Vitoria. El colectivo de personas con discapacidad física de Gasteiz tiene desde ayer un nuevo motivo para la alegría. No en vano, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha exigido a las instituciones vascas y a la compañía pública Euskal Tranbideak que realicen las obras necesarias para readaptar las paradas del tranvía de Gasteiz a las personas con discapacidad funcional. La asociación Eginaren Eginez hizo pública ayer esta resolución tan esperada a lo largo de los últimos años, al tiempo que exigió la "depuración de responsabilidades técnicas y políticas". El motivo no es otro que el fallo conllevará un importante gasto para las arcas públicas. Tras conocer esta sentencia, el Gobierno Vasco aseguró que acata la resolución y que ya está tratando de mejorar las instalaciones. "Estamos trabajando con personas afectadas por diferentes discapacidades para mejorar todas nuestras instalaciones día a día", aseguró Almudena Ruiz de Angulo, directora de infraestructuras del Gobierno Vasco.

El tranvía es uno de los medios de transporte más accesibles de la capital alavesa para la población de movilidad reducida. No obstante, sus paradas y apeaderos se diseñaron sin tener en cuenta los criterios establecidos en el Decreto de la Promoción de la Accesibilidad. Las mayores deficiencias se concentran en los pasos de las marquesinas, que son estrechos e inaccesibles para las personas con movilidad reducida.

Eginaren Eginez ya comunicó las deficiencias de la infraestructura a Euskal Trenbide Sarea cuando se procedió a construir el tranvía, hace ya cinco años. Ante la negativa de los responsables de la empresa pública de modificar los apeaderos, Eginez llegó a solicitar formalmente a la Diputación alavesa y al Ayuntamiento de Gasteiz la paralización de las obras. El Pleno del Consejo Municipal de Accesibilidad de Gasteiz también avaló la paralización de los trabajos, pero más tarde, el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento creyeron oportuno seguir ellos. Ante esta negativa, Eginaren Eginez decidió acudir a los tribunales. "Cinco años después, podemos decir que todo el esfuerzo y el tiempo invertidos han merecido la pena", afirmaron desde la asociación. Con la Administración obligada a realizar obras y modificaciones para la adaptación de los apeaderos, Eginez avanzó que va a solicitar "la ejecución inmediata de la sentencia".

La asociación de personas discapacitadas dice haber actuado pensando en el interés general, el bien común y la defensa de sus derechos. tanto los de las personas con diversidad funcional como los del resto de la ciudadanía. Eginez denunció también las actitudes y el comportamiento que han mantenido las administraciones durante este tiempo. No en vano, este contencioso podría haberse resuelto "sin complicaciones y con un mínimo de gasto de dinero público", pero ahora supondrá un mayor desembolso económico para todos los contribuyentes. "Todo debido al orgullo de algunos técnicos y políticos que no quisieron reconocer su error e hicieron caso omiso a nuestras pruebas y argumentaciones", censuró.

Sin presiones Eginez advirtió de que, tal y como se ha demostrado en este caso, nunca renunciará a sus fines y objetivos, la igualdad y el respeto de los derechos de las personas con diversidad funcional, y que jamás renunciará a su independencia y su ideario, a pesar de las "presiones" que ha recibido. "Esperamos que lo ocurrido y sus graves consecuencias sirvan para que ésta sea la última ocasión en la que se incumple la Ley de Accesibilidad y que la Administración vasca vele por el cumplimiento de la normativa que tanto costó seguir". Eginez reclamó también "una reflexión a quienes gestionan y dirigen actualmente las instituciones", porque "hablan mucho del control del dinero público que reciben las organizaciones del tercer sector, pero no de cuando la propia administración, sus técnicos y sus empresas públicas adoptan decisiones irresponsables".