madrid - No era ningún secreto que el Gobierno español del PP no iba a recibir con los brazos abiertos el debate de un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi. La apuesta histórica de los populares por el centralismo y una legislatura plagada de invasiones competenciales que socavan la autonomía vasca anticipaban ese escenario, pero en las últimas horas se ha sabido que Moncloa tampoco va a colaborar en lo más básico brindando los datos que le pide la ponencia del Parlamento Vasco, unos datos en los que sustentar su análisis y poder perfilar el articulado del nuevo marco tras el parón veraniego. Según un escrito que tuvo entrada el jueves en el Parlamento y al que ha accedido DNA, el Ministerio de Presidencia, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, ha denegado la petición de informes de UPyD y, paradójicamente, el propio PP vasco. El Ministerio argumenta que los datos que se piden exceden las competencias vascas y afectan a competencias exclusivas del Estado. En realidad, aunque ese argumento sí podría aplicarse a la petición del informe sobre la independencia, entre los requerimientos figuraban otras cuestiones que ni remotamente son competencia exclusiva estatal, como el Concierto Económico o el desarrollo del Estatuto de Gernika y las transferencias pendientes. Madrid ha optado por cortar por lo sano y denegar todos los informes.
La ponencia culminó en mayo la fase previa de comparecencias de expertos. Ahora permanecía a la espera de recibir los informes pedidos a los gobiernos vasco y español para redactar un resumen de todo los datos recabados estos meses y, con ese dossier, entrar ya en harina perfilando el articulado del nuevo estatus a la vuelta del verano. El Gobierno Vasco ya ha respondido que tiene los informes muy avanzados y los remitirá a principios de septiembre. Sin la respuesta de Madrid, no se podía avanzar. Finalmente, ha denegado la petición, pero al menos ya hay una respuesta firme y la ponencia puede seguir adelante y abordar el articulado en septiembre. Las transcripciones de las intervenciones de los expertos también están ya disponibles y listas para encuadernar.
Se prevé que en la próxima reunión tras las vacaciones se debata la respuesta de Madrid y se siga adelante, porque ya no habría nada más que rascar en el Gobierno español. La única visión de Madrid aportada en la ponencia ha sido la del ahora ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien acudió en calidad de secretario de Estado para la Unión Europea. Dijo que los estados que decreten su independencia unilateralmente quedarán fuera de la unión.
El propio PP había pedido tres informes sobre el coste económico de la independencia y las relaciones con Europa, el desarrollo del Estatuto y las transferencias pendientes, y el nivel competencial vasco y su comparación con otros territorios europeos. Su negativa supone un desaire también para los populares vascos, que además se quedan sin datos para sustentar con mayor empaque sus posiciones en la ponencia. UPyD, por su parte, había pedido análisis sobre el Concierto y el cálculo del Cupo (el dinero que paga Euskadi a España por servicios como el Ejército o la Corona y en concepto de solidaridad con otros territorios), las duplicidades del sistema autonómico, el coste de mantener “infinidad” de ayuntamientos en España y en Euskadi, el coste de la independencia, la viabilidad de un sistema de pensiones vasco, la salida del euro en un escenario de ruptura, comparar el autogobierno con estados federales y el “inexistente” derecho de autodeterminación. Todas las peticiones de informes se sintetizaron en diez y se canalizaron a través de la delegación del Gobierno español. A pesar de que el planteamiento de los informes era inocuo para el PP porque coincide con sus tesis centralistas, Madrid ha rechazado la solicitud.
Esgrime el reglamento del Parlamento, que delimita la información que puede solicitarse al Estado y la circunscribe a competencias atribuidas a Euskadi que no hayan sido transferidas. “Cuando el requerimiento vaya más allá de las competencias autonómicas propias, no existe obligación legal exigible para la administración requerida, en este caso, la administración general del Estado, de atenderlo”, zanja la respuesta de Madrid. “Dado que el objeto de la solicitud excede el ámbito competencial propio de esa comunidad autónoma y afecta a competencias exclusivas de la administración general del Estado, se deniega la petición efectuada al no encontrarse fundamento legal”, firma el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas. PNV y EH Bildu pidieron informes, pero a Lakua.
frialdad El gabinete de Rajoy pone tierra de por medio en el debate y elude vincularse lo más mínimo a él. No deja de ser significativo que la negativa proceda del departamento de Sáenz de Santamaría, que hasta la fecha había sido la interlocutora de Rajoy con el PNV de Andoni Ortuzar. El desalojo del popular Javier Maroto de la Alcaldía de Gasteiz por el jeltzale Gorka Urtaran, sin embargo, ha dejado muy tocadas sus relaciones. Algunos medios señalaron que la vicepresidenta llamó a Ortuzar pretendiendo evitar el desalojo, y apelando a la lealtad entre ambas partes. En cualquier caso, la interlocución ha dado al PNV frutos muy contados en la presente legislatura, que ya toca a su fin con las elecciones generales de finales de año en el horizonte.
Al Gobierno Vasco. Tiene ya muy avanzada su elaboración. Los entregará a comienzos de septiembre. El PNV pidió análisis sobre el coste del incumplimiento del Estatuto de Gernika y las relaciones económicas entre Euskadi y el Estado. EH Bildu reclamó datos sobre el estatus del euskera, y las relaciones de la comunidad autónoma con el resto de Euskal Herria tanto a nivel del Gobierno vasco como de las diputaciones. UPyD pidió informes sobre el cálculo del Cupo y la viabilidad de un sistema de pensiones vasco.
Al Gobierno español. El PP pidió informes sobre el coste de la independencia, el desarrollo del Estatuto y las transferencias pendientes, y el nivel competencial vasco y su comparación con otros territorios europeos. UPyD, sobre el cálculo del Cupo, las duplicidades del sistema autonómico, el coste de mantener “infinidad” de ayuntamientos y de la independencia, la viabilidad de un sistema de pensiones vasco, la salida del euro, comparar el autogobierno con estados federales y el derecho de autodeterminación.
