GASTEIZ. Según ha explicado esta plataforma en una nota, la normativa del Gobierno Vasco sobre Alokabide, que no regula revisiones automáticas de las cuotas mensuales de los inquilinos, provoca que aquellos que ven mermados sus ingresos y no pueden afrontar el pago del alquiler, se vean en una situación de deuda y morosidad, lo que origina la demanda.
Ha señalado que el empobrecimiento de las personas, origina que los inquilinos tengan que pagar cuotas superiores al "tope legal" del 30 % de sus ingresos, debido a la normativa, que es "obsoleta e injusta".
Stop Desahucios ha declarado que a pesar de que el Departamento de Asuntos Sociales y Empleo ha reconocido fallos en la normativa vigente, no se ha traducido en instrucciones para adecuar las rentas a los ingresos reales "y lo que es mas grave, no se ha dado la orden para que se retiren las demandas".
Por todo ello, ha pedido a la directora de Alokabide, Covadonga Solaguren, que adecúe "urgentemente" la normativa para que las VPO "sean realmente viviendas sociales" y no "negocios para las distintas Sociedades públicas del Gobierno Vasco".
Además, la plataforma ha exigido que se debata una nueva ley de vivienda y que los precios de éstas se adecúen a la bajadas del precio en el mercado general, así como que los inquilinos de Alokabide sean los que gestionen las labores comunitarias, para así poder evitar gastos que "no deberían tener".
