madrid - Tal día como ayer, hace tres años, Mariano Rajoy ganaba las elecciones generales barriendo al PSOE y logrando una cómoda mayoría absoluta de 186 escaños. El resultado ensanchaba el poder de un PP que ya controlaba la mayoría de las comunidades autónomas, lo que dejaba al presidente español en una posición de fuerza para gestionar los retos del Estado sin demasiada contestación y ante una oposición que, numéricamente, no podría vetar sus planes. Sin embargo, Rajoy no ha hincado el diente a la gestión del nuevo tiempo sin ETA ni a la crisis territorial, y desde el socialismo lo acusaron ayer de no estar a la altura de las circunstancias ante Catalunya. El PP ha trasladado la idea de que no tenía margen para hacer otra cosa que no fuera gestionar el día a día para evitar el rescate de España y la bancarrota pero, ahora que comienza a reconducirse la crisis, no ha cambiado de criterio. La oposición lo atribuye a su estilo personal, que pasaría por no arriesgar y dejar que fluyan los problemas interviniendo lo menos posible y esperando a que escampe. Rajoy se ha centrado en la macroeconomía y las relaciones con las autoridades europeas, dejando al margen otras cuestiones. En el caso catalán se ha escudado en la vía judicial, dejando que los tribunales tengan la batuta, y sin proponer soluciones políticas como una consulta pactada o una reforma constitucional. Rajoy parece haber optado por seguir centrándose en el mensaje anticrisis para rentabilizar electoralmente la recuperación sin que ninguna otra cuestión le haga sombra. En cualquier caso, en las últimas jornadas el parón de las principales economías europeas ha dejado en el alambre ese plan, y además han aflorado nuevos casos de presunta corrupción en el PP. Por ello, desde otros ámbitos se ha insinuado que a Rajoy le conviene ahora polarizar el debate catalán -la Fiscalía acusa a Artur Mas de varios delitos por haber celebrado la consulta del 9 de noviembre-, algo que puede apiñar a su electorado y eclipsar los casos de corrupción.

Queda un año para que culmine su legislatura, y todo apunta que los retos pendientes quedarán sin resolver. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, terminó de confirmar anteayer que no habrá reforma de la financiación autonómica porque no hay dinero. Desde otros ámbitos creen que Rajoy no quiere abrir un fuego en puertas de las elecciones generales. El debate de la financiación, que fija el dinero que aporta cada comunidad al Estado y qué recibe a cambio, enfrentaría entre sí a los propios presidentes autonómicos del PP y, además, en esta ocasión habría que introducir una segunda variable: cómo encajar las pretensiones de Catalunya en ese esquema y de dónde sacar los fondos suficientes para acordar un modelo que aplaque la ola independentista. El Cupo vasco se sitúa al margen de esa negociación porque se sustenta en un pacto bilateral entre Euskadi y Madrid, pero el Gobierno español aseguró hace meses que lo metería en el mismo paquete para visualizar que no hay privilegios. Por tanto, quedará para la próxima legislatura. Toda la financiación será aplazada, aunque hubiera podido desbloquear en buena medida el proceso catalán.

En cuanto a la reforma constitucional, Rajoy ha desdeñado la propuesta del PSOE porque cree que no termina de concretarla y que es un mero eslogan. El socialista Óscar López ha deslizado en las últimas horas que, vista la oposición del PP, a lo mejor habría que aplazarla un año y esperar a las elecciones generales. Sin embargo, en otros círculos se apunta que Rajoy desea reconducir la crisis catalana para evitar un adelanto electoral que aúpe a ERC y que encamine el proceso hacia la independencia unilateral. Su mayoría absoluta no le garantiza el control total de una reforma constitucional sobre el modelo de Estado, que requiere el apoyo de dos tercios del Congreso, pero se da por sentado el respaldo del PSOE, y podría resultarle más sencillo encauzarla ahora, antes de que irrumpa Podemos, descuadre las mayorías y presente exigencias menos asumibles para el PP. Aun así, pactarla en un año parece difícil.

También tiene sobre la mesa las peticiones del lehendakari, quien le ha reclamado que respete las competencias vascas. No ha respondido. Además, el próximo año, tras las elecciones municipales y forales de mayo, el Parlamento Vasco comenzará a dar forma a un nuevo estatus de autogobierno. Rajoy no cree que tenga un problema con Euskadi, y sus gestos hacia el PNV han sido muy medidos y han llegado en situaciones límite, cuando su interlocución atravesaba por momentos críticos. Nombró a su mano derecha, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, como interlocutora de los jeltzales, una muestra de que tampoco ha querido descuidar del todo su relación. El lehendakari también le ha pedido pasos en materia de paz. Rajoy llegó a La Moncloa unas semanas después de que ETA decretara su cese, pero ha optado por no moverse hasta que entregue las armas y disuelva sus siglas, marcado por las presiones de sus sectores más inflexibles y teniendo aún fresca en la memoria la polémica desatada tras la excarcelación del preso enfermo Iosu Uribetxebarria. Desde entonces, tampoco ha facilitado la concesión de beneficios penitenciarios a los presos críticos con ETA. Han sido los jueces quienes han desatascado esa vía. Moncloa tampoco ha accedido a acordar un desarme ordenado y ha pedido a ETA que entregue el mapa de zulos a las fuerzas de seguridad, mientras los activistas aspiran a pactar las condiciones para no ser detenidos por posesión de armas ni acusados con las huellas dactilares.

corrupción Rajoy también se ha mantenido firme en sus posiciones ante la oleada de presuntos casos de corrupción. Cuando salió a la luz la supuesta contabilidad opaca del PP, redactada por el extesorero Luis Bárcenas, y que reflejaba sobresueldos en negro a cargos del partido y donaciones empresariales por encima del límite permitido, se resistió antes de comparecer ante los diputados para disculparse por haber confiado en el tesorero, y recientemente ha vuelto a pedir perdón por el estallido de la trama Púnica, que apunta al supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. No ha accedido a celebrar un pleno monográfico ni ha convocado un congreso fundacional para revitalizar el PP, como le pedían desde algunos sectores. Además, se presentará a la reelección como candidato a La Moncloa.

Catalunya. Rajoy no ha ofrecido por el momento una solución política, ya sea para pactar una consulta, mejorar su financiación o reformar la Constitución. Ha delegado en la vía judicial, aunque desde otros ámbitos se señala que estaría interesado en reconducir la polémica para evitar unas elecciones y que ERC se haga con las riendas declarando la independencia unilateral. Desde otros círculos, no obstante, se apunta que una polarización del debate, con la acusación a Artur Mas de varios delitos, podría ayudarle a apiñar a su electorado.

Financiación autonómica. Montoro la aplazó oficialmente anteayer por falta de dinero. Todo apunta a que afectará a todas las comunidades, incluida Euskadi.

Autogobierno vasco. Rajoy no ha respondido a la carta del lehendakari, que pedía respeto para las competencias vascas. El Parlamento Vasco comenzará a diseñar un nuevo estatus de autogobierno tras las elecciones municipales de mayo, pero Rajoy no percibe por el momento a Euskadi como un problema.

Paz. No cambiará la política penitenciaria si ETA no se disuelve. Los jueces podrían desbloquear esa vía. Tampoco accede a acordar un desarme.

Corrupción. El próximo año arrancará el juicio de ‘Gürtel’.