VALENCIA. Grau, que será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial por los contratos que firmó como presidente de Valencia Turismo con el Instituto Nóos, ofrecerá este mediodía una rueda de prensa.
El procesamiento de Grau llegó después de que la Audiencia de Palma estimara el recurso del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia contra el auto del juez José Castro que excluyó a Grau de la lista de acusados que se iban a sentar en el banquillo cuando cerró la instrucción del caso.
Castró ya había sobreseído la causa contra Grau en el escrito de pase a procedimiento abreviado y en ambos casos, la Audiencia de Palma corrigió a Castro y mostró los mismos argumentos para instarles a volver a imputar al ya exvicealcalde de Valencia.
Tras el último pronunciamiento, adoptado por unanimidad por los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna, contra el que no cabía recurso, el juez Castro emplazó a Grau a presentar su escrito de defensa, cuya plazo límite expiraba inicialmente el próximo día 7 de abril.
No obstante, el pasado jueves el juez Castro paralizó el plazo que dio a Grau para presentar su escrito de defensa hasta que la Audiencia de Palma responda a las aclaraciones que ha pedido sobre las acusaciones que pesan sobre él.
Después de conocer su procesamiento definitivo, Grau lamentó tantas "idas y venidas, entradas y salidas" de su persona en la causa y aseguró que no hacía valoraciones de las decisiones judiciales y que las respondía "día a día".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de quien Grau era hasta ahora su mano derecha, mostró su "absoluta confianza en el juicio" de su vicealcalde para tomar la decisión más oportuna y aseguró que la respetaría "plenamente".
También defendió que no existe más línea roja en el partido "que la marcada por los estatutos" -dimisiones en caso de apertura de juicio oral-, frente a la "línea roja" del president de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que insta a no compatibilizar imputación con cargo público.
La Audiencia de Palma considera a Grau "impulsor de la concertación" entre la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (Fvtcb) y el Instituto Nóos para organizar tres foros sobre deporte y diseñar la candidatura para unos Juegos Europeos y por lo que la entidad cobró 3,5 millones de euros.
Grau siempre ha defendido el carácter privado de la Fundación y que contrató con Nóos porque le parecía "una propuesta razonable", que iba a servir para la proyección internacional de Valencia, ya que tendría como invitados a personas de gran relevancia.
Los magistrados de la Audiencia han considerado que, aunque materialmente la Fundación" actuaba con entidad privada, "se refugiaba" en esa naturaleza jurídica "pese a que en realidad era de interés público, para burlar las normas de contratación", que eran de obligado cumplimiento a partir de marzo de 2005.
Según la sala segunda de la Audiencia de Palma, en cualquier caso, el conocimiento de Grau sobre cuáles eran las obligaciones de la Fundación que presidía deberán dilucidarse durante el juicio.
Apoya su decisión en testimonios de patronos de la Fundación que apuntaron hacia Grau como el máximo responsable de los contratos con Nóos y que señalaron que la dirección del organismo proponía las decisiones a adoptar y se hacía con escasa información y sin votaciones.
Además, la sala abunda en que la participación de Grau "deriva tanto del compromiso económico del Ayuntamiento como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del consistorio y ésta ya estaba comprometida desde que Rita Barberá remite a Urdangarín y Diego Torres a la Ftvcb y a Cacsa", la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
