Bilbao - A pesar de los tiempos que corren, la Comisión Europea continúa empeñada en definir y garantizar un mínimo social para el conjunto de la ciudadanía con el objetivo básico de reducir la pobreza sí, pero también de avanzar hacia un modelo de crecimiento más justo. Un propósito compartido por plataformas sociales y por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que ayer puso a Euskadi y sus políticas sociales como ejemplo a seguir.

Así lo expresó Sergio Aires, presidente de EAPN, quien alabó el sistema de coberturas sociales desarrollado por las administraciones vascas. En su opinión, el conjunto de las instituciones -desde el Gobierno Vasco hasta los ayuntamientos, pasando por las diputaciones forales- “han entendido la protección social como una inversión y como un motor para la economía”. Una idea que, según parece, no caerá en saco roto y que bien podría ser incorporada en años venideros a las estrategias y modelos de gestión de países y Estados miembro de la UE

De hecho, la delegada de la Comisión Europea en materia de Empleo y Asuntos Sociales, Susanne Conze, confirmó ayer en Bilbao (durante la inauguración del Congreso Estratégico anual y Asamblea General de la EAPN) que este órgano europeo tiene previsto convocar en próximas fechas a las organizaciones sociales a un proceso de debate “en el que también se escuchará la voz de las personas que sufren la pobreza” con el reto principal de afrontar esos desafíos sociales. Las conclusiones, agregó Conze, podrían ser presentadas a lo largo de 2016, resumió.

En el acto celebrado ayer en la Universidad de Deusto tomó parte el lehendakari Iñigo Urkullu, quien reiteró el compromiso de su Ejecutivo con la lucha contra la pobreza y por el mantenimiento de esos Servicios Sociales, al tiempo que apostó por “estimular la economía y el empleo para lograr una sociedad cohesionada y equilibrada”.

Consecuencias sociales En este sentido, Urkullu subrayó que el sistema vasco de prestaciones sociales “ha contribuido a mitigar las consecuencias sociales más extremas” asociadas al incremento del desempleo debido a la crisis, aunque reconoció que el año pasado un 5,9% de la población vasca sufrió “el impacto de la pobreza real”. Asimismo, sostuvo que Euskadi refleja una tasa del 3% de umbral de pobreza grave, si bien es menos de la tercera parte del 10,6 % del Estado español.

En ese desglose de datos, Urkullu también advirtió de que un 88% de las personas en paro existentes tienen más de 25 años y alrededor de dos tercios tienen responsabilidades directas en el mantenimiento del hogar. Una circunstancia que, a su juicio, es síntoma de que aunque la recuperación económica ya se atisba, “la crisis social aún está muy lejos de haber pasado”.

Una idea en la que también incidió la representante de la Comisión Europea, quien reconoció que el continente atraviesa un momento muy difícil ante problemas sociales como la inmigración, la situación de Grecia y las diferencias entre los Estados miembros. Un cúmulo de escenarios “que requiere un gran esfuerzo en la búsqueda de soluciones, en aras a lograr una UE más justa y legítima desde el punto de vista democrático”. En este sentido, Conze abogó por “definir un mínimo social garantizado para todos los ciudadanos europeos, una base de protección”, al estilo Basque country, que permita mitigar los dramáticos efectos de la pobreza.

Por su parte, el presidente de la EAPN, resto valor a esas “palabras bonitas” que se realizan desde instituciones europeas y Estados en torno a la lucha contra la desigualdad. De hecho, apremió a la clase política a “ser honestos y ahondar en las causas de la crisis” al tiempo que advirtió de que las políticas de ajuste ahondarán en la desigualdad y la pobreza. Por todo ello, reclamó al conjunto de representantes institucionales “valentía para regular el mercado financiero”.