barcelona - La comparecencia del president catalán, Artur Mas, ante la Diputación Permanente del Parlament, dio ayer pie al mandatario, pero también a su partido, CDC, e incluso a ERC para relacionar el registro de una sede de los convergentes y de la fundación de este partido con una operación orquestada por el Gobierno español y el conjunto del PP para dañar la imagen de la lista independentista Junts pel Sí a menos de un mes de los comicios del 27-S.
En concreto, Mas apuntó implícitamente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el responsable de los registros policiales del viernes en la fundación CatDem y en un despacho de CDC, porque la Guardia Civil, que hizo de policía judicial, depende del ministro. Toda la operación policial fue para obtener un “rédito electoral” y no para perseguir la verdad, resumió. “A estas alturas de la película ya no creo en según qué casualidades”, dejó para la posteridad. En esta línea, negó con rotundidad el cobro de comisiones por parte de CDC a cambio de adjudicaciones de obras.
La comparecencia, que en principio había sido solicitada por el propio Mas para explicar el adelanto de la convocatoria electoral en Catalunya, versó en gran medida sobre la operación policial en las sedes del partido del president, después de que todos los grupos del Parlament solicitaran que ampliara sus explicaciones a lo ocurrido el viernes. El ambiente, además, estaba muy caldeado después de que el pasado martes el PP activara una iniciativa para cambiar las reglas del juego del Tribunal Constitucional con el fin de que este pueda frenar a los soberanistas catalanes.
Mas negó la mayor, que CDC se haya financiado irregularmente. Así, defendió que las aportaciones a la fundación CatDem de Teyco, la empresa investigada, fueron legales, y que tanto en 2009 -año que se investiga- como en el resto de ejercicios estas aportaciones nada tuvieron que ver con “el 3%”, sino que fueron inferiores. Añadió que la mayoría de contratos municipales que obtuvo la constructora no fueron de consistorios nacionalistas, lo que, según él, demuestra que no se financió ilegalmente a CDC. Apuntaló su discurso asegurando que aquellos contratos, pertenecientes al Plan E de Zapatero para impulsar la obra pública, no daba margen a las administraciones para elegir las empresas y se debían adjudicar al licitador que ofrecía el precio más bajo, por lo que no había margen para “discrecionalidades”.
Punto y seguido apuntó -aunque sin citarlo expresamente- a Fernández Díaz como urdidor de la conspiración contra los convergentes. Un departamento, el del Interior, “que no pasa por ser un ministerio que se caracterice por una actuación ejemplar y por las buenas prácticas”. Artur Mas abundó en que no cree “en las casualidades”, por lo que atribuyó el registro a una maniobra de los poderes del Estado para atacar a CDC a las puertas de la campaña electoral y en el mismo día en que la candidatura soberanista Junts pel Sí organizaba un gran acto político.
También acusó a los poderes del Estado de filtrar los registros el día antes de producirse, para crear un gran espectáculo mediático. Lo sabe, dijo, porque desde algunos medios se avisó a dirigentes de CDC de que se iba producir algo contra el partido, “un pollo”, aunque no especificaron qué concretamente. También cargó contra los agentes de la Guardia Civil porque estuvieron cinco horas en la sede de su formación sin hacer nada para apuntalar el circo mediático. Llegó a poner en cuestión el Estado de Derecho al permitir que se filtren a la prensa documentos protegidos por el secreto de sumario. “Esto no es un Estado de Derecho; se persigue políticamente a determinada gente y se hacen montajes para acabar políticamente con determinada gente”, manifestó Mas, quien añadió que “si se sigue así” esto será “la Inquisición y el far west”.
Reacciones La cámara catalana se dividió, como era de esperar. Mientras el representante de CDC habló de “guerra sucia” contra Mas para impedir que siga adelante con sus planes soberanistas, ERC se sumó a la tesis de que el Gobierno del PP “utiliza” los presuntos casos de corrupción en Catalunya para “ir en contra de la independencia”. Por su parte, el PP retó al president a denunciar ante los jueces las filtraciones de documentos bajo secreto de sumario, y Ciutadans señaló que el verdadero “adversario” de Mas para el 27-S es “la verdad y lo que parece verdad”, en alusión a la investigación de las mordidas del 3 por ciento.
Ante las acusaciones de Mas, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó que el president catalán no busque “culpables fuera” y que por una vez se haga “directamente responsable” de casos de corrupción que afectan a su partido.
