BARCELONA. El prototipo, al que ha tenido acceso Efe y que ya está en posesión del departamento de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, es una caja plegable de cartón con una ventana plastificada para que se pueda ver la papeleta, que será blanca y vertical (21x10 cm) y que contendrá la doble pregunta acordada por los partidos soberanistas tanto en catalán como en castellano -también en aranés para el Vall d'Aran-.
El coste de esta urna, de la cual existen dos ejemplares, es de dos euros, que es un precio mucho más reducido del que tienen las tradicionales urnas de plástico, que valen 35 euros, según ha avanzado hoy La Vanguardia.
En un artículo en este diario, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha destacado la "compleja organización humana y material" que supone para la Generalitat poder realizar la consulta, aunque ha asegurado que aún así es un proceso "tremendamente ilusionante".
Las urnas las realizará el CIRE de Lleida, que ya fue polémico el mes pasado después de que el PPC denunciara que el Govern estaba utilizando a los reclusos de la cárcel de Lleida para el diseño e impresión de las papeletas de la consulta, algo que les recordaba "a los faraones o a regímenes dictatoriales que utilizaban penados como mano de obra barata".
El conseller de Justicia, Germà Gordò, dijo entonces no tener conocimiento de "ningún encargo" sobre la fabricación de papeletas por parte del CIRE, aunque precisó que estos centros están abiertos a cualquier petición, ya sea de administraciones o partidos.
Ese mismo día, fuentes sindicales del citado centro confirmaron a Efe que se estaban imprimiendo plantillas de prueba de las papeletas, y aunque matizaron que por el momento no había ningún encargo oficial al respecto, recordaron que en cualquier momento podrían asumir el encargo de la impresión de las papeletas.
El CIRE de Lleida, que cuenta con una imprenta, imprime de forma habitual toda la documentación oficial de la Generalitat y, en especial, la del Departamento de Justicia.
Estos centros son empresas públicas dependientes del Departamento de Justicia que tienen como objetivo fundamental la reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad, a través de la formación en oficios y el trabajo productivo.
