“Es dudoso que la ley para impedir excarcelaciones sea válida, incumple la decisión europea”

Todo parte de una decisión marco europea de marzo de 2008. ¿Cuándo apela por primera vez a esta decisión para computar el tiempo que los presos han estado en prisión en Francia?

-El planteamiento inicial es en junio de 2013. Es cuando empezamos a pedir que, a la vista de que hay personas que llevan en prisión muchos años desde que son detenidos en Francia, y sin embargo no tienen mucho cumplido porque en España llevan mucho menos tiempo, parece una cuestión de justicia que se tenga en cuenta el tiempo cumplido en cárceles francesas. Entonces, el planteamiento es el de solicitar una acumulación de condena en base fundamentalmente a la legislación española, en el artículo 76 del Código Penal, que dice que se pueden acumular sentencias conexas, y estas lo son aunque sean en países distintos. Y un argumento, por decirlo de alguna manera, añadido es que, además, la legislación española hay que interpretarla conforme a las decisiones marco europeas, en concreto esta de 2008. Es un elemento de interpretación de la legislación española que el Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo (caso Urrosolo) lo acoge. Pero no es que sea la aplicación de una decisión marco europea, que es verdad que no se aplican directamente, sino que es una interpretación de la legislación española que obligatoriamente tiene que hacerse a la luz de una decisión europea.

Es entonces cuando el Gobierno español reacciona, cuando ve que esto puede significar que muchos presos de ETA (más de 50) pueden salir a la calle de forma inmediata.

-Sí, la sentencia de marzo de Urrosolo fue pública y tuvo su reflejo en la prensa, pero inicialmente quizá no se dieron cuenta de lo que podía significar. Se ve que en estos meses el Gobierno se da cuenta y es en septiembre cuando meten una enmienda en unos proyectos de ley para impedirlo.

Parece una legislación ad hoc para evitar que estos presos salgan.

-Inicialmente, no. Estos proyectos de ley para trasponer decisiones europeas entran en el Congreso el 14 de marzo, al día siguiente de la sentencia de Urrosolo, con lo que es evidente que no hay esa relación. Es en septiembre cuando el Grupo Popular en el Senado mete unas enmiendas que sí van dirigidas a impedir que cuente el tiempo pasado en Francia.

¿Es esto legítimo?

-Siempre una reforma legislativa ad hoc para algo es dudoso. Lo que es más dudoso desde el punto de vista legal es que una ley interna española cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico interno unas decisiones europeas lo haga de tal forma que las contradiga. Eso es lo que es jurídicamente bastante cuestionable.

¿Se legisla a golpe de alarma social?

-En este caso concreto, sí parece claro que viendo el Gobierno que podía haber un número importante de excarcelaciones por tener cumplidas las condenas y que se repitiesen las imágenes de cuando se derogó la doctrina Parot, no lo podía permitir, y menos en periodo electoral.

¿A partir de esta nueva ley del 3 de diciembre ya no cabe ninguna petición más?

-Tendremos que ver lo que ocurre a partir de ahora. La cuestión es cuál es el derecho aplicable, si el que estaba vigente cuando se solicitó o ahora cuando se vaya a resolver. Y luego está este elemento de que en realidad la ley que ha entrado en vigor contradice la decisión marco europea. Esto se basa en el Tratado de la UE, entonces hay un incumplimiento internacional, porque España aprobó en el Consejo de la UE esa decisión marco de 2008 y sin embargo, al trasponerlo al ordenamiento jurídico interno, la contradice o la priva de los efectos que podría tener. Desde el punto de vista de legalidad europea, es dudoso que una ley interna que contradiga la decisión marco pueda ser válida.

Causa estupor que depende de qué jueces te toquen o qué día presentes determinada solicitud signifique diez años más o menos de prisión.

-Sí, está claro. Son cuestiones jurídicamente complejas pero de algún modo, por los efectos que tienen en la opinión pública, el debate jurídico se distorsiona. Es obvio que nadie entiende que un mismo tribunal pueda decidir para un caso una cosa y para otro la contraria, o por qué se dice que estos supuestamente salen de la cárcel antes de lo que les tocaba... esto la gente no lo entiende. Genera confusión en la opinión pública. Y tampoco todos los medios de comunicación hacen esfuerzos por explicarlo bien.

