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euskadi afronta el nuevo curso político -inaugurado oficialmente el pasado viernes con el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Iñigo Urkullu- con múltiples frentes abiertos. Desde cómo afrontar los efectos más devastadores de la crisis y el paro hasta el conflicto desatado por el fin de los convenios en las empresas, pasando por el esperado pacto fiscal, la elaboración y aprobación de los Presupuestos y el futuro estatus político, el otoño se prevé, valga el tópico, especialmente caliente.

Pero uno de los grandes retos que instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales abordarán con la máxima urgencia será el proceso de consolidación de la paz mediante la desaparición o desarme de ETA y el reto de afrontar la convivencia desde la memoria, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento y reparación hacia las víctimas de la violencia. Y, sobre todo, hacerlo desde una visión compartida y con el máximo consenso posible.

Una misión que, a priori, se antoja muy complicada, en un escenario tan endiablado que asemeja a una vertiginosa montaña rusa con innumerables momentos álgidos que obligan a que el mecanismo cuente con buenos anclajes a riesgo de que, de lo contrario, pueda descarrilar en cualquiera de sus trepidantes giros.

En este contexto, son dos los ámbitos de gestión en esta materia, aunque ambos se entrecruzan e interfieren de manera constante y, con toda probabilidad, decisiva: el trabajo político-institucional y las decisiones que ETA y la izquierda abertzale vayan a adoptar para poner fin definitivo al ciclo de violencia en Euskadi.

A la espera de eta

De manera sucinta, podría decirse que nos encontramos ante una situación de parálisis casi total que lleva al bloqueo y, lo que es peor, el escenario más inmediato no es el más propicio para ahondar en la pacificación y la convivencia, aunque todo podría cambiar de forma radical si se produce una decisión por parte de ETA. Es más, instituciones, partidos y organizaciones están a la espera de un posible pronunciamiento de la organización armada, presionada a todos los niveles. Una presión que va desde un sector de la propia izquierda abertzale que, dada la situación, le pide que dé pasos unilaterales hasta la Comisión de Verificación Internacional que en marzo dio un ultimatum a ETA para que proceda a iniciar al menos su desarme o de lo contrario finalizará su labor. Ultimátum de seis meses que, precisamente, se cumple este mes de septiembre, lo que a priori añade mayores dosis de expectativa a los próximos acontecimientos. Asimismo, el Gobierno español ha dicho por activa y por pasiva, y lo ha acompañado con hechos, que no dará un solo paso ni siquiera en política penitenciaria hasta que ETA mueva ficha en forma de anuncio de su disolución definitiva.

La izquierda abertzale, por su parte, consciente de que no habrá bilateralidad por parte del Gobierno español y que, en consecuencia, hay que buscar otra vía posible para el desarme, ha añadido también presión en forma de alimentar las expectativas. En esa línea van las últimas declaraciones de algunos de sus líderes más significados como Pernando Barrena, que aseguró a primeros de agosto que "en las próximas semanas" se conocería la "reflexión" de ETA sobre los pasos que está dispuesta a dar. Según Barrena, el desarme y la política penitenciaria serán "las dos grandes piedras de toque" del nuevo curso.

Liturgia de la izquierda abertzale

¿Cuándo habrá noticias al respecto? Nadie se atreve a hacer una predicción, pero hay algunos elementos que apuntan, en efecto, a esas "próximas semanas" que ahora se acercan, en las que, además, la izquierda abertzale y sus aliados tiene marcados en rojo en el calendario varios hitos a los que ETA podría acogerse como percha adecuada para una declaración como la esperada. "Entre septiembre y octubre van a alimentar actos de liturgia hacia el cambio", asegura un analista buen conocedor de las estrategias de ese mundo.

El aniversario del Acuerdo de Gernika, la polémica Conferencia de Alcaldes por la Paz organizada por el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, la segunda conmemoración de la Conferencia de Aiete y de la declaración de fin de la violencia de ETA (20 de octubre) aparecen como buenas oportunidades para un pronunciamiento significativo de la organización armada.

A este respecto, y aunque en un principio se especuló con que la Conferencia de Alcaldes en Donostia pudiera servir de escenario o dar cobertura a un pronunciamiento de ETA, distintas fuentes desmienten casi con rotundidad que vaya a ser así. En cualquier caso, el alcalde Juan Karlos Izagirre está intentando socializar la jornada en busca de apoyos y presencia significativa. De hecho, ha mantenido recientes reuniones con los ayuntamientos de Bilbao y Gasteiz, entre otros, y con los partidos políticos. Desde las principales instancias municipales le han transmitido, sin embargo, su escepticismo sobre el papel que las entidades locales pueden aportar al menos en este tipo de actos, que algunos consideran meramente propagandístico.

En cuanto al otro gran factor, que es dónde o ante quién podría ETA efectuar un gesto de desarme y tras las apelaciones del PNV a buscar una salida vasca, la opción que, según diversas fuentes, parece más viable dadas las circunstancias sería una especie de comité combinado entre sendas representaciones del ámbito internacional, de alguna institución vasca y de miembros de la sociedad vasca. Sin embargo, "hay un sector de la izquierda aber-tzale que tiene pavor" a ese escenario en el que no intervenga de forma directa el Estado.

