Pamplona. Ni los 9 años de cárcel que pedía Yolanda Barcina antes del juicio, ni los cinco que solicitó la Fiscalía. Finalmente son dos los años de prisión a los que han sido condenados Gorka Obejero Gamboa, Julio Villanueva Villanueva e Ibon García Garrido como autores materiales de los tartazos que recibió la presidenta navarra el 27 de octubre de 2011 en Toulouse, donde se celebraba la sesión plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. El tribunal les culpa de un delito de atentado a la autoridad y resalta que les impone la pena "mínima prevista".

La sentencia, hecha pública ayer solo nueve días después de celebrarse la vista oral, castiga también con un año de cárcel a Mikel Álvarez Forcada por ser cómplice, si bien el fallo precisa que "su participación fue secundaria y no imprescindible", puesto que "se limitó a levantar los brazos en una inequívoca señal de apoyo a lo que estaban realizando". Los cuatro acusados también son condenados a pagar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular. A cada uno de los tres tartalaris se les impone una multa de 900 euros -10 euros al día durante tres meses-, sanción que en el caso de Álvarez queda reducida a 300 euros -10 euros al día durante un mes-.

NO IRÁN A PRISIÓN La sentencia, en todo caso, evita el ingreso en prisión de los encausados, como pretendía la presidenta foral Barcina, que hasta el último momento trató de hacer ver al tribunal que había sido víctima de "una agresión que le causó mucho dolor" con el fin de que endurecer la condena en la medida de lo posible. Lo reiteró durante el juicio, como lo había hecho solo siete días después de los hechos, el 3 de noviembre de 2011, en su declaración ante el juez Santiago Pedraz. Entonces, resaltó que las tartas le hicieron "daño por la dureza del merengue francés".

Barcina, que en este proceso judicial ha ejercido la acusación particular, solicitó inicialmente una pena de 9 años de prisión y 5.400 euros de multa para Obejero, a quien imputaba la agravante de su condición de cargo público -era teniente alcalde de Arruazo- y seis años de prisión y 3.600 euros de multa para los otros tres procesados. Durante el juicio rebajó su petición hasta los 6 años y tres meses para Obejero y cinco para el resto, así como una sanción de 3.600 euros. El Ministerio Público, por su parte, también demandaba cinco años de encarcelamiento para los cuatro imputados, así como el pago de una multa de 2.700 euros. Sin embargo, el fallo de la Sala de lo Penal del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que preside Grande-Marlaska, permite a los acusados su ingreso en prisión por tratarse de una pena no superior a dos años y por el hecho de que ninguno de los afectados tiene cuentas pendientes con la Justicia.

HECHOS PROBADOS Más de la mitad de los 19 folios de la sentencia son para demostrar los hechos. Después de que en el juicio los procesados recurrieran a una "argucia legal" y negaran su participación en los tartazos, el tribunal se esmera en explicar con todo tipo de detalles la autoría de los acusados, de la que no tiene ninguna duda. Recuerda que los propios condenados así lo han reconocido en diferentes entrevistas y ruedas de prensa, así como que Álvarez los reivindicó en nombre del movimiento anti TAV Mugitu, cuyo apoyo de Barcina a esta infraestructura motivó los tartazos. También desestima la alegación de la defensa que pedía no dar valor al vídeo en el que se aprecian los tartazos por no ser el original, puesto que "no existen indicios de que haya podido ser fruto de la manipulación".

Resalta además que Obejero, Villanueva y Garrido "no arrojan" las tartas contra Barcina, sino que le "impactan directamente", "por lo que no se trató del lanzamiento de una tarta al paso de un político, que solo alcanza a mancharle la ropa o la cara". El fallo desestima la petición de Barcina de imponer un mayor castigo a Obejero por ser cargo público. También tiene en cuenta el argumento de "los acusados de creer que estos hechos en Francia hubiesen merecido la imposición de una multa administrativa".

Imagen del juicio. Foto: efe