Bilbao. El año recién terminado ha finalizado con un aluvión de movimientos en materia de pacificación que ha tenido como protagonista a la izquierda abertzale, en su frente político pero sobre todo en el de los presos, también conocido como el frente makos. Faltaría el militar, ETA, a la que se le espera para que proceda a dar el último paso antes de echar la persiana, el desarme. Desde la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anulaba la doctrina Parot el pasado 21 de octubre en ese sector se han concatenado diferentes acontecimientos que, pese a todo, no han logrado que el Gobierno español mueva ficha en política penitenciaria. Y no hay visos de que vaya a hacerlo.

No son movimientos aislados ni inconexos, sino que parecen responder a una hoja de ruta previamente diseñada, al menos en sus planteamientos más genéricos. Los pronunció públicamente el abogado e histórico de la izquierda abertzale Iñigo Iruin, en una entrevista concedida en julio al diario Berria. Por primera vez en ese sector, se apelaba al realismo tras llegar a la conclusión de que el inmovilismo del Gobierno español en política penitenciaria no dejaba otra posibilidad para avanzar en este terreno más que desde la unilateralidad extrema.

"Pienso que hay que hacer un nuevo diseño para hacer frente a la situación de bloqueo del Gobierno español", señalaba Iruin, y a renglón seguido decía que ese trabajo "lo tiene que hacer la izquierda abertzale en su conjunto". Y añadía: "Tenemos que hacer una nueva hoja de ruta".

A tenor de lo dicho y lo acontecido en estos últimos meses, no es una extravagancia comparar lo ocurrido en las fechas previas al anuncio por parte de ETA del fin de su actividad armada aquel 20 de octubre de 2011, cuya pista de aterrizaje fue preparada tres días antes en la Conferencia de Aiete, con lo que ha sucedido estos días con el comunicado de los presos de la banda anunciando que ceden ante la legalidad penitenciaria y reconociendo el daño causado por los "métodos" empleados. También este anuncio llegó pocos días después de que el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz presentará también en Aiete su comisión de expertos para tratar de desencallar la situación, ante el inmovilismo del Gobierno Rajoy que no parece dispuesto a abandonar su mantra de diálogo sobre presos solo tras la disolución de la banda.

Siete meses después de que el foro impulsado también por Lokarri, y por Bake Bidea, reclamara pasos en ese sentido, el colectivo de presos de ETA emitió el comunicado en el que da vía libres a los más de quinientos presos de la banda dispersos en las cárceles españolas y francesas a acceder de manera individual a los beneficios penitenciarios a los que hasta ahora se negaban por entender que suponía una claudicación en su lucha contra los estados español y francés. Hasta ahora a quienes accedían a esos beneficios se les colocaba el cartel de traidor y se le situaba fuera de la organización, en el mejor de los casos. Así, el comunicado ha validado la hasta ahora denostada vía Nanclares y supone el fin de la reivindicación de la amnistía y de la fórmula paz por presos.

Manifestación Este paso de los presos de ETA puede verse acompañado en los próximos días de otra iniciativa, esta vez protagonizada por los reclusos que han salido de la cárcel tras el fallo de Estrasburgo sobre la Parot. Se desconoce el formato (comunicado o comparecencia pública) que utilizarán los 63 expresos excarcelados en las últimas semanas para expresar su apoyo al proceso del final de la banda. Será la antesala de la anual marcha en Bilbao el día 11 en defensa de los reclusos de la banda, que este año tendrá un contexto muy especial para la izquierda aber-tzale y el mundo de los presos.

La llegada este mes del mediador sudafricano Brian Currin, cabeza visible del Grupo Internacional de Contacto, para reunirse con agentes sociales, partidos e instituciones y abordar la situación del proceso también se encuadra en esta cadena de movimientos de la izquierda abertzale. Todo diseñado para que empiece el goteo de solicitudes de beneficios penitenciarios ante las juntas de tratamiento correspondientes y sobre todo el acercamiento a las cárceles de Euskadi. Pero la llave del presidio la sigue teniendo el Gobierno de Rajoy.