vivienda, alimentación, trabajo, salud... Estos derechos básicos para tener una vida digna, prácticamente indiscutibles hace no demasiado tiempo, se encuentran ahora seriamente amenazados para miles de familias alavesas. Si no han sido ya privadas de alguno de ellos, o de todos a la vez. La crisis y esas recetas económicas basadas en los constantes recortes han colocado ya a muchas de ellas al borde del precipicio: Desahuciadas de su vivienda, privadas de un simple plato de comida, sin ayudas sociales con las que poder vivir ante la falta de un empleo e incluso rechazadas en el sistema sanitario por su condición de inmigrante. A este último extremo, por fortuna, no se ha llegado en Euskadi, cuyo Gobierno ha rechazado tajantemente el veto a los extranjeros sin Tarjeta Individual Sanitaria en sus servicios asistenciales, aunque las noticias alusivas al resto de casuísticas sí se han convertido ya en el pan de cada día.
Los colectivos que centran sus esfuerzos en el territorio en ayudar a las personas más vulnerables afrontan un comienzo de curso lleno de problemas, retos y reivindicaciones pendientes. Un gran cuaderno de deberes en cuya realización, a su entender, tienen que colaborar de forma mucho más decidida las instituciones, hasta ahora incapaces de atajar la pobreza que cada vez asola a más familias. DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA ha charlado con los portavoces de algunas de estas asociaciones y con otras personas vinculadas al ámbito social para conocer de cerca sus impresiones de cara a los próximos meses.
Sorpresivamente, porque durante los primeros meses de este año y desde bastante tiempo atrás fueron noticia recurrente, los desahucios parecen haber pasado a un segundo plano últimamente. De hecho, los casos de lanzamientos de vivienda inminentes se han reducido de forma importante en el territorio. A día de hoy, apenas llega un caso semanal de desahucio con fecha concreta de lanzamiento a manos de la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, cuando hace unos meses podían llegar a los cuatro. Queda claro que la acción directa contra las entidades financieras y los partidos políticos capitaneada por colectivos como éste ha dado sus frutos. Así lo entiende también Aimar Sáenz de Buruaga, uno de sus portavoces, para quien esta relajación de las cajas y los bancos ha coincidido con una disposición más habitual a negociar con las familias con problemas.
Claro que esta buena noticia también tiene dos caras. "Los desahucios han bajado bastante; es un logro, pero lo que no es un logro es lo que están negociando las entidades con los afectados", advierte Sáenz de Buruaga. En muchos casos, los bancos ofrecen a los propietarios una carencia, que consiste en permitirles no hacer frente a las cuotas de la hipoteca durante un plazo determinado de tiempo y que, en la práctica, pasa por pagar sólo intereses sin amortizar la deuda. "Lo único que buscan es salvar la situación y calmar los ánimos, pero no deja de ser una patada para delante", denuncia el portavoz de Kaleratzeak Stop Araba.
Entre los objetivos de la asociación se encuentra la aprobación de una nueva ley autonómica que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo, reclamable ante los tribunales, y que incluso contemple la expropiación de viviendas vacías para ponerlas a disposición de quienes carecen un techo a cambio de un interés social. Una normativa similar al decreto aprobado recientemente en Andalucía y que fue suspendido de manera fulminante por parte del Tribunal Constitucional.
El PSE ha lanzado una proposición no de ley que va en esta misma dirección y el grupo parlamentario de EH Bildu se ha mostrado ya dispuesto a profundizar sobre esa propuesta y mejorarla.
Al margen de esto, Sáenz de Buruaga pone énfasis también en otra de las grandes problemáticas a las que se enfrenta su plataforma, que a pesar de que los desalojos inminentes se hayan reducido "existe mucha gente ya desahuciada que sigue endeudada con el banco". Por ello, la asociación y el resto de plataformas hermanas buscarán un cambio de la Ley Hipotecaria que permita la condonación de la deuda con las entidades financieras en casos como éstos. Triturada por el Gobierno central la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, entre otras cosas, pedía la dación en pago con efectos retroactivos en caso de desahucio, Sáenz de Buruaga pretende que las familias con problemas "no caigan en trampas" como el ofrecimiento de acuerdos verbales por parte de las entidades financieras. "Están negociando cualquier cosa y también hay casos de éstos, donde no existe ni la figura del notario", advierte.
alimentos para todos El drama de los desahucios ha coincidido también como reflejo de esta crisis con los crecientes problemas que muchas familias del territorio tienen para comer todos los días. El cambio normativo que eliminó el requisito del padrón para acceder al comedor social de Desamparados no ha evitado que el uso de este recurso social aún sea una misión imposible para un nutrido grupo de familias residentes en el territorio.