Las excarcelaciones han generado durísimas críticas contra los jueces. El propio ministro del Interior ha insinuado que podrían haber prevaricado.

-Sí, e incluso cosas peores. Desde el punto de vista de la independencia del poder judicial, es bastante llamativo. Es inaceptable que la portavoz del Gobierno y el ministro digan que unos magistrados han incumplido la ley, o lo que han dicho algunos medios de comunicación, y que todavía no haya salido el CGPJ a amparar a estos magistrados que lo único que han hecho ha sido aplicar la ley. Si hubieran prevaricado, que evidentemente no lo han hecho, hubiesen prevaricado exactamente igual que el Tribunal Supremo. No han decidido nada distinto a lo que decidió el Supremo el 13 de marzo. ¿Se está acusando también al Tribunal Supremo de haber prevaricado? Son acusaciones gravísimas.

Se supone que todas estas discrepancias las solventará el Supremo el día 16. ¿Qué tiene que decidir?

-Como decisión jurisdiccional, estrictamente el caso de Kepa Pikabea, a quien se le denegó la acumulación de la condena francesa en septiembre, se recurrió al Supremo y esto es lo que tiene que resolver. Los recursos que el fiscal ha presentado en los otros casos todavía no han llegado al Supremo, y no lo harán hasta enero o así, tiene sus trámites. Pero en la medida en que el presidente del Supremo ha convocado al pleno, es decir a todos los magistrados de la sala de lo penal, cabe deducir que lo ha hecho para unificar criterios, que igual lo consiguen o igual no, de cara al futuro, a las posibles recursos de casación.

Se habla incluso de que pueden decretar la vuelta a prisión de los excarcelados.

-Ahora, seguro que no. El único caso que está encima de la mesa es el de Kepa Pikabea. Lo que puede ocurrir es que se estime el recurso, y le tendrían que contar el tiempo en Francia, o que no lo estimen, con lo que no se le contaría. Y los otros casos no están encima de la mesa. Lo que puede suceder este martes es que el Supremo fije un criterio que permita anticipar qué es lo que va a ocurrir cuando lleguen más recursos. Y entonces sí que puede ocurrir que se estimen los recursos del fiscal y entonces se decida que no se les cuenta el tiempo en Francia, se vuelven a hacer los cálculos y entonces les quedaría pena por cumplir. Eso, en los casos que se decidieron el 2 de diciembre, porque casos anteriores como el de Carmen Gisasola no los recurrió el fiscal. No se había armado tanto escándalo, no hubo tanta presión y entonces la Fiscalía no lo recurrió. Ese ya es irrecurrible, es firme. Igual alguien debería preguntar al fiscal por qué unos se recurren y otros no, es una de esas cosas que la gente no entiende, ¿no? Los que generan polémica en los medios se recurren y los que no, no se recurren. Explíquelo usted.

Por su experiencia, ¿qué decisión prevé que tome el Supremo?

-¡Uff! En este caso concreto de Pikabea hay un problema procesal previo, que habrá que ver cómo lo re-suelven. Puede que se lo denieguen por una cuestión formal. Si deciden entrar en el fondo del asunto, a mí me resultaría difícilmente comprensible que se aparten de la doctrina que sentaron en marzo. Con la misma legislación, ¿cómo vas a cambiar la doctrina de hace solo unos meses? Pero bueno, todo es posible.

La pregunta es obvia: si este tribunal ya resolvió de una determinada manera, ¿cómo podría ahora cambiar su propio criterio?

-Humm. Ya sabe que todo es opinable en derecho. Yo creo que aplicando la legislación vigente hasta la entrada en vigor de estas leyes la decisión tiene que ser la misma que adoptó en marzo. Otra cosa es que interprete cómo afecta a todo esto que el 3 de diciembre haya entrado en vigor una determinada Ley Orgánica. Este es el elemento que puede variar la decisión. Por lo demás, no sería lógico que se contradiga y se apartara del criterio ya establecido. ¿Una decisión negativa sería recurrible a Estrasburgo?

-Es diferente. Estas leyes han entrado en vigor ahora, habrá que ir viendo qué decisiones va tomando la Audiencia y seguramente lo que se generaría es un rosario de recursos que tardarán tiempo en resolverse y digamos que el objetivo del Gobierno de evitar la imagen de excarcelaciones numerosas se habrá conseguido.