GASTEIZ. En una entrevista con Efe, Calparsoro ha dicho que el propio Maroto le transmitió que "no tenía ningún problema en concretarle" por escrito esas declaraciones sobre el supuesto fraude en el cobro de ayudas sociales por parte de la comunidad marroquí y argelina, que dieron lugar a una denuncia de las ONG de apoyo a inmigrantes.

Después de leer esas alegaciones, el fiscal decidirá la conveniencia o no de citarle a declarar en persona.

Ha explicado que en este caso tendrá que dilucidar si las palabras de Maroto "han sobrepasado el límite" de la libertad de expresión "y ha incurrido en un tipo penal", al haber entrado en colisión con el derecho al honor y la intimidad de las personas a las que se refirió.

Según ha expuesto, "el alcalde de Gasteiz entiende que sus manifestaciones son legítimas" y los denunciantes -las OMGs Sos Racismo y Ongi Etorri, además de una ampliación del grupo socialista en la capital alavesa- creen que pudo haber un delito ya que esas acusaciones "pueden provocar discriminación hacia ese colectivo de inmigrantes".

"No es cuestión de cercenar el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero también es verdad que hay que estudiar si se ha cercenado el bien jurídico que supone la prohibición de emisiones de opiniones e ideas que, siendo falsas, vayan dirigidas a crear un estado de discriminación o de odio a cierto colectivo por razón de su origen", ha analizado.

El tipo penal al que se refiere la denuncia "va en la línea de evitar conductas que permitan la discriminación partiendo del valor superior del ordenamiento jurídico español que es la igualdad".

Ahí se recoge que, según ha detallado el fiscal, "todos los poderes públicos, incluidos los alcaldes, promoverán las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva", independientemente de si disponen de permiso de residencia o no.

Pero "también es legítima la crítica política a un sistema de ayudas, que se puede mejorar" y por tanto, ha constatado Calparsoro, habrá que "ponderar" los derechos que asisten a ambas partes.

Si finalmente concluyera que hubo delito en esas palabras de Maroto, el fiscal tendrá que denunciarlo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, en caso contrario, archivará el caso.

Por otra parte, Juan Calparsoro ha destacado que los juzgados vascos reciben cada año más denuncias por delitos o faltas cometidos por menores pero ha rechazado que los adolescentes sean ahora más conflictivos o delincuentes ahora que antes.

A su entender, "lo que ocurre es que hay más conciencia social" ante conductas que antes no recibían ese reproche, como por ejemplo, el acoso escolar y las amenazas o agresiones de menores a sus familiares, que antes no se denunciaban.

Según el fiscal, es algo similar a lo que ha ocurrido con el aumento de denuncias por violencia que género.