gasteiz- El Gobierno Vasco ha decidido tomar las riendas del desarme de ETA ante la falta de movimientos en esta delicada materia de la propia organización armada y del Gobierno español. No está dispuesto a dejar correr el tiempo mientras la banda maneja los tiempos en beneficio de su propia estrategia y La Moncloa deja pudrir el asunto hasta el día indefinido en el que ETA se disuelva. Uno y otro parecen haber encontrado acomodo en esta situación y han optado por mantener hibernado este frente.
El Gobierno hizo pública esta oferta después de que la Comisión Internacional de Verificación anunciara en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas y explosivos. Tras conocer el mensaje del grupo de verificadores liderados por Ram Manikkalingam, el Ejecutivo vasco manifestó su “respeto y apoyo a los buenos oficios que desarrollan” los verificadores, y adelantó que tenía conocimiento “de la situación de estancamiento en el proceso de desarme que refleja el comunicado”.
Ante ese estado de cosas, el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu lanzó a la arena pública su propuesta para un desarme rápido y unilateral, en el que intervendría con un rol protagonista y muy activo en un proceso transparente y monitorizado, en la medida de lo posible, por la sociedad vasca y el Parlamento.
Frente al modelo de desarme escogido por ETA, de “sellado no verificado y sin calendario”, el Gobierno Vasco plantea un procedimiento para un desarme “rápido, viable y efectivo” mediante un gesto unilateral y con cobertura social, internacional y del propio Ejecutivo autonómico.
La propuesta redactada por el equipo del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, está basada en cinco pasos, que arrancaría con una aceptación por parte de ETA de materializar el desarme ante la sociedad vasca mediante “los buenos oficios” de un comité compuesto por agentes sociales, internacionales y del Ejecutivo vasco.
El siguiente paso conllevaría la obligación de que ETA estructurara “en un plazo de tiempo comunicado el depósito de todas sus armas y explosivos y en un número de almacenamientos localizables y seguros para la población”. Paralelamente, el Gobierno Vasco propone la constitución de un Comité para el Desarme compuesto por miembros del Foro Social que se ha reunido con el Comité Internacional de Verificación, así como por agentes internacionales y representantes del Gobierno Vasco. Entre estos agentes internacionales estaría el grupo de verificadores internacionales liderados por Ram Manikkalingam que el pasado 22 de febrero presentó en Bilbao undocumento con sello oficial de ETA con un inventario de un minúsculo arsenal de armas y explosivos precintado por la banda y verificado por la Comisión de Verificación.
En cuarto lugar, el procedimiento marcado por el Gobierno Vasco establece que ETA entregaría la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca en el Comité para el Desarme. Y el quinto y último paso sería el de la entrega de esta información al Comité para el Desarme, que lo pondría a su vez en manos del Gobierno vasco “para que éste actúe como legalmente proceda”.
Desde el anuncio de final de la lucha armada de ETA el 20 de octubre de 2011, la banda ha lanzado diferentes comunicados referidos al desmantelamiento de sus estructuras operativas y logísticas y el sellado de sus arsenales. Pero buena parte de esos compromisos no se han materializado, lo que lleva al Gobierno Vasco a concluir que la organización armada “se ha instalado en el no-desarme”. El Gobierno de Urkullu considera que prolongar esta situación supone un alto coste social y político a la sociedad vasca.
Considera que esta situación “impide pasar página”, ya no solo por su carga simbólica sino porque además recuerda la amenaza de violencia. Además cree que es un verdadero obstáculo que impide desarrollar un “diálogo plural” entre partidos o en el Parlamento Vasco, institución a la que también propone solicitar apoyo en la constitución del Comité para el Desarme. Y, por último, considera que el no-desarme bloquea la “normalización de la izquierda abertzale en el juego político”.
Por estas razones, el Gobierno de Urkullu ha decidido emplazar directamente a ETA con esta propuesta de desarme. Hasta ahora la gestión del proceso para poner fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos ha corrido a cargo de los verificadores internacionales que actúan como facilitadores desde prácticamente el anuncio de fin de la violencia de la banda. El grupo de Manikkalingam cobró gran protagonismo el pasado mes de febrero al presentar un inventario del material precintado por ETA. Las imágenes de los miembros de la banda entregando una caja con el arsenal a los verificadores fueron emitidas por la BBC y tuvieron una gran repercusión incluso internacional. Pero desde entonces no ha habido movimientos y no se ha avanzado nada, aunque la Comisión de Verificación manifiesta su convicción de que ETA seguirá dando pasos hasta su “desarme completo”.
rechazo del pse Para el PSE considera que la propuesta del Gobierno vasco “carece de sentido” y le acusa de “arrogarse un protagonismo innecesario”. Fuentes de la formación liderada por Idoia Mendia señalaron a Europa Press que lo “razonable” de cara a un desarme sería que la organización armada manifestara su decisión ante el Gobierno de España, pese a que lo fundamental es que muestre su “voluntad”. A su juicio, no hace falta ninguna comisión de verificación, ni comité de desarme ni mediador “porque es algo tan sencillo como que ETA manifieste su voluntad de disolverse”.
Por su parte, el PNV considera que no existe ninguna razón objetiva -más allá de la propia decisión de ETA- para que no se produzca ya el desarme que ansía y reclama toda la sociedad vasca. En un comunicado emitido ayer, la formación jeltzale reclama a ETA “pasos más decididos, inequívocos y verificables que los dados hasta la fecha. Pasos que contribuyan a un desarme que, sí o sí, debe ser unilateral”. Por ello, los jeltzales apoyan la propuesta del Gobierno vasco, ya que consideran que “trata de superar el estancamiento actual del proceso”.
Acelerar el proceso. Tras más de tres sin violencia, el Gobierno Vasco considera necesario acelerar el proceso de normalización política con un “emplazamiento directo a ETA y que se describe en el desarrollo de cinco pasos”.
Paso 1. ETA acepta materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un Comité para el Desarme con una composición social, internacional e institucional.
Paso 2. En un plazo de tiempo comunicado, ETA estructura el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población.
Paso 3. Paralelamente se constituye un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro Social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional de Verificación, de los agentes internacionales y por representantes del Gobierno vasco. Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este comité.
Paso 4. ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme.
Paso 5. Esta representación social entrega esta información al Comité para el Desarme que lo pone, a su vez, en manos del Gobierno Vasco para que éste actúe como legalmente proceda.
Ausencia de avances. El Gobierno Vasco cree que la “ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, confirman que ETA se ha instalado en el no-desarme”