El despacho de Montoro cobró de una multinacional del juego vinculada al exministro Catalá

Así lo mantienen los Mossos d'Esquadra en un informe de noviembre de 2022 sobre "presuntas irregularidades" en el proceso de otorgación de licencias de juego en línea para operar en España, al que ha tenido acceso EFE y que figura en la causa abierta por el juez de Tarragona que investiga si el despacho de Montoro cobró de empresas del sector de los gases industriales a cambio de legislar a favor de sus intereses.

En su informe, la policía catalana sostiene que el presunto tráfico de influencias que el juez atribuye a los responsables de Equipo Económico no se ciñó a los gases industriales o las energías renovables, sino que "podría haberse extendido a otros sectores que necesitaran, en su propio beneficio, haciéndose valer de los acreditados contactos e influencias de la firma", entre ellos el del juego por internet.

Codere, de la que Rafael Catalá fue secretario y consejero entre los años 2005 y 2011, es una multinacional de apuestas deportivas líder en España, que según el informe llevaba años demandando a los distintos Gobiernos que se regulara el juego 'online', dado que se consideraba en desventaja respecto a empresas del sector afincadas en otros países y que no tributaban en España.

Según concluyen los Mossos d'Esquadra, el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), realizó inspecciones a empresas del juego extranjeras para que pagaran impuestos con retroactividad como condición para obtener las licencias, lo que beneficiaba a Codere, cliente de Equipo Económico.

El informe señala que esa firma "habría hecho labores de 'lobby' junto o a través de Equipo Económico" durante la redacción de la ley del Juego, en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y durante su posterior implementación, ya con el PP, en este último caso "en relación al proceso de adjudicación de las licencias del juego para operar en España".

Pagos para influir en la ley del Juego

Los investigadores detectaron en 2018 pagos de Codere a la asesoría de Equipo Económico, que entre los años 2008 y 2012 había facturado a la multinacional del juego un total de 679.000 euros.

Para los Mossos d'Esquadra, con esos pagos, anteriores incluso a la entrada del PP en el Gobierno, la empresa pretendía no solo influir en la implementación de la ley del Juego sino en su tramitación.

Según el informe, el exministro Catalá "continuó ligado de alguna manera a Codere" tras abandonar la dirección para entrar en el Gobierno del PP, dado que formaba parte de la Fundación del mismo nombre en calidad de patrono, y en 2019, ya desvinculado de cargos políticos, se volvió a incorporar como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales de la empresa.

En su informe, la policía catalana remarca además que, antes de ser ministro de Justicia -entre 2014 y 2018, en el Gobierno de Mariano Rajoy-, Catalá fue entre 2000 y 2002 subsecretario de Hacienda, ministerio en el que coincidió con Cristóbal Montoro y varios miembros de su departamento, que posteriormente constituirían el "núcleo principal" de Equipo Económico.

Los Mossos d'Esquadra concluyen que las "supuestas presiones" de Codere, junto a las inspecciones realizadas por la ONIF, "abocaron en el pago extemporáneo de los impuestos por parte de las operadoras extranjeras, de tal manera que se debilitó la estructura financiera de aquellas, la cual cosa llevó a una escasa o nula inversión en publicidad para poder hacer frente al pago de los impuestos exigidos".

Asimismo, añade el informe, la modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego llevada a cabo por Cristóbal Montoro a finales de 2012 "significaba un reclamo para los jugadores que beneficiaba a las empresas operadoras del juego", ya que los jugadores a partir de ese momento podían deducirse las pérdidas anteriores a la hora declarar las ganancias.

"Todo ello", añaden los Mossos, "en un momento en el que se estaban llevando a cabo recortes fiscales debido a la crisis financiera que atravesaba el país".