Macrojuicios y sentencia Parot

Para enredar aún más la maraña de efemérides y fechas [ver Cronograma], por esos días arrancarán dos macrojuicios que marcarán sin duda un largo calendario de movilizaciones en el entorno del MLNV que se alargará durante varios meses: el proceso contra una cuarentena de jóvenes acusados de pertenencia a Segi (14 de octubre) y el del denominado caso de las herriko tabernas, en el que se sentarán en el banquillo 40 exdirigentes independentistas (17 de octubre). Aunque entre estos procesados no estará Arnaldo Otegi por decisión última de la Audiencia Nacional, se da la circunstancia de que el exlíder de Batasuna cumplirá por entonces, el 16 de octubre, cuatro años desde que ingresara en prisión.

Asimismo, se conocerá, por fin, la sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Estrasburgo sobre la denominada doctrina Parot que puede hacer variar de forma radical parte de la política penitenciaria española pese a los intentos del Gobierno español de hacer "ingeniería legal" para impedirlo.

Futuro incierto de la ponencia

Sin embargo, a la espera de que haya decisiones en estos asuntos por parte, en cada caso, de ETA y del Gobierno español, las instituciones y los partidos no quieren quedarse de brazos cruzados. En este ámbito político-institucional, el nuevo curso también se espera movido. La Ponencia de Paz del Parlamento Vasco, integrada de inicio por PNV, EH Bildu y PSE, se encuentra en punto muerto y con un futuro más que complicado. Los socialistas han amagado con abandonarla, siguiendo la estela de PP y UPyD debido -argumentan- al paso atrás de la izquierda abertzale, incapaz de asumir el "suelo ético" pactado en la Cámara. La previsión es de un posible "bloqueo", dada la postura "enquistada" de Bildu, según fuentes del PSE, que no está dispuesto a cambiar de postura y que también demanda al PNV una mayor exigencia hacia la izquierda radical. Los nacionalistas, por su parte, asumen la dificultad de la situación. "No hay razones para el optimismo", reconocen, aunque insisten en que el acuerdo tiene que ser a cuatro. "Mientras Bildu no acepte el 'suelo ético' está claro que no se puede acordar nada, pero sí se puede hablar", insisten, aunque sin éxito. Ausentes de arranque el PP y UPyD, si los socialistas abandonan la Ponencia, este instrumento quedaría en un limbo institucional. De ahí la apelación directa del lehendakari Urkullu el pasado viernes a la asunción por parte de todos de un "suelo ético", en un gesto que se interpreta como un guiño al PSE y una advertencia clara a la actitud inmovilista de EH Bildu.

El polémico plan de paz

El otro gran instrumento que se encuentra encima de la mesa institucional es el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, elaborado por Jonan Fernández y que ahora inicia su recorrido con una acogida desigual entre los partidos, que va desde el lógico apoyo incondicional del PNV al rechazo absoluto de UPyD y PP, pasando por la dura crítica del PSE, que, sin embargo, no descarta la posibilidad de lograr un cierto consenso. Hasta el próximo día 20 de septiembre, el Plan está en fase de recibir las aportaciones de partidos y organizaciones sociales. Así, pese a su rechazo, el PP ha anunciado que ofrecerá sus propuestas, al igual que EH Bildu, cuya postura parece más proclive al texto, aunque con matizaciones.

Así las cosas, el consenso de inicio parace imposible. Desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se insiste en que el Plan es una iniciativa de Gobierno y que, por tanto, se aprobará sí o sí en noviembre, una vez recogidas la mayor parte posible de las aportaciones realizadas por los partidos. "Hay voluntad de incorporar las propuestas concretas que se hagan y que mejoren el Plan y de hecho, tras el 20 de septiembre, las siguientes semanas el texto se va a recomponer y rehacer. Pero el acuerdo es el objetivo final, no la línea de salida", advierten desde Ajuria Enea. En esta tesitura, la opción más probable es que se busquen unos mínimos para que el Plan eche a andar evitando un escenario de oposición frontal y que cada tradición política encuentre un reflejo de sus posiciones aunque no lo asuma en su totalidad.

Hay que tener en cuenta que de la activación del Plan surgen una batería de iniciativas casi inmediatas que van desde su socialización local e internacional hasta la puesta en marcha de programas para el resarcimiento a las víctimas, pasando por la creación del Instituto de Memoria y Convivencia, el proyecto Hi-tzeman de reinserción de presos o la firma de acuerdos con asociaciones, instituciones y otros como el de EITB.

En definitiva, el escenario global es de una sensación de parálisis en el momento que más necesarios son los movimientos. Ni Gobierno español ni ETA parecen querer dar pasos. Mientras, los partidos vascos -a los que el Plan de Paz propone llegar a "microacuerdos" básicos- se encuentran más enredados en la "micropolítica".