Gasteiz. El Servicio de Ganadería de la Diputación alavesa impartirá desde la próxima semana una serie de cuatro charlas entre los municipios de todo el territorio alavés -el año pasado ya se celebraron otras tantas- para "corresponsabilizar" a sus autoridades en la gestión de los perros perdidos y abandonados en la provincia, según explicó ayer a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA el diputado de Agricultura, Borja Monje. Asimismo, entregará un modelo de ordenanza para regular la implantación del chip entre los canes del territorio histórico y repartirá 20.000 folletos para que los propietarios de estos animales sepan cómo y por qué deben dotar a sus mascotas de este dispositivo identificativo.
Además, se ha firmado un convenio con la cooperativa Abeltzain por el que esta institución acudirá a todos los pueblos alaveses para chipar a los perros por un precio de entre 15 y 18 euros, inferior a los 60 que cuesta hacerlo en una clínica veterinaria privada.
El pasado mes de agosto, la institución foral publicó un decreto por el que dejaba de asumir la responsabilidad de recoger los 500 perros que cada año se pierden o abandonan en el territorio alavés, que supone el gasto de unos 150.000 euros por ejercicio y que por Ley es competencia de los municipios, y si éstos no son capaces de asumirla, de las diputaciones.
La orden generó un masivo rechazo entre los colectivos proteccionistas de los animales y los propios ayuntamientos, que temían un importante incremento de perros deambulando por campos y carreteras, e incluso el sacrificio de muchos de ellos. Ayer Borja Monje explicó a este medio que dejó de asumir el coste de recoger a los perros ante las alertas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS sobre el estancamiento en Álava de este fenómeno, que no disminuye desde hace veinte años. Es así, asegura, por la laxitud que ha existido tradicionalmente entre los municipios del territorio a la hora de exigir la implantación del chip, que de generalizarse minimizaría el coste de la recogida y cuidado de los perros -unos 300 euros por cada animal-, pues éste revertiría en un propietario al que se puede localizar gracias a este dispositivo.
El diputado cree que con esta campaña se reducirá el número de perros abandonados, pues los dueños sentirán "la presión" de una ordenanza que les obligará a censarlos y por lo tanto les hará responsables de ellos, y además se les facilitará esa implantación del chip.
El decreto de agosto, por otro lado, elimina el servicio de atención de veinticuatro horas, que encarecía enormemente el servicio. Ahora seguirá vigente, pero será de pago, y en cambio se establecerán fechas de recogida en cada localidad, lo que obligará a los ayuntamientos a habilitar un espacio donde custodiar a los perros durante un par de días. Ante la preocupación que esta onerosa obligación genera entre los alcaldes, la Diputación ha propuesto que los municipios se mancomunen y construyan un único espacio por cada comarca.
