Vitoria. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha mostrado su criterio desfavorable a la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) porque considera que cualquier cambio en la RGI debe orientarse a "garantizar a las personas que peor lo están pasando, unos recursos mínimos para poder llevar una vida digna y evitar situaciones de exclusión social".

En una nota, el Gobierno Vasco ha considerado que esta iniciativa "va en la línea de endurecer los criterios de acceso a la RGI, dejando fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena".

El Ejecutivo ha argumentado en defensa de esta prestación que aún no ha tenido "un periodo estable de implantación lo suficientemente duradero" como para poder "evaluar las medidas adoptadas".

En el informe con el criterio desfavorable sobre la ILP enviado al Parlamento, el Gobierno sostiene que "el sistema que provee la RGI no tiene parangón en el Estado" y que "la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para lograr la cohesión social que lo posibilita".

Por último, el Ejecutivo de Vitoria ha ratificado además su "compromiso con el mantenimiento de este valioso sistema de protección social".

La ILP para modificar los requisitos de acceso a la RGI, que plantea entre otros aspectos que los inmigrantes irregulares no puedan percibirla, fue registrada en el Parlamento a finales de noviembre por la Plataforma "Ayudas+Justas" con el apoyo expreso del parlamentario del PP y entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto.