La Audiencia Nacional no espera al Supremo y dicta la excarcelación de nueve presos de ETA

La Audiencia Nacional no espera al Supremo y dicta la excarcelación de nueve presos de ETA

Tras cinco horas de intenso debate decidió el voto de Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala

Salida de la prisión de Zuera de Jokin Sancho, protegido por sus allegados, ayer por la tarde. Foto: efe

Javier Núñez

MADRID. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no esperar a lo que decida este próximo martes el Tribunal Supremo y en la sesión plenaria celebrada ayer ordenó la excarcelación a nueve presos de ETA a los que se había aplicado la doctrina Parot. La resolución se adoptó con el voto de calidad del presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, que rompía de este modo el empate a ocho que había registrado la votación tras un intenso de debate de casi cinco horas.

Entre los presos que quedarán en libertad se encuentra el histórico miembro de la organización armada Isidro Garalde Mamarru o Txomin Troitiño, hermano de Antton Troitiño, y condenado por su participación en el atentado contra Hipercor en Barcelona en 1987. Los nueve presos que ayer ordenó su excarcelación la Audiencia Nacional se unen a Inés del Río y Juan Manuel Piriz que salieron de prisión la misma semana que se dictó el falló de Estrasburgo. La reclusa de Tafalla abandonó la prisión un día después del dictamen europeo, mientras que el portugalujo dejó la cárcel cinco días después. En total eran once los recursos que la Audiencia Nacional tenía sobre la mesa y dos de ellos no fueron admitidos. Se trata de Jon Ander Urkizu, que también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no ha sido resuelto, y Raúl Ibáñez Díaz.

Petición de la fiscalía El pasado lunes el propio Grande-Marlaska planteó a los magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la posibilidad de frenar la excarcelación de reclusos hasta que el Supremo, que se reunirá el próximo martes, adopte una decisión sobre el fallo que emitió el Tribunal de Estrasburgo el pasado 21 de octubre.

Grande-Marlaska argumentó la posibilidad de esperar a la decisión que adopte el alto tribunal por guardar la "necesaria unidad jurisdiccional". También la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntó la necesidad de aguardar a la deliberación del Supremo. Además, el Ministerio Fiscal propuso que las redenciones de pena se aplicaran únicamente hasta el 28 de febrero de 2007, fecha en la que el Tribunal Supremo comenzó a aplicar la doctrina Parot. Desde ese día, los presos deberían cumplir el tiempo íntegro de las condenas que les restara sin lugar a ningún tipo de redención.

Sin embargo, los nueve magistrados que votaron ayer por la excarcelación de los reclusos, incluido Fernando Grande-Marlaska, consideran que a estos nueve presos no les afectaría la interpretación realizada por el Ministerio Fiscal porque ya tenían fecha de licenciamiento definitivo antes de marzo de 2006. Ademas, según diversas fuentes consultadas por la agencia Efe uno de los argumentos esgrimidos para no esperar al Supremo fue el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan". Por ello, los magistrados favorables a esta posición consideraron que si alguna de las partes está disconforme con las decisiones que adopte el pleno, éstas pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, que entonces determinará si deben ser corregidas". Además, los jueces contrarios a esperar la decisión que tome el Supremo argumentaron que la Audiencia Nacional ya ha decidido en dos casos, Inés del Río y Juan Manuel Piriz, para quienes decretó su puesta en libertad, por lo que había ya un precedente para que la Audiencia Nacional tomará una decisión sin esperar el Supremo.

Desde que el día 21 de octubre la Gran Sala del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo votó desfavorablemente -15 frente a 2- al recurso que presentó el Gobierno español en contra de una primera sentencia que decretaba la libertad de Inés de Río y, con ello, la derogación de la denominada doctrina Parot, han sido muchas las voces que han instado a los jueces a cumplir la sentencia de la corte europea, pese a que desde el Ejecutivo popular, y en un guiño a diversas asociaciones de víctimas, en especial la AVT, especuló con la opción de buscar vericuetos legales que si bien no impedirían que la sentencia se cumpla, sí que evitara excarcelaciones. Una de estas últimas voces ha sido la del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Juan Luis Ibarra, que el pasado jueves aseguró que "el sistema democrático exige que las sentencias se cumplan y que se haga de buen grado y no intentando esquivarlas".

Reacciones Las reacciones a la decisión de la Audiencia Nacional no se hicieron esperar y mientras la presidenta del PP de la CAV Arantza Quiroga aseguraba que "en un Estado de Derecho no queda más que acatar la resolución", el vicesecretario de Organización de la formación de Génova Carlos Floriano, mostró la indignación de su partido por una decisión que calificó de "absolutamente injusta".

En declaraciones efectuadas en Córdoba, donde asistía a la Conferencia Interparlamentaria organizada por el PP, Arantza Quiroga expreso su solidaridad con las víctimas. "Su dolor es nuestro dolor y el de todos los españoles de bien", aseguró Quiroga, quien, sin embargo, dejó claro que hay que respetar las decisiones judiciales, aunque deben ser los propios magistrados quienes expliquen por qué la han adoptado. Mucho más contundente se mostró Carlos Floriano, para quien la decisión de la Audiencia Nacional "es totalmente injusta" por lo que aseguró compartir la "repugnancia e indignación" que sienten las víctimas.

Precisamente la asociación de víctimas del País Vasco (Covite) consideró irresponsable la decisión adoptada por la Audiencia Nacional y anunció que el próximo miércoles se reunirá con el juez Grande-Marlaska.

La AN dice que antes de 2006, cuando comenzó a aplicarse la 'doctrina Parot', ya tenían fecha de licenciamiento

El PP ve "absolutamente injusta" la decisión y Covite se reunirá con Grande-Marlaska