MÉXICO. La organización registró un total de 2.039 secuestros hasta septiembre de 2014, lo que deja un promedio de 256 casos mensuales; un dato que contrasta con los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales en México se registran una media de 176 secuestros al mes.
La asociación presentó este miércoles un informe con los datos relativos a estos delitos en México entre el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, y el 30 de septiembre de 2014.
Desde diciembre de 2012 se han producido, según la organización, un total de 5.177 secuestros; 4.635 denunciados y 542 que no lo fueron, pero estuvieron atendidos por alguna autoridad.
Como promedio, en el país se produce un secuestro cada tres horas y los estados más afectados son los de México, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, el Distrito Federal, Veracruz y Michoacán, que agrupan el 73% del conjunto nacional.
El perfil mayoritario de las víctimas es el de un varón (71% de los casos) de edad comprendida entre los 21 y los 30 años (24% de los afectados).
Los datos más recientes, que plasman la situación de septiembre, dejan una cifra de 178 secuestros, un 2% menos que en agosto.
Según la organización, a pesar de que se han cumplido cuatro años de la entrada en vigor de la ley contra el secuestro, los gobiernos federal, estatal y municipal del país "no han logrado establecer un registro eficiente sobre el numero de delitos".
La política de prevención contra el secuestro, subrayan, es inexistente porque "no es una prioridad".
Al referirse a los ataques del 26 de septiembre en Iguala, en los que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Normal (escuela de maestros) de Ayotzinapa, la presidenta de la ONG, Isabel Miranda, consideró "insostenible" que Ángel Aguirre todavía permanezca en su puesto como gobernador del estado de Guerrero.
"Por prudencia y con el fin de pacificar el estado, debería de dejar el cargo", sostuvo la activista.
Denunció que la situación en Guerrero es un ejemplo del "fortalecimiento de la delincuencia organizada y una prueba del debilitamiento institucional en todos los niveles".
Miranda llamó a los ciudadanos a "salir y denunciar" sin quedarse callados, teniendo claro "quién es el enemigo a vencer: los delincuentes sin escrúpulos que se han infiltrado en distintas instancias y niveles del Gobierno, así como en las instituciones".
De la misma forma, la presidenta de la asociación invitó a Peña Nieto a realizar un pacto nacional con todos los gobiernos estatales, con el fin de "realizar una verdadera depuración en los cuerpos policíacos".
Si mejoraran sus condiciones laborales, económicas y sociales, ahondó la activista, México podría contar con "policías honestos, capaces y comprometidos, que no sean cooptados por los delincuentes", ya que hoy en día, "de manera reiterada vemos cómo los policías terminan implicados en todos los delitos".
Por los hechos del 26 de septiembre han sido detenidas más de 50 personas, en su mayoría policías municipales y presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos que atacaron a tiros a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
