madrid - Gestaron un sistema ilegal saltándose los controles de auditoría, “cebaron sin descanso” las partidas de los ERE y adoptaron estas decisiones de manera jerárquica y piramidal. Así razona el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro la imputación formal de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y del diputado Gaspar Zarrías, al apreciar indicios de prevaricación administrativa en la conducta de los exmandatarios del socialismo andaluz, amén de entender que el penúltimo de ellos cometió un delito de malversación de caudales públicos. Un golpe a la línea de flotación del PSOE, en tanto que Pedro Sánchez parece enderezar el rumbo de su liderazgo tras recuperar poder institucional tras el 24-M, y después de que la presidenta de la comunidad afectada, Susana Díaz, consiguiera ser investida con el respaldo de Ciudadanos dando curso a un decálogo anticorrupción y de regeneración democrática al hilo de este escándalo.

No ha hecho falta siquiera que desde Ferraz les reclamaran sus actas de diputados ya que Chaves, Zarrías y Viera las pusieron a disposición del partido, que aceptó sus respectivas renuncias sin suspenderles de militancia. Todo estaba previsto. El PSOE no se iba a encontrar en la tesitura de tener que forcejear nada menos que con quien rigió los destinos de Andalucía y de la propia formación, y Chaves tampoco se iba a resistir una vez que el Supremo ratificara que se le imputaba un delito concreto. De los cinco ex altos cargos a los que investigaba, el juez, seguro de que el Ejecutivo andaluz cometió “auténticas ilegalidades”, solo exculpa a la senadora Mar Moreno. Y, pese a que Griñán renunció a ser senador, el magistrado considera que debe ser juzgado junto al resto de los aforados en esta causa por ser supuesto coautor del delito de prevaricación. Ya no queda ninguno y, por ello, según fuentes jurídicas, la dimisión en bloque de los tres aforados provocará que el caso regrese al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, donde Mercedes Alaya continúa al frente del sumario. La Sala de lo Penal esperará a la comunicación de las Cortes sobre estas dimisiones, en lugar de tramitar el suplicatorio que proponía el instructor.

La abdicación de Chaves ha frenado la amenaza de una moción de censura por parte de Ciudadanos si no se producía la marcha inmediata de los imputados, tal y como había acordado con el PSOE para garantizar la estabilidad de la Junta con la proclamación de Díaz. El líder de la formación naranja, Juan Marín, prácticamente se dirigía a la sala de prensa del Parlamento para advertir a la presidenta de su ultimátum, pero al final guardó esa documentación en una carpeta y se vanaglorió de la efectividad de su pacto. “Díaz ha cumplido con su promesa de que su palabra era su patrimonio”, se congratuló. De todas formas, lo incuestionable es el relato de Barreiro a lo largo de sus 130 folios, una exposición razonada del sistema de ayudas sociolaborales a empresas y particulares, implantado por la Junta durante diez años -entre 2000 y 2010-, donde analiza cómo fue modificándose para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con ausencia del control propio de las subvenciones.

El magistrado recoge también las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron en ese periodo y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación, calificando los retoques como “arbitrarios”, un poder que se desviaba hacia unos fines que tenían “un componente claramente ilícito”. Según Barreiro, se realizaba así un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones “ilegalmente concedidas”; y cita las palabras del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, en un escrito al Parlamento andaluz donde señalaba que los imputados “cebaron sin descanso la partida de los eres”.

Cree el Supremo que el sistema de concesión de subvenciones falseaba el presupuesto, cuantificando en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta gastó y pagó en esa década en las ayudas acordadas y concedidas. En relación al perjuicio económico a la Administración andaluza, el juez piensa que no se podrá valorar con exactitud hasta pasados unos años. El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 eres donde se efectuaron pagos excesivos. Finalmente, Barreiro dedica un apartado en el auto de Griñán a destacar los problemas que plantean los aforamientos, en cuanto que fragmenta el proceso e impide un enjuiciamiento conjunto, cuando el aforado además puede renunciar al fuero en un momento determinado.

Las reacciones no tardaron. César Luena, secretario de Organización del PSOE, aplaudió que el compromiso del partido “se ha cumplido” con la renuncia de los implicados, “gesto que les honra”, confiando en que “puedan probar su inocencia”; el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, exigió a Díaz y Sánchez explicaciones urgentes para saber “absolutamente toda la verdad de lo que ha pasado en el caso ERE”, sobre todo “si se miró para otro lado”. “Ha quedado desmentido lo que decían los dirigentes socialistas cuando apuntaban que la trama era cuestión de cuatro golfos ajena a la cúpula del gobierno”, argumentó el popular. Para el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, la resolución supone “una enmienda a la totalidad” a la forma de gobernar del PSOE, que lo hacía “basándose en el clientelismo y arbitrariedad”. Crítica se mostró la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien recordó a Díaz que era parte del Consejo que tomó decisiones que supusieron un fraude de en torno a 1.0000 millones de euros del dinero de los parados”. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, sacó pecho: “Algunos se han pasado 33 años sin controlar la corrupción; otros, pidiendo cargos. Nosotros, en tres meses, logramos cambios”.