arrasate ? La muerte ayer del miembro de ETA Iosu Uribetxebarria Bolinaga llega en plena campaña de imagen del Partido Popular ante las víctimas que el próximo sábado día 24 de este mes intentará reunir una multitud en Madrid en una manifestación convocada con la intención de reprochar a la formación liderada por Mariano Rajoy las “traiciones” acumuladas en estos tres años en La Moncloa en relación al mantenimiento del estatus legal de la izquierda abertzale política y la salida de presos de ETA, aunque sean a consecuencia de una sentencia o de la correspondiente liquidación de la condena.
Uribetxebarria, de 59 años, falleció en su domicilio de Arrasate, después de más de dos años desde su puesta en libertad condicional por el cáncer terminal que padecía. Cumplía varias penas que sumaban casi 180 años de prisión por los asesinatos de tres guardias civiles y por los secuestros del industrial Julio Iglesias Zamora en 1993 y tres años después el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el cautiverio más largo de la historia de ETA, de quinientos días.
La concesión de la libertad condicional por enfermedad grave al preso de Arrasate derivó en un enfrentamiento entre el PP y el Gobierno de Rajoy con algunas asociaciones de víctimas con mucha capacidad de presión política y mediática, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por Ángeles Pedraza, y Covite, cuya cabeza más visible es Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, quien fuera dirigente del PP en Euskadi, asesinado por ETA en enero de 1995.
La ruptura venía ya de antes, pues estos colectivos ?los más radicales entre las víctimas, pero no necesariamente la mayoría ni los más numerosos en afiliación? ya habían tachado de “traición” la política del Gobierno del PP respecto de la legalización de Sortu y la gestión de los presos de ETA, antes y después del anuncio de la organización armada de abandono definitivo de la violencia.
La manifestación de la AVT va camino de convertirse en una cita habitual para cantarle las cuarenta al Gobierno español. Supone un trago amargo para Rajoy y su gabinete y prueba de su propia medicina, después de muchos años en la oposición saliendo pancarta en mano con las víctimas y contra el Gobierno socialista por lo mismo que ahora se les acusa.
preocupación ‘popular’ La manifestación incomoda sobremanera al PP en la medida que pone en duda su compromiso con las víctimas. En la sede de Génova preocupa mucho que se les endose esta vítola sobre todo a las puertas de un ciclo electoral con las municipales de mayo y las decisivas generales de otoño. Para combatirlo ha puesto toda la carne en el asador en este comienzo de año. Se trata de acumular méritos ante las víctimas y entre los trofeos destaca la operación Mate del pasado lunes que terminó con la detención de doce abogados de presos de ETA y cuatro miembros de la suspendida Herrira (tres de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial). Al día siguiente, los populares se anotaron otro triunfo al conseguir doblar al Tribunal Supremo a sus tesis sobre el descuento de los años de condena cumplidos en Francia por los presos de ETA. El alto tribunal rechazó el recurso de Kepa Pikabea, recluso de la vía Nanclares que abandonó ETA por no compartir la lucha armada, y cierra la puerta a una nueva excarcelación masiva de presos de la banda, como ya ocurriera un año antes tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.
La ofensiva del PP tiene continuidad este próximo lunes, día en que la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, participará junto con Arantza Quiroga en un acto en memoria de las víctimas del terrorismo que se celebrará en Bilbao. Además, el próximo viernes el PP celebra en Madrid su Convención Nacional y, aunque todavía no está cerrado, aprovechará ese marco para realizar un homenaje a Gregorio Ordóñez con motivo del vigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA.
Tras la muerte de Uribetxebarria estas asociaciones de víctimas pierden a una de sus señuelos para atacar al PP, hasta el punto que esta misma semana la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, señaló el “caso Bolinaga como el De Juana del PP”. El recluso, que nunca mostró arrepentimiento, aún se enfrentaba a una causa pendiente por el asesinato de un guardia civil en 1986, por el que la Fiscalía había pedido esta misma semana una pena de 29 años de prisión.
El PP de la CAV, a través de su secretaria general, Nerea Llanos, destacó que Uribetxebarria ha podido morir en su casa y no en una prisión, lo que representa “una prueba palmaria de la generosidad del Estado de derecho”.
Sortu atribuyó a la política penitenciaria “criminal” del Gobierno español el fallecimiento de Uribetxebarria, de quien dijo que sufrió un “trato infame” tras ser puesto en libertad por parte de quienes se “mofaron” y pusieron en duda su grave estado de salud. Por su parte, el presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, señaló que la medida de libertad condicional concedida en 2012 “estaba justificada”, como se ha visto ahora tras su fallecimiento por enfermedad.
Etxerat denunció que las “continuas exigencias de que muriera inmediatamente o fuera nuevamente encarcelado”, han infligido “un sufrimiento añadido a su familia”. Los amigos del fallecido han convocado una manifestación mañana en Arrasate para exigir la libertad de los presos enfermos y el fin de la dispersión. l
