El peso de la calle

Las cosas, de todos modos, están cambiando. Las plataformas ahora trabajan juntas, su mensaje va calando en las ciudades y los políticos comienzan a darse cuenta de que según cómo gestionen este asunto ganarán o perderán un número de votos importante. En ese sentido, la manifestación que hace un año se celebró en Vitoria y que reunió a más de 10.000 personas fue un importante aviso a navegantes.

Así pues, el peso de la presión popular se va acercando al de las empresas exploradoras y extractoras, y ahora el combate se libra entre púgiles de similar categoría, como prueba el hecho de que las firmas implicadas en los proyectos, entre ellas la sociedad pública vasca Shesa, hayan constituido un lobby llamado a propagar las virtudes del fracking entre la población: Shale Gas España.

Ante este precipitado despertar de la opinión pública -hace tres años nadie sabía qué es el fracking-, los gobiernos y parlamentos regionales han trasladado esta técnica a la zona noble de la agenda política y a día de hoy ya hay comunidades en las que se ha prohibido. Ha sido además en taifas del PP donde primero se ha dado el alto a la industria del fracking, lo que supone una piedra en el zapato del ministro de Industria, José Manuel Soria.

El político canario no disimula su querencia por la fractura hidráulica en los medios de comunicación, aunque legalmente su carta blanca se haya colado con calzador, en julio, como se mencionaba anteriormente, en la ley llamada a garantizar el suministro de energía en las islas del Estado. Curioso fondo para una técnica que nadie se atreve a probar en las volcánicas Canarias -los sondeos planificados cerca de Lanzarote y Fuerteventura son tradicionales, y también cuentan con una importante oposición social-, y que en Baleares estudia vetar un gobierno popular.

En cualquier caso, la intención del Ejecutivo central queda en evidencia cuando se lee la disposición final segunda de la norma, que modifica la Ley de Hidrocarburos de 1998 para permitir la prospección de sondeos mediante "las técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica".

reforma legal 'ad hoc' Soria ya ha dicho, y además con centenares de opositores abucheándole a las puertas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cualquier prohibición regional chocará con su reforma ad hoc y que serán los tribunales los que decidan.

Ante este panorama, hay quien ha decidido liarse la manta a la cabeza y vetar el fracking -el tiempo dirá si ha sido por razones de seguridad o por cosmética política-, y quien ha buscado otras vías, como Euskadi. El Gobierno Vasco del PNV, respaldado por el PSE y el PP, y con la oposición de EH Bildu, ha decidido que en el caso de los parques naturales sean sus entes gestores los que decidan si permiten o no el fracking. Por otro lado, la CAV ha renunciado a la prohibición absoluta para no chocar con leyes superiores y ha optado por paralizar los proyectos hasta que la tecnología sea segura, según explicó la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia. No hay que olvidar, en cualquier caso, que el propio Gobierno es el máximo representante de los intereses extractivos a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, un caso único al menos en el Estado.

En el resto de comunidades la casuística es variada. Cantabria sorprendió a propios y extraños cuando su gobierno, del PP, prohibió en abril esta práctica en una de las comunidades señaladas en rojo por las empresas extractoras y donde la oposición a esta técnica ha sido más visible. En todo caso, estos movimientos sociales dudan de que la decisión del presidente Ignacio Diego sea realmente efectiva cuando los proyectos avancen con el aval del Ejecutivo central y muy probablemente de los tribunales.

Tras los pasos de Cantabria fue el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, particularmente sagaz a la hora de hacer bandera de asuntos que tocan la fibra de sus ciudadanos, quien se sumó al movimiento antifracking. A finales de mayo el Consejo de Gobierno decidió prohibir el fracking en toda la comunidad, y lo hizo además en términos llamativamente duros. De "tajante y claro" tildó el consejero de Medio Ambiente, Íñigo Nagore, un anteproyecto de Ley que prevé un régimen sancionador específico, con multas de hasta 2,5 millones de euros para quien taladre el subsuelo de la comunidad en busca de gas natural. La Rioja, por tanto, no permitirá la fractura hidráulica en su suelo mientras no haya garantías científicas sobre la seguridad de esta técnica.