Así lo denuncia Fidel Molina, responsable de Berakah, un programa solidario impulsado por las cuatro parroquias que componen la Unidad Pastoral de Casco Viejo y que lleva las riendas de un comedor social que reparte alimentos entre las personas más necesitadas de las ciudad, aquéllas que por uno u otro motivo no tienen acceso a Desamparados. "Todo el mundo tiene derecho a un plato de comida, pero hay gente a la que se le niega porque hay trabajadores dentro de los servicios sociales que incumplen ese decreto que eliminó el requisito del padrón. Ahora sólo se exige no tener recursos", denuncia.
Otra de las bolsas de pobreza que han surgido en los últimos tiempos en la ciudad derivadas de esa situación la representan las familias que solicitan la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), porque cuando su expediente pasa de manos del Ayuntamiento de Gasteiz a las del Gobierno Vasco el primero se desentiende de ellas. El problema es que la tramitación y -mucho más- el cobro de la RGI puede llegar a retrasarse varios meses, y durante ese tiempo las familias se ven incapaces de subsistir. "También hay casos de personas que, aunque tengan unos pequeños ingresos, tienen hijos a su cargo y deben afrontar un alquiler de, por ejemplo, 600 euros y no son capaces de afrontar todos los gastos", ejemplifica Molina.
Entre los objetivos de Berakah de cara al nuevo curso se encuentran "generar recursos para que toda esta gente no caiga en la miseria", que el Ayuntamiento cumpla el decreto que ha eliminado el requisito del padrón para acceder al comedor y atender a todas las personas que acudan en su ayuda. Personas que, según recuerda Molina son cada vez más oriundas de Gasteiz. "Todos tenemos que tener conciencia de que la alimentación es un derecho. Igual tenemos que dejar de hacer otras cosas en la ciudad, pero las instituciones están en otra parte", denuncia.
largas esperas Los colapsos para acceder a las RGI por la acumulación de expedientes derivados a Lanbide tras la asunción de esta competencia y el reciente cierre del grifo de las AES -subsanado ya en Gasteiz, no sin bronca política- inquietan también sobremanera a las organizaciones del ámbito social. Tania Siriany, que colabora con distintos colectivos de este campo y con el sindicato ESK -pertenece a la plataforma de afectados por la RGI, que ahora se encuentra en vías de desapareción-, es una de estas voces preocupadas. "Estamos hablando de gente viuda, mayor, desahuciada, con familias bajo su responsabilidad... nos enfrentamos a vulnerabilidades múltiples", relata. Y a pesar de que, "aparentemente, Lanbide va a ahora más fluido", Siriany advierte de que las demoras que los potenciales receptores de ayudas deben afrontar "siguen siendo muy largas". Uno de los retos que Siriany se pone por delante es el de acabar con la "vergüenza" que, a su juicio, azota a muchas personas autóctonas con el tema de la pobreza, que debido a la "educación" recibida por ellas "se ve ligada con la desintegración social". Éste ha sido, según cree, uno de los motivos por los que la plataforma de afectados por la RGI prácticamente ha dejado de existir. "No tenía mucho apoyo porque sólo se movía la gente extranjera... pero no cejaremos en nuestro empeño".
Hablando de extranjeros, Rosabel Argote, portavoz de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), se marca como retos seguir luchando por lograr "una sociedad culturalmente diversa y acabar con esos bulos sobre la inmigración", afirmaciones recurrentes como "que los inmigrantes abusan de las ayudas, vienen a delinquir y nos quitan el trabajo". Argote pone el foco de su denuncia precisamente en el colectivo inmigrante, también afectado de forma muy directa por la situación económica. En este caso, porque se le ha señalado, desde muchos foros como uno de los responsables de ella. "De la crisis no tienen la culpa estas personas", zanja.
