GASTEIZ. En el informe se recogen datos de estudios anteriores elaborados también por otras instituciones en los que se constata que casi la mitad, en torno a un 40 y un 45 por ciento, de la población reclusa del Estado padece algún trastorno mental.

Por ello, según datos de finales del año pasado, de los 1.430 presos que hay en las tres prisiones de la Comunidad Autónoma, se podría concluir que en torno a 600 personas tienen algún trastorno mental, de las cuales 100 se encontrarían afectadas por trastornos graves.

Lamarca ha recordado que las competencias penitenciarias aún no han sido transferidas a Euskadi, "a pesar de la previsión" del Estatuto de Gernika, pero en 2011 fue aprobada la transferencia de las funciones en materia de sanidad penitenciaria de la Administración del Estado al Gobierno de Gasteiz.

En el informe se señala que la filosofía que anima esta transferencia es la integración de la sanidad penitenciaria en la de la comunidad autónoma, de manera de que los presos disfruten, sin otra limitación que la derivada de su condena, de los "estándares de calidad que ofrece el sistema vasco de salud".

Plantea que en ejercicio de esa competencia transferida el Gobierno vasco promueva el diseño y la gestión de un modelo penitenciario propio que lleve a cabo una intervención "adecuada y eficaz" de la población reclusa en relación con su salud mental, con el doble fin de atender debidamente el derecho a la salud de los internos y vincular el cumplimiento de la pena al objetivo de la reinserción social.

Lamarca ha reconocido que el tratamiento de los presos con enfermedades mentales es un asunto "tremendamente complejo", en el que "las cosas se pueden hacer bastante mejor" y por ello, en el informe propone casi una veintena de recomendaciones.

Ha dicho que como principio fundamental es imprescindible que cada preso enfermo tenga un diagnóstico "adecuado" antes de su ingreso en prisión, y que luego haya un seguimiento cuando permanece recluido y una vez que sale de la cárcel.

El objetivo es evitar la situación de la llamada "puerta giratoria", en el que los condenados acumulan delitos e ingresos en prisión, sin que desde el sistema penal ni sanitario se encuentre el modo de interrumpir esta espiral, "en el que parece que se da prioridad al efecto segregador de la prisión, que libra a la sociedad del infractor con enfermedad".

Además de la importancia de un diagnóstico adecuado antes del ingreso en prisión, el Ararteko propone la elaboración y puesta en marcha de un plan de sanidad penitenciaria por parte de Osakidetza que permita atender de manera homogénea a los presos en las distintas cárceles, ya que actualmente existen diferencias y no hay protocolos de coordinación y derivación a los recursos de la red comunitaria.

También se plantea la necesidad de tener disponibles pisos tutelados que posibiliten la excarcelación de los presos con trastornos mentales para "abordar su situación en un contexto más saludable y establecer itinerarios de inclusión más adecuados".