También Baleares, como se citaba anteriormente, ha anunciado su intención de declarar las islas libres de fracking ante el "posible riesgo medioambiental de contaminación de acuíferos", y en defensa de su apuesta por "las energías limpias y renovables", según el conseller de Economía y Competitividad de esta comunidad, Joaquín García.

El caso de Navarra es diferente. Aquí no es un gobierno el que toma la decisión de prohibir el fracking, sino un Parlamento donde el PP carece de peso específico -fue el único grupo que se opuso- y que ha optado por la fórmula del veto desde el ámbito del urbanismo, en el que es competente. De esta forma se busca un blindaje más sólido de la futura Ley, que se basa en el informe del Parlamento Europeo de 2011 que alertaba sobre los riesgos que a día de hoy supone esta práctica. Al urbanismo se agarró también el Ayuntamiento de Gasteiz para denegar la licencia de actividad a los dos sondeos exploratorios que Shesa había planificado en Subijana de Álava.

En Cataluña, tras los vaivenes de la pasada primavera (el Parlament rechazó prohibir el fracking y optó por crear una comisión de estudio sobre esta técnica), el Govern de Artur Mas ha decidido no conceder licencias de fractura hidráulica tras analizar el estudio de un grupo de expertos que desaconsejaba aplicarlo en esta comunidad.

Galicia, por su parte, ha puesto el freno al fracking a través de su Parlamento mientras no haya garantías de que la técnica sea segura, con los votos de PP sumados a una iniciativa que salió aprobada por unanimidad, y en Asturias sucedió algo similar. Salvo UPyD, todos los grupos políticos con representación en el Principado respaldaron en febrero una moción de IU contra el fracking.

También en las Cortes de Aragón se aprobó, en diciembre, una moción unánime contra el fracking, pese a lo cual una decena de grupos ecologistas y partidos como IU y la Chunta Aragonesista salieron a los medios para denunciar la "ambigüedad" del gobierno de una comunidad donde se han presentado ocho proyectos de fractura hidráulica de "una debilidad técnica extraordinaria", según el profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón.

En Andalucía, por su parte, hay varios proyectos para la extracción de gas esquisto en las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. Aunque ya han surgido plataformas contrarias al fracking, como la de Camas, y la Diputación de Sevilla se ha opuesto a esta técnica, la Junta de José Antonio Griñán no se posicionó al respecto y el nuevo gobierno de Susana Díaz apenas acaba de tomar posesión.

Si en las comunidades antes mencionadas los gobiernos y parlamentos, de una u otra manera, han tomado posición contra el fracking, en las que siguen a continuación se ha abierto la puerta a esta técnica sin reparo alguno. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la Junta y el Gobierno central -tanto con el PP como el PSOE- ha aprobado cuatro autorizaciones para la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica. De forma paralela, las plataformas antifracking han empezado a surgir en esta comunidad.

Castilla y León es uno de los principales objetivos de las compañías extractoras. El norte de Burgos parece ser rico en gas esquisto y, pese al temor de su dispersa y rural población, la Junta ha dado vía libre a esta práctica con a la oposición de ayuntamientos, partidos políticos. Soria, Palencia, Valladolid, y ahora también León, se han convertido en objeto de deseo de las empresas dedicadas a esta actividad.

"caballo de troya" Por último, en la Comunidad Valenciana existe un importante malestar por la reforma legal realizada por el Gobierno central y que dará vía libre a los proyectos para la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica en la provincia de Castellón. La plataforma Stop Fracking de esta comunidad y el PSOE valenciano han denunciado que la Ley para la garantía del suministro eléctrico en territorios insulares ha supuesto una especie de "caballo de Troya" para abrir la puerta a esta técnica en todo el Estado, pese a que "todavía no existen garantías de que sea un método de extracción seguro ni para el territorio ni para los ciudadanos", según denunció el secretario general de los socialistas valencianos y diputado en el Congreso, Ximo Puig.