madrid - Con la presencia del candidato Xavier García Albiol y un punto de sobreactuación, el PP presentó ayer una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para que esta instancia pueda sancionar a los gobernantes que no cumplan sus resoluciones. La propuesta está diseñada para responder a un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Catalunya, y los populares pretenden impulsarla mediante una tramitación de urgencia. “La broma se ha terminado”, expresó el candidato catalán. Los partidos, no obstante, recibieron esta medida como un mero reclamo electoral de los populares, un planteamiento que nace para ser tramitado con premura y que los expertos consultados por DNA consideran muy poco atinado.
A pesar de que la reforma es aplicable a funcionarios o gobernantes de otras administraciones, los populares no escondieron en ningún momento que se impulsa mirando a Catalunya y, en concreto, a Artur Mas. Al contrario. La propia presencia de García Albiol en la reunión del grupo parlamentario ya ofrecía algunas pistas. El protagonismo que el candidato adquirió ayer y sus declaraciones en rueda de prensa lo dejaron claro. “Esta proposición de ley es la garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro a los que quieren romper Catalunya del resto de España”, indicó.
En opinión de Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra, la medida obedece a un cálculo meramente político y mira fundamentalmente a las elecciones del 27-S. “La propuesta nace con una precipitación evidente y nace del cálculo de que al PP le conviene de cara a la campaña electoral. No se puede entender de otra manera. Se busca recomponer el electorado españolista y ganar peso en esa pugna con Ciudadanos. Además, pretende contentar, de cara a las generales, a las personas más beligerantes con Catalunya. Se busca por un medio jurídico lograr un objetivo político y electoral, aunque creo que les va a salir bastante mal”, indica.
La propuesta prevé que el TC pueda disponer de instrumentos de ejecución para que se cumplan sus resoluciones, algo que podrá hacer de manera directa o a través de otros poderes públicos. En esta línea, en caso de incumplimiento de sus sentencias, podrá imponer multas y “acordar la suspensión de autoridades o empleados públicos”. De hecho, si el TC considera que se persevera en la desobediencia, podrá imponer multas de hasta 30.000 euros a las autoridades o empleados públicos. Curiosamente, el expresidente Aznar impulsó en el año 2003 otra reforma legal, en ese caso vía reforma del Código penal, para responder a la propuesta de Nuevo Estatuto promovida por el lehendakari Ibarretxe.
En cuanto a la tramitación, se plantea la vía de la urgencia y la lectura única, de manera que se evitan pronunciamientos del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que se canaliza evitando comisiones y ponencias. El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU, Juanjo Álvarez, se muestra crítico con el procedimiento: “La urgencia y la actuación ad hoc, orientada a un contexto tenso, y muy concreto, no es lo deseable. Un ámbito tan clave, tan estructural en la conformación del sistema democrático y de su equilibrio no puede reformarse de esta forma”.
Desde su perspectiva, esa utilización del TC debería llevar a un análisis sobre este órgano. “Se debería reflexionar sobre por qué el TC ha perdido gran parte de su prestigio, por qué es visto, con honrosas excepciones, como un órgano más anclado en la afinidad ideológica de sus miembros a las dos corrientes partidistas dominantes que como un órgano verdaderamente arbitral, técnico e imparcial en su lectura constitucional”, indica.
En opinión de Ferrán Requejo el trámite planteado por los populares es, directamente, “una barbaridad procedimental”. “Se trata de una cuestión sensible, ya que altera la calidad de un Estado y de una democracia. Impulsarlo por un procedimiento de urgencia es una barbaridad procedimental”, explica. En todo caso, aprecia otras cuestiones muy criticables en la propuesta. “No da cobertura jurídica a la defensa de los potenciales implicados y parece que se quiere hacer una aplicación automática. Además, degrada el Tribunal Constitucional a una especie de gabinete administrativo que aplica sus propias resoluciones. A nivel jurídico es una propuesta de parvulario”, indica.
Además, en opinión de Álvarez, esa urgencia choca con la voluntad de consenso que debería acompañar a una eventual reforma. “Si alguna reforma debe nacer fruto del consenso, o al menos de un debate serio, fundado, escuchando a todas las voces, es la del TC, ya que la propia legitimidad del sistema está en juego. Es la antítesis de las buenas prácticas, una reforma debe abordarse como una cuestión que involucre a todas las fuerzas políticas, sin exclusión, y dando voz a expertos que expongan cómo cabe mejorar el sistema”.
