumir conjuntamente la tarea de liderar el esfuerzo a realizar”. En la presentación de este informe, Jesús A.Núñez Villaverde, economista, militar y codirector de IECAH, pidió “generosidad” a todos los actores implicados para avanzar y evitar situaciones como la “lamentable parálisis” de la Ponencia de Paz.

Los expertos, no obstante, remarcan que en este contexto es aún más necesaria la labor de la Secretaría de Paz y Convivencia. “Ante la actual falta de motor político para impulsar el esfuerzo colectivo hacia la paz, cobra aún mayor importancia su mera existencia. Gracias a su propia estructura y al dinamismo de la Secretaría, se siguen llevando a cabo acciones que mantienen encendido el motor, creando las condiciones para que, en el momento en el que se produzca el desbloqueo político, se pueda avanzar mucho más rápidamente”, exponen.

Otro de los escollos que identifica esta evaluación es la “pasividad” del Gobierno español, que no ha querido “implicarse a fondo” en el desarme de ETA porque no “le reporta beneficio alguno a corto plazo”, tal y como señalaron ayer. El informe también señala que el Ejecutivo de Rajoy “ha relegado” al Gobierno Vasco en el proyecto del Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

En opinión de los expertos, las “controversias nominalistas” han sido otro de los factores que ha contribuido a la falta de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas. En este sentido, explica que incluso términos como “paz” se han convertido en controvertidos para algunos colectivos en Euskadi debido a la particular lectura que se realiza frente a acepciones comúnmente asumidas.

Lo mismo ocurre con palabras como reconciliación, equidistancia o conflicto, un término que, según señalan, “en cualquier otro contexto es usado de un modo neutral”. De hecho, esta conclusión se puede encontrar en un capítulo del informe titulado “el lenguaje como elemento de distanciamiento”. “Términos que en cualquier otro contexto se usan de modo convencional con contenidos claros, que facilitan la comunicación y el acuerdo, se tornan en el País Vasco en verdaderos frenos que obstaculizan el mero entendimiento y comprensión de las posiciones del otro”, se indica.

Las víctimas El análisis de los expertos también valora el papel que la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco ha otorgado a las víctimas. “Las víctimas forman parte del eje central del plan y su situación se aborda de un modo integral con elementos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como de reconocimiento”, indican. Además, esta evaluación del Plan de Paz y Convivencia considera que la inclusión de “las víctimas de todas las vulneraciones de los derechos humanos cometidas en el País Vasco es coherente con los marcos jurídicos internacionales suscritos por el Estado”, si bien recuerda que “ha planteando problemas en la relación con el Gobierno central”. El documento señala que, a pesar de “la batalla por el relato”, existe al menos un criterio “objetivo e incuestionable” para registrar los hechos ocurridos: la violación de los derechos humanos.

En opinión de los expertos, la relación del Gobierno Vasco con las asociaciones de víctimas “ha experimentado cambios en un sentido muy positivo que ha permitido resolver algunos de los bloqueos del pasado”. Sin embargo, los técnicos encargados del informe también han indicado que “determinadas asociaciones de víctimas tienen una voz que no les corresponde”. Núñez Villaverde pidió ayer a los partidos que “rompan con la correa de transmisión” que han establecido con estas asociaciones para convertirlas en altavoces que “repitan sus mensajes”.

Finalmente, en relación a la política penitenciaria, el informe considera que existe un “apreciable” grado de dedicación a la formulación de iniciativas en esta materia, especialmente en materia de reinserción, a pesar de las limitadas competencias del Gobierno Vasco en esta materia. El equipo evaluador concluye, además, que “no existe fundamento alguno para defender que el plan esté desequilibrado en favor de las personas presas y en menoscabo de las víctimas”.