barcelona - En plena avalancha de casos de corrupción y cuando el debate sobre la regeneración política está en boca de todos después de que el jueves Mariano Rajoy fuera incapaz de convencer a la oposición con su medidas contra las corruptelas, también el Poder Judicial vuelve a estar en el foco de la sospecha después de la dimisión en 2012 del entonces presidente, Carlos Dívar. La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercè Pigem reconoció la información publicada ayer mismo por El Periódico de Catalunya según la cual la Guardia Civil sorprendió a la consejera nombrada a propuesta de CiU pasando la frontera desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. Aunque esta cantidad no implica ninguna infracción, Pigem iba acompañada por una hermana que transportaba 10.360 euros, por lo que se le ha abierto un expediente a esta última.
Mercé Pigem admitió a la prensa estos hechos acaecidos el pasado día 15, precisó que ha traído una cantidad inferior al límite fijado por la ley, se mostró sorprendida por el escándalo porque no ha incurrido en ninguna falta y consideró que la noticia constituye un ataque a CiU. De hecho, si renuncia al cargo por estos hechos, como le pidió el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se reforzaría el dominio de los magistrados conservadores y próximos al PP en el órgano de gobierno de los jueces y fiscales.
La hermana de Mercè Pigem, con la que viajaba en el mismo coche, llevaba en su bolso otros 10.360 euros, según precisó la jurista. El límite permitido de entrada de dinero en efectivo sin declarar es de 10.000 euros. Según la información del diario catalán, la vocal contó a los agentes que volvía con su hermana de visitar a su madre, que vive en Andorra, y que el dinero que llevaba cada una se lo había entregado la madre para que compraran regalos de Navidad. La hermana de la abogada contó a los guardias civiles que no tuvo en cuenta el dinero que ya llevaba antes de cruzar a Andorra y que al pasar la frontera no fue consciente de que, sumando el dinero de su madre, superaba la cantidad permitida.
La reacción del CGPJ fue inmediata. Su presidente, Carlos Lesmes, convocó a primera hora una reunión con la vocal tras las cual emitió un comunicado en el que informó de que había pedido a la consejera su renuncia, aunque le constaba que Pigem no ha cometido “ningún delito ni infracción administrativa”. Pese a ello, Lesmes considera que la vocal debe “renunciar a su cargo por entender que el CGPJ, como máximo órgano de gobierno de los jueces, debe ser expresión de ejemplaridad y generar confianza en los ciudadanos, valores que podrían verse comprometidos por esta situación”.
Si la vocal no renunciara a su puesto, la ley recoge la posibilidad de que pueda ser cesada del mismo por una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ reunidos en pleno. Un eventual cese de la consejera auparía al órgano de gobierno de los jueces al primero de los sustitutos previstos para esta plaza del turno de juristas por el Senado, que es el conservador decano de los procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros. Los vocales designados a propuesta del PP pasarían a ser diez frente a los nueve actuales. La consejera del CGPJ se comprometió a estudiar esta petición y tomar una decisión a la mayor brevedad posible.
contra el Proceso soberanista En declaraciones a la edición digital de El Periódico de Catalunya, enmarcó este caso en el proceso soberanista con una intencionalidad política de perjudicarla a ella y a Convergència, formación de la que ha sido diputada hasta su nombramiento para el CGPJ en 2013: “No hay nada irregular y creo que se ha sacado de contexto aprovechando la situación del proceso soberanista”, afirmó Pigem a ese medio. Fuentes del CGPJ afirmaron a Europa Press que las relaciones entre Pigem y el presidente no eran muy buenas en los últimos tiempos y que en ello tendrían que ver las distintas posturas adoptadas por ambos con respecto a la convocatoria del 9-N.
