“Como fuerza político-militar beligerante en el conflicto armado y social desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y, de alguna manera, afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra. Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades, conforme a las órdenes e instrucciones impartidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones”. Con esta declaración, el pasado 29 de octubre, las FARC asumían por primera vez el daño causado a la población civil con sus acciones y se declaraban dispuestas a asumir su responsabilidad, un paso muy esperado durante los últimos cuatro meses en los que guerrilla y Gobierno han estado debatiendo sobre el derecho de las víctimas y la justicia transicional.

De hecho, cuando comenzó a negociarse este punto del proceso de paz, los negociadores de ambas partes señalaron que cualquier discusión sobre cómo reparar a los afectados por la violencia debía partir de reconocer su responsabilidad en el daño causado.

Sin embargo, la declaración leída por el comandante Pablo Atrato, matiza que “la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las FARC una política de determinación subjetiva de la victimización sistemática y deliberada contra la población”. “Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser”, expresó el comandante guerrillero, uno de los nuevos miembros de la delegación de las FARC en incorporarse al proceso.

El comunicado de la insurgencia provocó un intenso debate en Colombia. Para muchos, este es un primer paso, pero hacen falta más. El presidente Juan Manuel Santos, muy optimista sobre la marcha del proceso de paz, señaló que se trata de “un gesto y un paso importante”. “Cuando las partes empiezan a asumir responsabilidades quiere decir que las conversaciones van en serio”, manifestó a la Cadena Ser durante su reciente visita a Madrid. En la misma línea, la diputada Clara Rojas, exrehén de las FARC, reconoció que es “un primer paso, pero aún incipiente, pues han sido afectadas por el secuestro 40.000 personas, de las cuales se estima que el 67% es responsabilidad de las FARC”.

Sin embargo, para el Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, esta declaración no cambia nada. “FARC, cínicas. Han reclutado forzosamente a miles de niños y dicen que nunca han tenido una política de victimización contra la población”, declaró al respecto el senador Alfredo Rangel. En medio del debate, el comandante guerrillero Pablo Catatumbo leyó un nuevo comunicado en La Habana, en el que el grupo insurgente reiteraba el reconocimiento a sus víctimas y la asunción de sus responsabilidades, aunque aclaraba que “evidentemente, nuestras responsabilidades no son, en ningún caso, por la comisión de crímenes de lesa humanidad”. “Ello se acredita atendiendo a que cuando en algunas de nuestras acciones militares se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores desafortunados en otros”. Por ello, según la guerrilla, tratar de presentar a las FARC como una organización relacionada con ese tipo de crímenes es consencuencia de que “algunas voces se han venido alzando buscando confundir al pueblo colombiano y a la comunidad internacional”.

La Fiscalía no tardó en responder a esta nueva declaración y pidió a la guerrilla reconocer y asumir “plenamente” su condición de victimario para “dar legitimidad y soporte jurídico nacional e internacional a eventuales acuerdos que se alcancen en el proceso”. Para el fiscal general, Alejandro Ordóñez, “las FARC adoptaron como política el ataque generalizado y sistemático contra la población civil, siendo responsables de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las cuales fueron debidamente documentadas y son de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional”.

Las víctimas, en el proceso Las delegaciones reunidas en La Habana discuten en estos momentos el punto relativo a las víctimas y la justicia transicional, esa delgada línea entre justicia y paz que puede generar una gran polémica si se alcanza un acuerdo. De hecho, una encuesta reciente mostraba que el 85% de los colombianos rechazaría que los líderes guerrilleros no entraran en prisión. Para este punto, el proceso de paz está contando con el testimonio de víctimas de los diferentes agentes armados (guerrillas, Estado y paramilitares). Es la primera vez que en un proceso de paz participan los afectados; ya han viajado 48 a La Habana y queda un último grupo de 12.

Varios analistas consideran que la opinión pública colombiana aún debe sumir un debate sobre si los combatientes, del Estado y las guerrillas, pueden llegar a ser considerados víctimas en algún momento. En el último encuentro entre víctimas y negociadores en La Habana, el pasado domingo, se mostró un vídeo del portavoz del movimiento de presos de las FARC, Tulio Murillo Ávila, alias Alonso, que narró las violaciones de derechos humanos que padece en prisión.

El presidente se muestra muy optimista sobre un acuerdo final, pero no tanto la población, ya que solo el 39% de los colombianos confía en que se firme un pacto. Con su apuesta por la paz, Santos ha visitado esta semana Europa en busca de apoyo político y financiero para el post-conflicto. “Es muy importante estar preparados para que no nos pase como en otros conflictos, que se demora mucho el tiempo entre que se firman los acuerdos y comienzan a implementarlos”, explicó el mandatario en Madrid. Para ello, Santos ha pedido a la UE la creación de un fondo que esté listo para financiar proyectos de post-conflicto, como por ejemplo, para la sustitución de cultivos ilícitos de coca por otro tipo de cultivos lícitos.

Si las partes consiguen un acuerdo sobre víctimas y justicia transicional, solo quedaría un punto por debatir: la desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil.

La Unidad de Víctimas. Es la institución creada en enero de 2012 con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde entonces, se han registrado 6.941.505 personas como víctimas de los diferentes actores del conflicto armado.

Desplazamiento. Se han registrado 5.964.405 como desplazadas.

Homicidio. 923.656.

Desaparición forzada. 150.841.

Delitos sexuales. 6.743. Se entiende como delito sexual las violaciones, la esterilización forzada, el aborto forzado, la prostitución y la esclavitud forzada. Los investigadores estiman que la cifra de víctimas podría superar las 30.000.

Acto terrorista. 77.965.

Secuestro. 36.922.

Vinculación de menores. 7.675.

Amenaza. 204.389.

Despojo de tierras. 7.139.