La juez Mercedes Alaya ha aguado la campaña electoral al PSOE andaluz reactivando la causa de los ERE en puertas de los comicios autonómicos del 22 de marzo. La poderosa baronesa socialista, Susana Díaz, tenía ante sí el prometedor horizonte de revalidar su victoria e imponerse a Podemos, e incluso esgrimir ese resultado en el futuro para liderar el PSOE en detrimento de Pedro Sánchez. Pero la juez de instrucción 6 de Sevilla, que sigue avanzando en sus investigaciones, abrió ayer una nueva causa contra la Junta de Andalucía, tras una denuncia del PP del territorio y derivada del caso de los ERE. En concreto, la causa se centra en los avales concedidos desde 2009 a varias empresas. Ha imputado a cuatro ex altos cargos de la administración andaluza. Desde el PP no tardaron en frotarse las manos y opinar que esta causa apunta a lo más alto, como dijo su candidato Juanma Moreno, ya que esas ayudas, según sostuvieron, fueron aprobadas en Consejo de Gobierno y publicadas en el boletín oficial, de modo que debían conocerlas necesariamente las más altas instancias socialistas en el Ejecutivo de la comunidad.

En un auto dictado el día 24 de febrero, al que tuvo acceso Efe, la juez explica que abre la nueva causa para dar un “adecuado impulso procesal” tras la información que recibió relativa a los avales concedidos por la Junta a empresas en el caso de los ERE. La juez ha imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al exconsejero de Innovación Martín Soler, al exviceconsejero del mismo departamento Jesús María Rodríguez, al ex director general de la empresa pública IDEA Jacinto Cañete, y al ex secretario general de Innovación, Juan Francisco Sánchez, que han sido citados a declarar entre 5 y el 8 de mayo y están imputados también en el caso de los ERE.

La prueba pericial pretende conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2009, cuando se concedieron avales o créditos por 71,2 millones cuando el límite eran 18 millones. En este sentido, pide analizar el acuerdo de Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 “y las alegaciones que a tal efecto realizó el que fuera director de la Agencia, Jacinto Cañete”. También pretende conocer si los avales fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y si eran autorizados por el consejo rector de IDEA, el Consejo de Gobierno y la Comisión Europea, así como el montante de los fondos públicos recuperados y si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales. Además, quiere conocer si las garantías prestadas y las comprobaciones de idoneidad de los avales fueron las necesarias “o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades”.

Alaya pide indagar si las empresas recibieron también ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo por si se ha producido un incumplimiento del principio de ayuda única, y requiere la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno y el acuerdo de junio de 2010 por el que se ratificaron los avales concedidos en 2008 y 2009 y las actas de la comisión de viceconsejeros previa a estos acuerdos.

Fuentes del PP destacaron que la importancia de esta causa radica en que, a diferencia de los ERE, todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los acuerdos fueron publicados en el boletín. Este dato permite “intuir” que la investigación se dirige a la cúspide de la pirámide de la Junta: el Consejo de Gobierno, subraya el PP. Alaya ordena a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas según una orden de 5 de noviembre de 2008 y otras sucesivas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por su parte, rehusó valorar el auto de Alaya y entrar en disquisiciones sobre la proximidad de las elecciones. “Jamás hablo de los autos ni de la oportunidad de los autos. Ustedes lo pueden valorar por sí mismos”, se limitó a señalar. - DNA/Efe